Hay que reconocer a Junts y al PSOE el mérito innegable de haber ocultado el texto definitivo de la amnistía hasta el último minuto. Con respecto a los convergentes, es normal que quisieran huir de un pacto que renuncia al referéndum de autodeterminación y se inscribe en el marco del constitucionalismo español. Pero quien ha sido más hábil en el silencio administrativo es el PSOE, que quería tener garantizada la investidura y, por lo tanto, gestionar desde el gobierno una guerra abierta de Pedro Sánchez con la judicatura, que ya no podrá mantenerse más de un minuto en el armario. Esta batalla no es nueva —de hecho, se remonta incluso a antes de los indultos, con los primeros contactos entre el PSOE y Esquerra en Lledoners—, y resulta absolutamente lógica desde el momento en que la derecha entregó la gestión política del procés a los jueces, y ahora el líder absoluto del PSOE les enmienda totalmente la letra en nombre de la concordia en Catalunya.
Durante la presentación pública de la amnistía, el ministro Félix Bolaños (eterno pararrayos de Sánchez, hasta que se busque otro) no paró de emular a José Luis Rodríguez Zapatero cuando se vanagloriaba de haber aprobado un "Estatuto constitucional" para los catalanes. Aquí el problema va más allá de si los jueces politizados del TC aprueban la ley o no (Sánchez ya ha colocado suficientes amiguitos ahí), porque lo importante del caso será que cualquier órgano judicial, empezando por el Supremo, podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad cuando deba aplicar la amnistía a cada uno de los procesos en marcha. Como dijo la ministra —y eminente magistrada— Margarita Robles (cuando el PSOE afirmaba que no aprobaría una amnistía ni de coña), el propio indulto general del 77 ya manifestó que la aplicación de la legalidad siempre debe tener la aquiescencia de un juez como último valedor.
Sánchez está forzando al máximo el hecho de incrementar el poder del Ejecutivo sobre los magistrados porque cree que así se les verán mucho más las costuras
La cosa tiene cierta gracia, porque Sánchez tiene unos cuantos ministros que son jueces y todos están calladitos como putas, demostrando que eso de ser magistrado tiene cierta gracia, pero que el púlpito político mola más. En el fondo, Sánchez ha tirado por la calle de en medio en su lucha abierta contra los jueces, porque cree que podrá dominar este tiempo muerto entre su investidura y la afrenta judicial. Opina así por varios motivos; primero, porque algunos magistrados ya hace tiempo que emiten comunicados de naturaleza política que sobrepasan con creces sus funciones, y después, también, porque sabe que los representantes de las togas más carcas se desgastarán solos si su espejo político de representación son manifestaciones de tufo altamente franquista. Para decirlo lisa y llanamente, Sánchez está forzando al máximo el hecho de incrementar el poder del Ejecutivo sobre los magistrados porque cree que así se les verán mucho más las costuras.
Dicho en el idioma procesista, el presidente español se está haciendo dueño y señor de lo que los cursis solían llamar "el mientras tanto". Si el debate de la amnistía dura unos años, la tensión en la calle continúa y los jueces cada vez muestran con más gallardía su voluntad de hacer política, Sánchez se asegurará que sus socios (y más en concreto, los independentistas) le acaben votando cualquier ley bajo la amenaza de una derecha cada vez más trumpista. La apuesta de Sánchez es arriesgada, porque del mismo modo que la tensión institucional puede abrir en canal a la judicatura, el mismo proceso puede acabar con el Ejecutivo. Aparte de controlar a las momias y a los barones de su partido, el presidente tendrá que explicar cómo ha pasado de celebrar que Puigdemont perdiera la inmunidad a permitir que el Molt Honorable se pasee por Catalunya, quien sabe si con ganas de presentarse de nuevo a elecciones.
Las mentiras de los partidos procesistas son importantes de cara a evaluar la amnistía y todo lo que nos ha pasado después del 1-O, pero el cinismo de los políticos españoles también tiene que guiparse como un factor de desestabilización que —dentro de mucho tiempo— puede acabar ayudando al independentismo. Pedro Sánchez cree que podrá sobrevivir a las costuras en tensión porque, digan lo que digan algunos estados miembros, la amnistía tiene el apoyo de Europa. Pero esta es la jugada política más bestia de su vida (siempre ha sobrevivido, todo hay que decirlo). Feijóo es un hombre al que le queda muy poco recurrido, porque pedir moderación ante un público medio facha no es algo que tampoco entusiasme demasiado a los votantes. Y con todo, en este mientras tanto de incierta duración, en Catalunya seguimos buscando algo parecido a un líder político medio decente y, si puede ser, que no nos tome el pelo.
Pero recordad la clave del asunto: al final, quien aplicará la amnistía serán los jueces. Y no los veo con muchas ganas de reconciliarse con los independentistas.