Los impuestos son necesarios para redistribuir la riqueza y mantener el estado del bienestar, pero como ha quedado patente últimamente, también son necesarios para pagar las putas de los reyes, los crímenes de las cloacas del Estado, la persecución de los adversarios políticos, la corrupción de los partidos y las indemnizaciones a Florentino Pérez. Estos escándalos no son precisamente un incentivo a la recaudación tributaria, pero la gente corriente paga religiosamente —nunca mejor dicho— porque tiene asumido que contribuir es necesario, pero también porque quienes cobran una nómina o son autónomos, a diferencia de los que son ricos de verdad, no pueden esconder lo que ganan y tampoco les saldría a cuenta, porque a ellos sí que les vigilan y les pillan seguro. Así que no hay debate a favor o en contra de los impuestos, sino sobre si lo que se paga es correcto o excesivo y, sobre todo, si la administración realiza una gestión correcta de los recursos.

Desde este punto de vista, es perfectamente comprensible que el presidente andaluz aplique la política fiscal que considere más conveniente a los andaluces y a quienes quieran serlo, aunque vengan de Catalunya. A fin de cuentas, lo que no paguen de patrimonio lo acabarán pagando por cualquier otra vía, de ahí el interés del presidente andaluz. Lo que es absolutamente incomprensible es que, desde Catalunya, incluso desde posiciones independentistas, se reclamen ahora medidas centralizadoras como lo de la armonización y lo defienda en cuerpo y alma la vicepresidenta Yolanda Díaz tan amiga y soberanista ella. Incluso el presidente Aragonés se ha declarado partidario de establecer unas “bases comunes” en todas las comunidades autónomas, cuando éste fue siempre el argumento de Juan Carlos Rodríguez Ibarra contra el planteamiento catalán de distribuir los recursos en función de esfuerzo fiscal de cada comunidad.

En el fondo, la iniciativa del presidente andaluz es más una boutade electoralista a favor de sus correligionarios catalanes, para poner de nuevo sobre la mesa el hecho de que gobiernos de izquierdas e independentistas han hecho de Catalunya la comunidad con la presión fiscal más alta. Ciertamente, Catalunya, en su relación con el Estado, sufre un déficit fiscal abusivo —si no son 20.000 millones, serán 16.000— y el sistema de financiación autonómica también penaliza a Catalunya (como a las Baleares y al País Valencià), pero también es verdad que diferentes gobiernos de distinto signo han intentado paliar esta falta de recursos aumentando impuestos propios y cedidos, el tramo autonómico del IRPF, el impuesto de sucesiones, el de patrimonio, el céntimo sanitario antes de que Europa se lo cargara. Y claro, compensar el déficit fiscal subiendo los impuestos propios y cedidos pone a los catalanes en situación de cornudos y apaleados. Decía el economista progre de referencia Thomas Piketty que Catalunya quería la independencia para convertirse en paraíso fiscal. Cuando vino a Barcelona y observó a quienes votaban los catalanes se dio cuenta de lo mal informado que estaba, al menos de momento.

Compensar el déficit fiscal subiendo los impuestos propios y cedidos pone a los catalanes en situación de cornudos y apaleados

Hay que decir que las subidas de impuestos en Catalunya han sido impuestas, valga la redundancia, por el grupo parlamentario de los Comuns como condición sine qua non para aprobar presupuestos. Y lo han hecho siempre cantando victoria de su influencia progresista. Incluso celebraron el aumento del impuesto de sucesiones en plena pandemia, cuando los féretros hacían cola en los crematorios. Pero resulta que desde su presunto progresismo se llenan la boca de subir los impuestos “a los ricos” y con sus competencias y coraje solo llegan a penalizar a los asalariados, que no tienen escapatoria, y tratan a los empleados que cobran 90.000 euros brutos al año como si fueran estrangulapobres. Quienes cobran un millón de euros al año ya lo tienen organizado ...de acuerdo con las leyes ...de la ingeniería fiscal. Y el progresismo papanatas penaliza las herencias de quienes tienen una vivienda y una segunda residencia, sin llegar a molestar a las grandes sociedades patrimoniales que gestionan edificios y rascacielos. Y lo peor de todo es que suben estos impuestos, pero después no se nota ninguna ventaja. Sí, efectivamente Catalunya sufre el déficit fiscal que sufre, sin embargo, sabe mal tener que decirlo, los presupuestos catalanes que se aprueban con el apoyo de los Comuns, tan de izquierdas que son, son los más bajos en sanidad de todas las comunidades españolas salvo... ¡Madrid! Y el gasto por cápita en Educación es el más bajo después de Canarias, Baleares y Madrid!!!

Comentaba un alto dirigente de Junts per Catalunya que una de las incomodidades que sufren al compartir gobierno con ERC es que no pueden defender sus posiciones, por ejemplo en el caso del impuesto de sucesiones, partidarios como son de suprimirlo. Éste es otro daño colateral del procés que los independentistas deberían tener en cuenta: el riesgo de que ideas compartidas por buena parte de la sociedad catalana solo las defienda ...el PP!!!

De todas formas, suele ocurrir que las subidas y bajadas de impuestos no van mucho más allá del anuncio político-electoralista. Una vez colocado el titular, después la gente se olvida y la letra pequeña lo desvirtúa todo. Tras Moreno Bonilla se ha apresurado Pedro Sánchez a anunciar un nuevo impuesto a las grandes fortunas para situar el combate electoral en una increíble lucha de clases, de pobres contra ricos. Y resulta que el impuesto de Patrimonio lo suprimió Zapatero y lo resucitó Rajoy. De hecho M. Rajoy subió prácticamente todos los impuestos y creó nuevos. De igual modo, las izquierdas abanderan medidas fiscales para que los ricos paguen más y lo acaba pagando la clase media. Un informe de la Fundación La Caixa señala que en lo que llevamos de siglo, las desigualdades en España se han disparado y subraya como factores principales la “limitada capacidad redistributiva de los impuestos” y el hecho de que “el grupo de población con rentas medias va reduciéndose hasta el punto de que su peso es hoy inferior al de hace 30 años”.

Y, por cierto, que nadie se escandalice con Moreno Bonilla. El gran Jean-Claude Juncker cuando era primer ministro de Luxemburgo hizo todo lo que pudo y más para que las multinacionales americanas y no americanas instalaran su sede en el Gran Ducado para evadir legalmente los impuestos. Una actitud tan egoísta desde el punto de vista europeo, pero tan empática con los lobbies de los poderosos, que Juncker fue promocionado a presidente de la Comisión Europea y galardonado por todas partes, y muy especialmente por el Reino de España. Y detrás de Juncker se espabilaron los irlandeses y los neerlandeses por atraer capital haciendo la competencia, leal o desleal según se considere, al resto de hermanos de la Unión Europea. Fue todo tan escandaloso que tuvieron que buscar a una persona honesta, pero sobre todo valiente, la danesa Margrethe Vestager, para que al menos Apple y Google paguen una parte de lo que no pagaban.