La retransmisión en directo del juicio, según el Tribunal Supremo, nos permite tener un conocimiento exacto de lo que ocurre en la gran sala rococó. Es el gran poder de las imágenes documentales instantáneas. Y aún más poderosas si son imágenes en movimiento. Por eso dicen que no se necesitan observadores internacionales, que con la televisión ya es suficiente. Pero este criterio supremo, tan supremo como el turrón, se contradice con la decisión suprema del juez Marchena, el padre de la nena. Es la decisión suprema de no exhibir los vídeos cuando lo exige la lógica. Si se exhibieran los videos en este momento del proceso nos ahorraríamos mucho tiempo y dinero del contribuyente. No habría que discutir si tal hecho o cual se produjo. Porque tenemos un vídeo. O dos. O doscientos. Pero la decisión suprema del juez presidente es como una suprema de pescado, cortada sin espinas para la policía. La decisión suprema del juez presidente es una decisión que sólo se puede explicar desde la perspectiva de la protección a ultranza de la versión de la policía. La versión que ha originado la acusación y la versión que fundamentará la condena ejemplar de los presos políticos. De hecho, se está televisando la manera, la prestidigitación, con la que están borrando, a efectos judiciales, infinidad de vídeos que prueban la violencia gratuita de la policía y de la guardia civil. Punitiva. Y el pacifismo granítico de los votantes del Primero de octubre. Para que parezca que las fuerzas del orden no provocaron el desorden. Y porque no pueden volver a condenar por torturas a los que tienen la mano muy larga.

“Parece que estamos en un juicio contra la actuación policial”, dice Consuelo Madrigal. El uso de la preposición contra es fascinante: certifica, con la voz de quien fue Fiscal General del Estado, que efectivamente hay justicia a la contra

En este sentido, tiene toda la razón la señora lacada, la fiscal Consuelo Madrigal. La fiscal que se ha manifestado contraria en varias ocasiones, contra la ley de aborto, por ejemplo. Contra el independentismo, contra Artur Mas, contra la capa de ozono. Como advirtió ayer a la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, “parece que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales”. Cuando tiene razón la fiscalía hay que dársela. Este es un juicio contra los presos políticos independentistas y no contra la policía. La preposición es fascinante porque certifica, con la voz de quien fue fiscal general del Estado, que hay efectivamente justicia a la contra. Y que la actuación violenta y represiva, incompatible con la actuación propia de una policía democrática, se produjo para proteger el bien supremo, las órdenes judiciales. No importa que las orden judiciales, en realidad, también advirtieran que había que “preservar la convivencia y no causar un daño mayor del que se pretende evitar”. Esto le da completamente igual a la fiscal lacada. Lo único importante era terminar, como fuera, con el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, pero no un referéndum delictivo. La forma en que se haga da igual. Es la opinión que comparte también Donald Trump cuando aconseja bombardear con grandes paquetes de agua el devastador incendio de Notre-Dame. Hay que ser expeditivo en la vida y hay que encontrar soluciones sencillas cuando tu capacidad para la lógica es así, muy sencilla, simple, rudimentaria. Tanto da que si tiramos grandes cantidades de agua sobre la estructura de la primera catedral de Francia podamos acabar derribando los muros del edificio. Hay personas que saben muchas leyes, que tienen una gran capacidad memorística pero que aún tienen, afortunadamente, mucho que aprender. Efectivamente. En este juicio estamos juzgando muchas otras cosas, no sólo a los presos políticos. También la actuación de la policía y qué clase de juristas tiene España en las instancias más supremas, más lacadas.