Con la Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població de 2023 en las manos, todo apunta a que, siendo generosos, de aquí a dos décadas el catalán será una lengua relegada a unos reductos territoriales concretos. En las Terres de l’Ebre, el área donde más porcentaje de población tiene el catalán como lengua habitual, es del 66,8%. O lo era hace un par de años. Este es el dato más optimista, y no deja mucho espacio al optimismo. En la AMB, el catalán es lengua habitual del 24,7% de la población. Los datos confirman aquello que muchos ya sabemos por intuición o porque nuestro día a día como catalanohablantes lo confirma: en muchos lugares del país, sobre todo en la capital y su periferia, el catalán ya es una anécdota. En muchos lugares que hasta hoy se habían considerado bastiones de la lengua, el catalán pronto será una anécdota. 

La preocupación por estos datos, que son nuevos, pero que no son ninguna sorpresa, se articula políticamente desde todos y cada uno de los actores del eje ideológico. Y la articulación en cuestión tiene un punto común: quitarse las pulgas de encima y señalar un culpable que permita explicar de manera sencilla por qué hemos llegado hasta aquí. Los partidos desacomplejadamente españolistas —aunque aquí también podría incluir al PSC, de momento nos referiremos a PP y Vox— señalan al independentismo y a lo que ellos llaman “la politización de la lengua” como causa de la situación que sufre el catalán. De hecho, la catalanofobia que los lleva a culpabilizar a quien en realidad es víctima es la misma que les hace obviar que su posición política y lingüística tiene un ejército, y un poder político, económico, cultural y judicial a favor suyo y en nuestra contra. Son los de siempre y sus técnicas discursivas son lo bastante viejas, conocidas y amoldadas al modelo clásico de minorización como para verlas venir. 

En el PSC han optado por la folclorización de la lengua sin ninguna voluntad de tomar medidas efectivas. Han optado por la cosmética y el cartón piedra para protegerse de todo aquello que les pueda hacer parecer cómplices directos del exterminio. Lo han hecho adhiriéndose a un Pla Nacional per la Llengua que consiste en dedicarle un 0,08% del presupuesto público y montando chiringuitos para compensar los favores recibidos por parte de Radio Primavera Sound. A la hora de la verdad, la Catalunya de los diez millones que los socialistas promueven activamente y el marco ideológico que favorecen desde las instituciones hace imposible alcanzar las actitudes individuales y colectivas necesarias para revertir la situación lingüística. La intención es la de presentarse como catalanistas moderados para marcar distancias con PP y Vox después de haberse manifestado conjuntamente contra los catalanes. La realidad, sin embargo, es que los socialistas no han tomado ninguna medida efectiva para que saber catalán y comunicarse con él sea un deber de quienes trabajan en la administración pública y de cara al público —en la administración o en la privada—, ni ninguna medida que garantice que la inmersión lingüística se aplica en todo el país. La folclorización lingüística implica que emplear la lengua catalana sea tan inútil para hacer vida normal que parezca una situación lógica circunscribirla a los cantos y las danzas regionales. 

Las medidas que son necesarias son medidas que podrían haber tomado los gobiernos de Junts y ERC que han estado al frente de la Generalitat en los últimos diez años y que por cobardía, por dejadez, por interés electoral o por ingenuidad, eligieron no tomar. Por el contrario, durante el procés normalizaron una visión cándida de la liberación nacional basada en unos derechos civiles universales y desarraigados que, además, normalizaba y premiaba ser independentista y castellanohablante, sin ninguna reflexión lingüística y nacionalista que le diera forma. Al final del procés vino el retroceso; un retroceso político premeditado que a los partidos en cuestión les quitó cualquier tipo de credibilidad para hablar del país de hoy. Para hablar de él no solo en términos lingüísticos, sino también en términos del modelo económico que favorece la Catalunya de los diez millones de los socialistas, y que juntaires y republicanos contribuyeron a levantar y alimentar.

Sobre ERC, los Comuns y la CUP planea un monstruo: el de la asociación de la catalanidad con la xenofobia

Sobre ERC, los Comuns y la CUP planea un monstruo: el de la asociación de la catalanidad con la xenofobia. El españolismo de izquierdas hurga en los miedos y los complejos de los catalanes y le basta con hacerlo con dos palabras: burguesía catalana. Una burguesía que hoy ni existe, ni es catalana, pero que sirve de argumento para estirar como un chicle y llegar a conclusiones como que hablar en catalán a quien a nuestros ojos parece inmigrante es racista, o que a la catalanidad le hacen falta identidades intermedias como el charneguismo para poder reivindicarse con orgullo. Cada uno desde su lugar —los Comuns sin circunloquios, ERC con la Catalunya entera, la CUP con la retórica poética que aplaude Eduard Sola— trabaja para disfrazar de lucha antirracista lo que en realidad es sumisión lingüística, elogio de la diglosia y romantización de la sustitución lingüística y cultural que sufrimos los catalanes. 

Al otro lado del abanico ideológico, todo se soluciona expulsando a los moros y pariendo a más hijos. Es curioso, en realidad, porque poner el foco sobre los inmigrantes y sobre la cultura woke en lo que respecta a la baja natalidad, exculpa y redime a los españoles. Dimitir de proponer medidas de integración a la catalanidad a través de la lengua es dimitir de catalanizar una inmigración que, aparte de no desaparecer de un día para otro, se hará española por falta de incentivos. Pero en Aliança saben que deben mantener el discurso nacional blando y folclórico para poder continuar inflándose electoralmente de un odio al moro que también interpela al votante no independentista. Para poder continuar, pues, tratando al español y al inmigrante en dos niveles diferenciados de extranjeridad. En la práctica, su obsesión xenófoba también blanquea la castellanización del país. 

Estamos a las puertas del punto de no retorno: a las puertas de ver cómo lo que hasta ahora hemos llamado país, lo que en nuestra cabeza es una nación, se convierte en unas reservas indígenas dispersas por un territorio administrativamente, pero ahora también culturalmente, español. Desde cualquier lugar del eje ideológico, los aparatos políticos han buscado la manera de desentenderse del conflicto lingüístico que día tras día afrontamos con el cuerpo quienes nos negamos a renunciar a la lengua que hablamos. Quienes nos negamos a renunciar a lo que somos, vamos. La política no solo ha dejado a los catalanoparlantes a la intemperie, sino que también les ha impedido ofrecer ningún tipo de resistencia intelectual o actitudinal a una discriminación que o bien piensan que merecen por indefensión aprendida, o bien creen que basta con la solución mágica de un Estado para revertirla, o bien deciden que ha comenzado desde que por la calle se encuentran con más musulmanes de los que querrían encontrarse. El método ideológico que cada partido emplea para quitarse de encima el conflicto lingüístico —y sacar tajada electoralmente— es un escollo más en la reversión de la coyuntura.