Tenemos dos hechos objetivamente claros: que el Estado es hostil hacia Catalunya y que los catalanes no encuentran la manera de contrarrestar ninguna de las ofensivas políticas, judiciales, económicas y culturales que el Estado lleva a cabo para neutralizar la voluntad de ser de los catalanes.
Los organismos que velan para mantener el statu quo político español de siempre, desde el ministerio de Defensa, incluido el CNI, hasta el ministerio del Interior, trabajan prioritariamente para disuadir las ansias soberanistas de una parte de la sociedad catalana con tácticas represivas. Y no se esconden. El poder judicial actúa con criterios coloniales para ahogar las expresiones políticas soberanistas y alterar el funcionamiento cultural y lingüístico del país. Y la Administración general del Estado gestiona los recursos discriminadamente para impedir que el progreso económico de Catalunya se convierta en un incentivo para la emancipación nacional.
La Administración general del Estado gestiona los recursos discriminadamente para impedir que el progreso económico de Catalunya se convierta en un incentivo para la emancipación nacional
El escándalo del espionaje masivo y la versión que ha dado el Gobierno confirma que el planteamiento hostil respecto de los catalanes se mantiene absolutamente justificado. Se ha relevado la directora del CNI por el espionaje de que ha sido objeto el presidente del Gobierno, pero la ministra de Defensa se ha reafirmado en el hecho de que el espionaje a los dirigentes de partidos independentistas y a los abogados de presos y exiliados forma parte y, por lo tanto, seguirá formando parte de su modus operandi. Los tribunales continúan implacables aplicando una perversa interpretación de las leyes contra cualquier referente soberanista, sea un alto dirigente político, sea un joven activista. Y además practican la apropiación indebida de competencias que no son suyas para impedir que las nuevas generaciones aprendan la lengua propia del país, como ha quedado patente esta semana imponendo criterios lingüísticos que los especialistas consideran antipedagógicos. Y la administración general sigue recortando las inversiones en infraestructuras en Catalunya, mientras los trenes de cercanías se estropean cada semana, se cancela la ampliación del aeropuerto con excusas de mal pagador, y se incentiva a los inversores extranjeros que quieren instalarse en Catalunya —fábrica de baterías— a hacerlo en otras comunidades mejor subvencionadas.
A pesar de todos estos obstáculos, Catalunya lidera un año más el ranking de solicitud de patentes en España, uno de los indicadores principales del dinamismo innovador de un territorio. Según datos de la Oficina Europea de Patentes, Catalunya registró un total de 653 solicitudes en el 2021, un 33% más que el año anterior. Madrid, con todo el apoyo estatal, registra bastante menos, 381. Las startups catalanas baten su propio récord de atracción de inversión en el 2021. La cifra fue de 1.479 millones de euros, un 65% superior a la del 2018, que había sido el mejor año hasta entonces. El Financial Times vuelve a reconocer Catalunya como la mejor región para invertir en el sur de Europa. La publicación ha tenido en cuenta criterios como la conectividad, el clima de negocios, el potencial económico, la estrategia de captación de inversiones extranjeras o el capital humano y el estilo de vida. Y para mayor abundamiento el diario The Telegraph ha declarado Barcelona como "la mejor ciudad del mundo", por encima de Sidney y Ciudad del Cabo.
Si algo identifica a Catalunya ha sido su resiliencia, la capacidad de adaptarse a la adversidad, a base de no tener que depender del Estado i es la única forma de que a larga permita a los catalanes escabullirse progresivamente de la hostilidad
Si alguna cosa identifica Catalunya ha sido su resiliencia, la capacidad de adaptarse a la adversidad, y eso a lo largo del tiempo ha impulsado a las empresas catalanas a buscarse la vida sin el apoyo del BOE, a diferencia de los asiduos al palco del Bernabéu. Y esta estrategia, que en el fondo consiste en depender más de fuera que no de dentro del Estado es la única que a la larga permitirá a los catalanes zafarse de la hostilidad del Estado. Y en este aspecto, la tecnología tiene que ser el aliado imprescindible que aumentará las posibilidades de emancipación. Afortunadamente, Catalunya dispone por todo el mundo especialistas y científicos con buena predisposición como lo han demostrado recientemente desde Elies Campos y Jordi Baylina hasta Oriol Mitjà, para citar solo a tres que ahora se han dado a conocer. Hay muchos más, gracias en buena parte a las políticas emprendidas por Andreu Mas-Colell.
Cuando el Estado pasa a la ofensiva, los representantes autodefinidos como independentistas suelen pronunciar frases altisonantes, con gesticulaciones de indignación, y llamamientos a la confrontación con el Estado que al cabo de las horas se tienen que tragar y quedan en nada. Eso es así porque Catalunya no tiene ningún instrumento coercitivo para doblegar al Estado y en cambio, el Estado los tiene todos, militares, policiales, judiciales, etc. Como escribía hace miles de años Sun Tzu en El Arte de la Guerra, no se tiene que iniciar una batalla sin la garantía de poder ganarla, y menos plantearla en el terreno que le es propicio al adversario. Catalunya no tiene ejército. Ni puede, ni quiere tenerlo. Teniendo en cuenta la correlación de fuerzas, tampoco los catalanes están todavía en condiciones de hacer un cierre de cajas exitoso (huelga fiscal), ni parecen muy dispuestos a arriesgar el patrimonio para desobedecer a los tribunales. El Estado es más fuerte y no tiene sentido darse de cabeza contra una pared. El episodio bíblico de David y Goliat es el ejemplo del éxito de la inteligencia sobre la fuerza. Con la fuerza bruta, el hardware, gana Goliat, pero David gana contra pronóstico con inteligencia, utilizando una técnica diferente, un software. Desde este punto de vista, Catalunya necesita extender el software que le permita conquistar espacios de soberanía suficiente como para ignorar la hostilidad del Estado.
Un caso paradigmático es el del catalán en la escuela. El conflicto tiene obviamente su origen en la animadversión de las instituciones del Estado con respecto a la identidad catalana, pero el problema se ha agravado por la incompetencia de los gobernantes catalanes. Que la justicia española está ansiosa para aplicar su criterio colonial es un factor constante del problema, así que para resolverlo se tiene que tener en cuenta desde un buen principio, y actuar partiendo de la base que aprovecharán cualquier resquicio para intervenir. Se trata de evitarlo y lo que se ha hecho ha sido poner en bandeja la intervención de los diferentes tribunales. Ya se hizo con el Estatuto. Se había consolidado el concepto de lengua propia, pero unos políticos miopes quisieron hacerse los valientes y apuntarse medallas añadiendo que la lengua catalana en la escuela tendría un uso "preferente". Pues aquí se cogió el tribunal para dejar las cosas peor de lo que estaban antes. Lo del 25 % de ahora se arrastra por la incompetencia de los negociadores de Esquerra Republicana que ni se les pasó por la cabeza reclamar al Gobierno Sánchez la retirada del recurso presentado por el Gobierno del PP, pero una vez se encontró la fórmula para desjudicializar el caso, el software que ideó Irene Rigau, esta vez fueron los dirigentes de Junts per Catalunya que se hicieron los milhombres y un enorme enredo para acabar haciendo el peor de los ridículos. Se ha perdido el tiempo y ahora todo será mucho más difícil. Casi solo queda confiar en el software que apliquen por su cuenta maestros y profesores.
En el ámbito empresarial todo es todavía más claro. Grífols es una multinacional catalana que tiene la sede en Parets del Vallès pero actúa soberanamente en Europa y América. Wallbox, la empresa fundada por Eduard Castañeda y Enric Asunción, ya lidera el mercado americano de cargadores para coches eléctricos. Las startups que surgen de la Universidad Politécnica las ponen en marcha académicos que están pendientes de lo que se ventila en Boston y no en Madrid, que les resulta tan ajeno como Uagadugú.
Puigneró habló de República Digital. Las primeras reacciones a estas iniciativas fueron de befa y bromita por parte de los ignorantes, pero muy seriamente se lo tomó el Gobierno
A menudo se critica el Govern de la Generalitat sobre todo por la inacción y no sin razón, pero también es justo destacar algún acierto. Quien tiene más claro que nadie que el futuro de Catalunya pasa por la tecnología, como ha hecho Estonia, es el vicepresidente Jordi Puigneró. Puso en órbita el nanosatélite Enxaneta, ha creado el Centro Blockchain en colaboración con la Cambra de Comerç, presentó el proyecto de identidad digital autosoberana, ha emprendido el metaverso para impulsar la lengua y la cultura catalanas en el mundo virtual, y Puigneró habló de República Digital. Las primeras reacciones a estas iniciativas fueron de befa y bromita por parte de los ignorantes, pero muy seriamente se lo tomó el Gobierno, que rápidamente prohibió al Gobierno catalán trabajar desde servidores ubicados fuera de la Unión Europea. Sin embargo algunos expertos aseguran que la tecnología blockchain, que es la que ha dado lugar a las criptomonedas, avanza irreversiblemente para que los ciudadanos se autoorganicen sin tener en cuenta los Estados. Dicho de otra manera, Catalunya no tiene que enfrentarse al Estado, sino que lo tiene que superar. También es cierto que para eso se necesita gente muy preparada, y que se marchen los mejores, como ha pasado con Elsa Artadi, no es un buen indicio. En todo caso, ganando espacios de soberanía, uno por uno, ni que esté en el mundo virtual, sin aspavientos ni fanfarronadas, haciendo más y vociferando menos, es como podría caer la estaca. Costará y tardará mucho, pero tampoco se conoce ninguna otra alternativa factible.