Un día del mes de junio de este año leía yo, por la mañana con un café con leche al lado, una entrevista a Jaume Collboni en el diario La Vanguardia: "Es importante que seamos proactivos en la defensa de la identidad de la ciudad, de su cultura y lengua propia, que es el catalán, de nuestras costumbres, de nuestras fiestas mayores, de todo lo que nos hace ser barceloneses y catalanes." ¡Ojo! ¡Alto ahí! Volví a mirar el encabezamiento de la entrevista, no fuera que me hubiera confundido y estuviera leyendo la entrevista a un político de algún partido soberanista. Después de constatar que, efectivamente, era una entrevista al alcalde socialista de mi ciudad, proseguí, preso de curiosidad. Añadía el alcalde de la capital: "Todo esto está sufriendo una gran presión, pero como partido progresista hemos de reivindicar la defensa de nuestra identidad propia, de nuestro comercio tradicional, de nuestra lengua. Hemos de acoger a las personas que llegan aquí y decirles: tienes que hablar catalán y tienes que hablar castellano". De repente me sentí como san Pablo cuando se cayó del caballo. ¿Era realmente posible que el alcalde de Barcelona hiciera el diagnóstico preciso y exacto de la realidad de la identidad y la lengua de la ciudad? Me froté los ojos y me pellizqué. No ocurre cada día que yo comparta el cien por cien de lo que dice mi alcalde. ¿Había vuelto el PSC de Pasqual Maragall, Antoni Dalmau, Montserrat Tura, Antoni Castells o Quim Nadal?
Admito que esa entrevista me reconfortó un poco. No todo parecía perdido si incluso el PSC creía que era el momento de cerrar filas con la lengua y la cultura catalanas, de subir el tono, de salir en defensa de la identidad barcelonesa, tan magullada últimamente. Con los socialistas dentro de esta trinchera sería mucho más fácil detener y revertir el retroceso en el uso social de la lengua catalana. Pero, ay, una flor no hace verano y una entrevista tampoco genera un programa político. A finales de agosto todavía no ha llovido mucho, pero sí ha llegado el jarro de agua fría. Esta semana he sabido, gracias al diario digital Tot Barcelona, que un ciudadano honorable ha denunciado a 76 establecimientos de Barcelona por no cumplir la obligación legal de rotular o atender en catalán. Nuestro Ayuntamiento, tan diligente a la hora de cobrar todas las tasas y a la hora de multar a los establecimientos históricos por tener rótulos que sobresalen un centímetro de la fachada, ha enviado a todos estos establecimientos una carta informativa recordándoles que deben cumplir la ley. "Sensibilización", dicen. Pero esto ha sido todo: ninguna inspección posterior, ningún expediente sancionador, ningún seguimiento del caso, nada. Una cartita para cumplir el expediente y tema cerrado.
El Ayuntamiento de Barcelona, cuyo alcalde dice que hay que defender la lengua catalana, no hace nada para hacer cumplir la ley
En pocas palabras: el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo alcalde dice que hay que defender la lengua catalana, no hace nada para hacer cumplir la ley. Más bien lo contrario; los 76 receptores de la carta ya saben que no deben sufrir porque el Ayuntamiento no hará nada más, y por tanto podrán seguir menospreciando nuestra lengua con absoluta impunidad. Es fácil constatar la aberración del hecho si hacemos un pequeño ejercicio y cambiamos el motivo de las denuncias. Imaginemos que 76 locales hubieran sido denunciados por impedir el acceso de personas negras. O de homosexuales o lesbianas. O de ancianos. O de discapacitados. ¿Alguien cree que el Ayuntamiento de Barcelona enviaría a estos locales una carta informativa sin más seguimiento del caso? Claro que no. La Administración actuaría con firmeza contra esta discriminación intolerable, como no puede ser de otra forma. No solo porque es ley, sino porque es lo correcto. Pero con el catalán es distinto, claro. Porque ya se sabe que el catalán debe ser amable, simpático y atractivo y que no debe imponerse porque genera rechazo. Un caso único en el mundo en el que la lengua oficial y propia no tiene ninguna herramienta ni mecanismo para implementarse como tal. Fantástico, oiga. A mi familia el castellano nos lo impusieron y durante 18 años en el DNI llevé un nombre que no era el mío porque mi nombre (el mismo del alcalde, fíjate) era ilegal en 1974. Y, en cambio, la lengua catalana debe ir pidiendo perdón por las esquinas cincuenta años después de la muerte del dictador enviando cartas para "sensibilizar".
Es evidente, pues, que una cosa es la propaganda oficial y otra, muy diferente, la acción política concreta. Ya lo decía el president José Montilla, a quien tuve la ocasión de reencontrar el otro día, después de mucho tiempo: "Hechos, no palabras", decía durante su mandato. Era su manera de decir lo mismo que escribió el rey Jaume I en el Llibre dels fets: "Fe sens obres morta es". Es cierto que los socialistas sobresalen en el arte de la propaganda. Por ejemplo, el hecho de haber nombrado a una comisionada de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Barcelona es una buena jugada de propaganda, vistos los resultados concretos. Pero también es cierto que, como dice el dicho, se puede engañar a mucha gente durante poco tiempo, o a alguna gente durante mucho tiempo, pero no se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo. Y esto es lo que acabará ocurriendo, por muchas entrevistas y proclamas que se hagan a favor de la lengua propia de la ciudad. Al final, el ciudadano pasará cuentas y llegará a sus propias conclusiones.