Ada Colau, aprende rápido. Mientras sus padres ideológicos andan mirándose el ombligo sobre lo que hacer o no hacer ante la convocatoria de la ANC y Òmnium en las plazas de Catalunya y ante el TSJC como protesta por la imputación de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el proceso participativo del 9N, la alcaldesa de Barcelona ha puesto la directa y ha comunicado que, en su condición de máxima autoridad de la capital catalana, encabezará la manifestación. Su presencia tiene un enorme valor simbólico ya que ensancha el perímetro de los partidarios del derecho a decidir. Y vuelve a poner de manifiesto algo que es una obviedad, pero que vale la pena repetirlo tantas veces como haga falta: en las sumas y restas que se hacen sobre los espacios independentistas y unionistas, el segundo se deshincha de manera significativa cuando la apuesta es sobre un referéndum sobre la pertenencia o no de Catalunya a España.

Entre las habilidades de un político está la de captar en cada momento dónde se encuentra la mayoría de la sociedad. Ello nunca es fácil y más en una metrópoli como Barcelona donde las turbulencias hacen a más de uno perder la brújula. Colau ha demostrado a las primeras de cambio que no está dispuesta a quedar encasillada en la minoría y que ha leído bien los resultados del pasado 27 de septiembre. De un plumazo se ha sacudido cualquier comparación con la torpe campaña de Catalunya Sí que es Pot, un espacio político muy parecido al de Barcelona en Comú, candidatura con la que ganó las municipales. Y, de paso, Colau ha demostrado que no está dispuesta a ser engullida por las pautas, siempre muy herméticas, de ninguna organización política.

Una última reflexión para que las hojas del árbol no nos impidan ver el bosque. Las tres comparecencias fijadas por el TSJC –Ortega y Rigau, el martes; Mas, el jueves– son, a la postre, el resultado de una injerencia sin precedentes por parte del Gobierno del Estado en el mundo de la judicatura. Nunca se hubiera llegado a la ignominiosa situación de ver entrar en la sede del TSJC al president de la Generalitat en condición de imputado por colocar las urnas el 9N sin el descaro de violentar primero a los fiscales de Catalunya y seguidamente encajonar al fiscal general del Estado, que acabó dimitiendo. Pero, en fin, los juicios políticos deben ser otra cosa. Aunque no consigo saber muy bien cuál debe ser la diferencia.