A ver si nos aclaramos de una vez. Hoy por hoy, la independencia de Catalunya solo se puede conseguir mediante una insurrección organizada, que además tenga éxito en el campo de batalla y sea reconocida internacionalmente. El Estado español nunca estará dispuesto a ceder a las buenas su dominio y no hay que discutir que su superioridad militar siempre será determinante. Esta opción la podemos descartar porque los catalanes siempre han sido un pueblo más comercial que conquistador y pocos están dispuestos a jugarse la vida ni el patrimonio. Ya he escrito otras veces que el Estado está dispuesto a matar y los catalanes, que no son tan burros, aprecian la vida. Esto es más claro que el agua.

Probablemente por eso, el president Aragonès y el presidente de su partido, Oriol Junqueras, ya han dejado claro que renuncian a la declaración unilateral de independencia y apuestan por acordar con el Estado un referéndum de independencia. Esto recuerda mucho al mito de Sísifo. Aquel que se pasó de listo y los dioses lo condenaron a empujar perpetuamente un peñón gigante montaña arriba hasta la cumbre, solo para que volviera a caer rodando hasta el valle, desde donde tenía que recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cima y así indefinidamente.

La idea del referéndum pactado ya se planteó hace unos años desde Catalunya y con algunos apoyos en España. En Catalunya, el grupo de expertos liderados por Carles Viver y Pi-Sunyer elaboró un informe sobre las posibilidades constitucionales de una consulta. Pero en España también se prodigaron artículos y dictámenes de juristas de reconocido prestigio, inequívocamente contrarios a la independencia de Catalunya, que avalaban la legalidad de un referéndum en Catalunya. Un padre de la Constitución como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón escribió: "La autodeterminación como consecuencia del principio democrático es una indeclinable reivindicación de la conciencia nacional. Tanto por ser esta integradora como democratitzadora (...) la autoidentificación en la que la autodeterminación consiste ha de responder a los títulos históricos y a las señas de identidad que configuran cada pueblo que se autodetermina. La autodeterminación no es invención arbitraria, sino necesidad histórica” (Derechos históricos y Constitución, Taurus 1998). Otro jurista, que fue miembro del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, escribió lo siguiente: "Lo urgente, lo inaplazable, es verificar la solidez y el contenido de esas aspiraciones y para esto no hay otro camino que el del referéndum… Pero si [el Gobierno catalán] lo ha pedido es inexcusable hacerlo, por dolorosa que sea para muchos españoles (entre los que desde luego me cuento) la idea de una España sin Catalunya.(El País 8/10/2012).

Un tercer jurista, catedrático de Derecho Constitucional, fundador de Ciudadanos, el profesor Francesc de Carreras escribió esto en La Vanguardia el 20 de septiembre de 2012 "A pesar de las dificultades, debemos encontrar una salida que pasa, en primer lugar, por despejar una duda, una gran duda: ¿cuál es el porcentaje de ciudadanos catalanes partidarios de separarse de España?(...) Y la única manera de averiguarla es votando. Todo lo aquí planteado no es nuevo, ya que encaja dentro de la filosofía del dictamen del Tribunal Supremo del Canadá de 1998 en relación con la hipotética secesión de Quebec (...).  Si una comunidad plantea seriamente que desea separarse de España, la única salida democrática, agotadas las posibilidades de acuerdo, es utilizar los procedimientos previstos en nuestro Estado de derecho”.

Tal como plantea Aragonès en su acuerdo de claridad, un nuevo Estatut es la única fórmula que podrían aceptar los interlocutores unionistas para someter a referéndum. Más vale no pensar qué Estatut saldría ahora

Existían vías constitucionales para hacer el referéndum. Incluso los socialistas catalanes defendieron durante un tiempo el derecho a decidir. El referéndum se podía hacer y el Parlament pidió en 2014 al Congreso el traspaso de la competencia para convocarlo. La proposición de ley catalana, defendida por los diputados Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera, fue rechazada por 299 votos contra 47. Tenía mayoría absoluta el PP, pero no era una cuestión de mayorías o minorías, ni de legalidad constitucional, era y es una cuestión de Estado y el Estado —volvamos— no está dispuesto a ceder su dominio. Es más, desde entonces el Estado no ha hecho más que rearmarse para infligir una derrota a los catalanes, no solo política, también judicial, económica, fiscal, cultural y lingüística, para que no puedan levantar la cabeza por una generación. Ya lo dijo Espartero, "Por el bien de España, hay que bombardear Barcelona una vez cada cincuenta años".

Así que la propuesta de Acuerdo de Claridad que ha vuelto a anunciar el president Aragonès parece exactamente un "hablar por hablar" que responde a la necesidad de Esquerra Republicana de tener algún pescado para vender a la hora de pedir el voto, dado que con la obra de gobierno no tendrá suficiente. No es una mala táctica la que practica el partido de Oriol Junqueras, que consiste en ocupar el escenario politicomediático aplicando la teoría daliniana, "que se hable de ERC, aunque sea bien". Es también más o menos la misma tesis aplicada al fútbol de Johan Cruyff sobre la posesión de la pelota: "Mientras la tenemos nosotros, no la tienen ellos". Hasta ahora el hablar por hablar ha dado buenos resultados a ERC y probablemente se los seguirá dando. Las encuestas prevén que a corto plazo ERC no volverá a ganar muchas elecciones, pero también señalan que siempre tendrá suficiente representación para colocar a su gente en los diferentes gobiernos municipales, comarcales, provinciales y nacional y este es el poder político que perdura hasta que lleguen tiempos mejores. Ahora bien, tal como plantea Aragonès en su acuerdo de claridad, a lo máximo que podría llegar es a una reforma del Estatut. Un nuevo Estatuto es la única fórmula que podrían aceptar los interlocutores unionistas para someter a referéndum. El fichaje de la profesora Astrid Barrio para diseñar la propuesta ya marca el camino. Más vale no pensar qué Estatut saldría ahora.

Llegados a este punto, como los catalanes no salen adelante con la política, no tendrán más remedio que cambiar el chip, ser resilientes y buscarse la vida en otros terrenos más propicios. Quizás la tecnología ofrecerá en el futuro nuevos instrumentos para que los ciudadanos se independicen progresivamente del Estado por su cuenta. La inteligencia artificial, la tecnología blockchain, las criptomonedas... ya están propiciando nuevas formas de subversión y todo está por hacer y todo es posible.