Se va estrechando el círculo. Una reforma del delito de desórdenes. Las sentencias aberrantes del Supremo que dan carta blanca a la arbitrariedad de los jueces. La actuación sistemática y nada neutral de la Fiscalía contra activistas independentistas. Condenas desmedidas por participar en cortes de carreteras. ¡Dani Gallardo condenado a 4 años y medio de prisión! España no afloja en la represión contra el independentismo y ahora se concentra en desactivar la movilización popular. Y para hacerlo dispone demasiadas veces de la colaboración de la Generalitat de Catalunya. Según Alerta Solidària, la Generalitat ejerce actualmente de acusación en unas cuarenta causas penales contra manifestantes y activistas independentistas. Con esta actuación cómplice, la Generalitat legitima la represión y contribuye a criminalizar los derechos de protesta, reunión y de manifestación.
La explicación que dan fuentes del Govern de la Generalitat es que los Mossos d'Esquadra, en tanto que funcionarios, tienen derecho a ser protegidos de cualquier ataque a su persona cuando ejercen su trabajo. Por lo tanto, según esta teoría, si un agente es herido en un choque con manifestantes, la Generalitat estaría obligada a actuar como acusación. El problema es cómo y quién determina los límites, y cómo se concreta esta "obligación".
La realidad es que los Mossos d'Esquadra cuentan históricamente con un equipo de abogados propio, integrado en la asesoría jurídica del Departament d'Interior, para representarlos en juicios penales. Estos abogados han sido especialmente habilitados por el Gabinet Jurídic de la Generalitat, que depende de Presidència, pero no forman parte de ella —aunque, sobre el papel, se tendrían que coordinar—. En la práctica, sin embargo, parece que actúan de forma muy autónoma. Esta unidad de juristas actúa de oficio —a pesar de que siempre con la autorización del conseller de Interior o de la persona en quien este haya delegado— siempre que lo pide algún agente que alega que se le han causado lesiones. Entonces, la Generalitat se persona como acusación particular, pidiendo penas de prisión considerables, y en algunos casos incluso más altas que las que ha pedido la Fiscalía.
La actuación penal de la Generalitat en contra de un ciudadano por hechos ocurridos en manifestaciones, con la potencial afectación de sus derechos fundamentales, tendría que ser muy excepcional y bajo circunstancias tan objetivas y predeterminadas como fuera posible
Estas acusaciones se producen sin una evaluación independiente de los hechos, dando por buena la versión policial. Y ya sabemos cómo se hacen los atestados policiales en los tiempos que corren. Recordad por ejemplo el caso de Charaf Fadlaoui y Ibrahim Afkir, que después de pasar 8 meses en prisión preventiva acabaron absueltos ante la falta de pruebas y las contradicciones en las declaraciones de los agentes. Eso quiere decir que sobre la base de supuestas lesiones a agentes de los Mossos, y con independencia de la solidez de la versión policial, la Generalitat presenta acusaciones particulares durísimas. No sólo por delito de lesiones; el pack a menudo incluye acusaciones de atentado contra la autoridad y de desórdenes públicos. Cuando algunos casos han recibido atención mediática y el Govern ha sentido presión política para aflojar, la reacción ha sido forzar a los perseguidos a un acuerdo de última hora para que reconozcan su responsabilidad a cambio de una condena menor, o incluso se ha retirado la acusación en el último momento sin dar explicaciones. Este modo de actuar sólo se puede tildar de arbitrario.
El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha anunciado que su departament trabaja para fijar nuevos criterios que rebajarían las acusaciones de la Generalitat, principalmente circunscribiéndolas sólo a delitos de lesiones. En todo caso, mientras no se concretan y se aplican estos nuevos criterios, me temo que el Govern no corrige el problema de fondo: la existencia de un cuerpo de abogados que trabaja codo con codo con los Mossos d'Esquadra y que parece que se ha dado a sí mismo la misión de perseguir ciudadanos por hechos ocurridos en manifestaciones o protestas independentistas.
La Generalitat tiene que revisar la organización de sus servicios jurídicos. Un equipo de abogados especial a disposición de los Mossos, que ha demostrado actuar de manera poco comedida y guiados por el corporativismo, si no es que lo hacen motivados políticamente, sin examinar las circunstancias concretas de cada caso y prescindiendo del respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos, es un servicio que no puede seguir como si nada. Además del deber de proteger a sus funcionarios, sean Mossos, médicos o maestros, la Generalitat tiene el deber de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. La actuación penal de la Generalitat en contra de un ciudadano por hechos ocurridos en manifestaciones, con la potencial afectación de sus derechos fundamentales, tendría que ser muy excepcional y bajo circunstancias tan objetivas y predeterminadas como fuera posible. Y en estos casos, el responsable político, que es siempre el responsable último, tiene que poder explicar la decisión sin esconderse en criterios técnicos.
Hace demasiado tiempo que la actuación de los abogados de Interior chirría. El Govern de la Generalitat tiene que acabar con estas prácticas si no quiere ser un instrumento más de la lucha sin cuartel que el estado español ha emprendido contra el independentismo. Reclamo leer propuestas concretas en los programas de los partidos independentistas para las próximas elecciones del Parlament de Catalunya. Y por parte de los que todavía están en el Govern, actuaciones inmediatas.