El reto tecnológico y ético de las apps para ayudar a combatir la Covid-19 ha sido el objeto de uno de los debates del último plenario en el Parlamento Europeo. Aunque este debate no ha trascendido mucho en Catalunya, políticos y especialistas europeos llevamos meses reflexionando sobre cómo compatibilizar que las apps sean efectivas sin ser invasivas.

Mientras el coronavirus hacía añicos nuestras rutinas y todos nos replanteábamos nuestras prioridades, el estado español ha aprovechado para apretarnos todavía más con su autoritarismo. Desde la confusión y la incompetencia propias de un estado fallido, han dinamitado lo poco que quedaba de las administraciones autonómicas. Lejos de promover la solidaridad y la responsabilidad colectivas que hay que esperar en una sociedad democrática, han optado por el menosprecio a la ciudadanía, los uniformes, la narrativa de guerra, y la represión policial —selectiva, eso sí. Ahora corremos el riesgo de que también aprovechen la pandemia para dotarse de herramientas tecnológicas para controlar a los ciudadanos; la tentación es irresistible. De hecho, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del ministro Marlaska insinuó que rastrearía el GPS de los ciudadanos para controlar que no cambiaran de comunidad autónoma.

Políticos y especialistas europeos llevamos meses reflexionando sobre cómo compatibilizar que las apps sean efectivas sin ser invasivas

Por suerte, sin embargo, el debate europeo sobre la tecnología para combatir la Covid-19 y ayudar a los departamentos de salud pública, ha dejado los planteamientos españoles arrinconados y fuera del carril central europeo. Muchos eurodiputados, como Sophie in 't Veld o yo misma, junto con el MHP Puigdemont y el eurodiputado Toni Comín, hemos enviado cartas y preguntas parlamentarias a la Comisión Europea cuestionando las intenciones autoritarias de algunos gobiernos europeos – algunos en manos de partidos progresistas, obreros, y que todo lo pueden, tal como ellos mismos anunciaban a la prensa. En estas preguntas dirigidas a la Comisión preguntamos si la UE promovería la tecnología DP-3T. Esta tecnología permite avisar al ciudadano si ha estado en contacto con un positivo de Covid-19 sin tener que rastrear a nadie.

Porque sí, la tecnología para ayudar a la salud pública sin crear bases de datos centralizadas que controlen a la ciudadanía como en 1984 existe. Se vehicula mediante el Bluetooth de los móviles de los usuarios que voluntariamente acepten informar de si son portadores de la Covid-19. De esta manera, el Bluetooth de un usuario sano puede recibir la alerta cuando ha entrado en contacto con un usuario positivo. La ventaja de esta tecnología es que el historial de ubicaciones del ciudadano no es relevante para hacer el servicio que le pedimos, que es simplemente informar a los usuarios si han estado en contacto con alguien con Covid-19. Además, no hace falta que esta información sea almacenada en una base de datos centralizada susceptible de ser utilizada para otras finalidades; es suficiente con que la información esté en el teléfono del usuario, y que se envíe de manera anónima (con códigos autogenerados y cambiantes) el cruce de Bluetooth, para hacer el seguimiento epidemiológico de la enfermedad.

La tecnología para ayudar a la salud pública sin crear bases de datos centralizadas que controlen a la ciudadanía como en 1984 existe

En Europa, parece que esta tesis se impondrá. Apple y Google han adoptado este enfoque a escala mundial y han pactado por primera vez una app conjunta, que pondrán al servicio de los sistemas sanitarios y que, dicen, no rastreará al ciudadano en ningún momento: sólo apuntará anónimamente qué números de Bluetooth han estado cerca de otros (y siempre voluntariamente). Evidentemente, habrá que vigilar mediante auditorías constantes que Apple y Google no viren su enfoque sobre la app, y estar atentos a los desarrollos y usos futuros que estas compañías harán con ella.

Es precisamente en épocas de catástrofes y de crisis, en tiempos de emergencia nacional, cuando las instituciones y los líderes políticos demuestran qué respeto les merecen los derechos fundamentales. Da miedo ver cómo analistas y opinadores que hasta hace cuatro días eran los más antisistema ahora se apresuran a defender cualquier medida autoritaria del gobierno de PSOE y Podemos. Los derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, no son un lujo que nos podamos permitir en tiempos de bonanza, algo que está bien reclamar para ganar votos desde la oposición. De hecho, no son derechos si sólo sirven para maquillar un estado autoritario cuando no se lo cuestiona, y nunca están cuando se lo pone a prueba.

Hay una vía europea, y catalana, que permite que la tecnología sea efectiva y respetuosa con los derechos fundamentales: lo estamos demostrando en el Parlamento Europeo. Seguiremos atentos, denunciando cualquier abuso, porque mientras los catalanes no seamos independientes, el Reino de España, sea cuál sea su gobierno, aprovechará cualquier oportunidad como coartada para socavar nuestros derechos.