Si el Gobierno de Mariano Rajoy empezó hace unos meses cerrando el grifo de la autonomía financiera de la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ahora el Consejo de Ministros acaba de dar una nueva vuelta de tuerca al control de todos sus gastos. Se trata, en estos momentos, del único dinero de que dispone la Administración catalana, cuando lo recibe, para hacer frente al pago de muchísimos proveedores. Con la inspección del FLA, el Ministerio de Hacienda se garantizaba un control exhaustivo de a dónde iba hasta el último euro que prestaba a la Generalitat. Con la nueva medida, la Generalitat deberá obligatoriamente facilitar también a Madrid cada mes todos y cada uno de los gastos que realiza: ya sea de lo recibido vía FLA (por este conducto, el Consejo de Ministros autorizó ayer hasta 3.334 millones de euros a la Generalitat) o de lo generado a través de sus propios impuestos, venta de patrimonio o cualquier otro ingreso que pueda tener la Administración catalana. Es obvio, por tanto, que primero se cerró el grifo y ahora se le ha cortado el agua. De facto, una intervención, aunque la palabra suene grave y se quiera disfrazar de vocablos más suaves.

El Gobierno español ya había advertido que iba a ahogar aún más las finanzas de la Generalitat tras conocer la resolución del Parlament que pretende dar inicio al proceso de desconexión de Catalunya. Y que lo haría antes de adoptar decisiones más drásticas en el terreno judicial contra el Govern o la Cámara catalana si se desarrollaba alguno de los puntos aprobados. Pero la intervención del Ejecutivo parece haber sorprendido a la conselleria de Economia. Básicamente, porque no ha habido ningún incumplimiento, hasta la fecha, del fallo de suspensión de la resolución aprobado por unanimidad en el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo español ha querido enviar un mensaje "serio, claro y rotundo" de su capacidad y resolución para asfixiar a la Administración catalana si desde el otro lado se salta la legalidad constitucional.

En este caso, además, Madrid ha encontrado aliados catalanes fuera de los márgenes estrictos de los partidos políticos unionistas. La nota aprobada por el Cercle d'Economia llamando a corregir el rumbo de la política catalana, reclamando un gobierno estable, expresando su preocupación por la ruptura de la legalidad y sugiriendo incluso nuevas elecciones como rechazo a un hipotético pacto de Junts pel Sí y la CUP, no hace otra cosa que expresar el malestar de una parte importante del empresariado catalán. Si a ello se añade la marcha de algunas empresas catalanas a Madrid y la efervescencia que vive CDC, o, mejor dicho, algún sector del partido, el desgaste de la figura del president Mas en su amplia base social es evidente en las últimas dos semanas.