Con independencia de la valoración política que merezca lo ocurrido en Venezuela, conviene evitar dos lecturas reflejas: tratarlo como episodio aislado o convertirlo, por inercia, en anticipo de un desenlace definitivo. En crisis de alta intensidad hay hechos que se agotan en el plano mediático, otros que se tramitan en el jurídico, y otros que —aunque se presenten como puntuales— alteran la geometría estratégica del sistema. La detención de Nicolás Maduro, por su naturaleza y por sus efectos potenciales, encaja más plausiblemente en este último grupo. A falta de información completa sobre negociaciones previas, cadenas de mando y compromisos internos, lo más prudente es formularlo como hipótesis de trabajo: no estaríamos ante el final automático del chavismo, sino ante el inicio de una fase orientada a estrechar sus márgenes de supervivencia externa y a condicionar su conducta futura. En esa lógica, el objetivo no sería una “transición” al estilo europeo, sino un proceso de encapsulamiento progresivo: reducción de opciones, aumento de costes y forzamiento de decisiones bajo presión.

En paralelo, conviene reconocer una distorsión recurrente en el debate español sobre Venezuela. En España, Venezuela opera a menudo menos como realidad analizable que como instrumento retórico: se la invoca para resolver disputas domésticas y no para comprender un sistema de poder concreto. Esa inclinación —mediática y cultural— favorece la caricatura y el binarismo: villanos y redentores, caída inminente o consolidación total, protestas como preludio mecánico del cambio. El resultado es una cadena de errores previsibles: infravalorar al chavismo como simple camarilla y no como arquitectura híbrida (Estado, fuerzas armadas, partido, burocracia, control territorial, economía de distribución, disciplina institucional); confundir episodios de crisis con preludios de derrumbe; y olvidar un criterio básico de estabilidad: los sistemas no caen solo por impopularidad, sino cuando se fracturan los pilares que sostienen el mando y la obediencia.

A partir de ahí, la prudencia analítica exige resistirse al vértigo del presente. Un shock en la cúspide no implica necesariamente vacío efectivo de poder. En ciertos regímenes, el golpe activa mecanismos de autoprotección: se reorganizan roles, se desplaza la presión hacia canales controlables y se intenta absorber la crisis dentro de marcos formales. Lo que desde fuera se califica como “vacío” puede ser, de hecho, un reajuste interno orientado a preservar estabilidad: continuidad con correcciones, administración del sobresalto, recomposición de equilibrios. En Venezuela, el poder suele descansar en una combinación de formalidad legal, coerción institucional y control territorial; y uno de sus rasgos históricos ha sido la capacidad de metabolizar shocks sin traducirlos automáticamente en ruptura.

En ese marco, determinados actos institucionales adquieren valor como indicadores más que como mera liturgia. La instalación de la nueva Asamblea Nacional no debe interpretarse solo como trámite: es un gesto de continuidad diseñado para comunicar normalidad, jerarquía y funcionamiento del Estado. Del mismo modo, el juramento de Delcy Rodríguez como presidenta en funciones puede leerse como operación de contención: trasladar la crisis del terreno de la fractura al de la gestión, y reducir el riesgo de que la situación derive en dispersión de mando. La distinción constitucional entre ausencia ordinaria y ausencia impuesta —si se consolida como interpretación dominante— opera como instrumento defensivo: permite evitar que el shock active automáticamente el ciclo electoral y facilita que la reconfiguración, en caso de producirse, se gestione desde dentro del propio aparato. Esto no garantiza cohesión real, pero sí sugiere un intento de preservarla mediante control del marco jurídico y del relato.

El objetivo operativo probable sería no tanto “derrocar” el sistema como condicionar su supervivencia, reduciendo opciones hasta hacer que la cooperación bajo términos estadounidenses sea la alternativa menos costosa frente a la asfixia gradual

En paralelo, aparecen movimientos que, en un análisis prudente, conviene tratar como señales ambiguas. La excarcelación de presos puede ser leída como gesto humanitario; también puede funcionar como primera ficha de negociación: reducción de presión, apertura de canales, construcción de moneda de intercambio y testeo de la reacción internacional. En fases de encapsulamiento, estas decisiones suelen estar menos ligadas a indulgencia que a cálculo. La clave, aquí, es no sobredeterminar el sentido: lo relevante no es la excarcelación en sí, sino si se integra en una secuencia sostenida de concesiones o si queda como gesto aislado.

La premisa estratégica que parece subyacente —y que conviene formular con cautela— es la siguiente: Washington difícilmente puede tolerar simultáneamente un vacío de poder en Caracas y una normalización plena de un chavismo autónomo. El objetivo operativo probable se situaría entre ambos extremos: no tanto “derrocar” el sistema como condicionar su supervivencia, reduciendo opciones hasta hacer que la cooperación bajo términos estadounidenses sea, para el núcleo dirigente, la alternativa menos costosa frente a la asfixia gradual. En política exterior, cuando prima la lógica de poder sobre la moral, suele preferirse un adversario debilitado y negociable a una transición abrupta con multiplicidad de centros de poder y riesgo de desorden. Esto no excluye escenarios de fractura, pero sugiere que el diseño, si existe, tendería a controlar ritmos y costes.

En esa misma lógica conviene tratar con escepticismo el escenario de ocupación militar sostenida. Una intervención prolongada exige umbral alto de coste político interno, y ese umbral hoy no parece fácilmente asumible en Estados Unidos. Trump, además, opera predominantemente con racionalidad electoral: una ocupación sería presupuestariamente onerosa, políticamente corrosiva y difícil de sostener ante su base. Esto no excluye violencia selectiva, acciones extraterritoriales o coerción indirecta; pero sí reduce la probabilidad de un despliegue prolongado de control territorial. En el marco Trump, la mediación solo resulta funcional si consolida una victoria narrativa; las fórmulas que diluyen el “trofeo” sustituyendo captura por acuerdo tienden a interpretarse como debilidad. Dicho de otro modo: si hay negociación, es más probable que se reserve para el “después” que para el gesto que produce la foto.

Si se descarta la guerra convencional, la alternativa más verosímil es una guerra de cerco. No un cerco solo contra el chavismo, sino contra el ecosistema que lo hace viable: redes financieras, intermediación política, asesoramiento, coberturas jurídicas, operadores logísticos y reputacionales. El objetivo no sería derrotar al adversario en el campo, sino elevar el coste de su funcionamiento externo hasta volverlo inviable sin acuerdos. Fabricar una atmósfera en la que acercarse al gobierno comporte riesgos jurídicos, financieros y de reputación tan altos que los actores externos se retiren. Convertir al chavismo en un activo tóxico. En ese proceso, no solo importan los funcionarios, sino los “puentes”: abogados, consultores, intermediarios empresariales, operadores financieros, lobistas, técnicos y supuestos mediadores. La lógica sería incremental: si no se cambia el poder por sustitución, se cambian sus condiciones de supervivencia por aislamiento.

Elevar el coste de su funcionamiento externo hasta volverlo inviable sin acuerdos. Fabricar una atmósfera en la que acercarse al gobierno comporte riesgos tan altos que los actores externos se retiren. Convertir al chavismo en un activo tóxico

En este punto, la mediación previa —si existió— resulta relevante como indicio de secuencias posibles. Una fórmula auspiciada por el Vaticano, de haberse explorado, sugeriría que se consideró una salida ordenada capaz de generar garantías y evitar descomposición. Cuando una mediación fracasa, no necesariamente desaparece: puede reaparecer como herramienta de gestión del daño y de producción de acuerdos post-shock. La Iglesia rara vez sustituye el gesto de fuerza; suele operar mejor legitimando el después. Y precisamente por eso, en clave Trump, el Vaticano tiene límites: su mediación tiende a diluir el trofeo y a transformar el golpe en transición administrada. Puede servir para estabilizar; difícilmente para sustituir el gesto.

A partir de aquí aparece una variable que en Europa se subestima y en Washington se evalúa con mayor frialdad: el vector español. España ha sido históricamente un nodo de tránsito, intermediación, legitimación política y facilitación empresarial en América Latina. No siempre por una política de Estado coherente, sino por la convergencia de intereses, redes personales, puertas giratorias, afinidades ideológicas y oportunidades económicas. En un escenario de cerco, es plausible que Washington identifique puntos europeos de intermediación como “zonas de vulnerabilidad” y, por tanto, como objetivos secundarios. La formulación prudente aquí no es que España “no sea neutral”, sino que España podría no ser percibida como neutral en determinados ámbitos operativos.

En términos operativos, esto sugiere la posibilidad de un capítulo europeo del cerco con impacto significativo en España. La presión sobre el entorno chavista no se limitaría a actores venezolanos o a operadores globales: podría extenderse hacia perfiles españoles —políticos, empresarios, abogados, consultores, asesores, intermediarios— que hayan prestado apoyo, representación o asistencia, incluso si esa asistencia se presentó como normalización diplomática, intermediación humanitaria, servicios profesionales o gestión empresarial. La razón es estructural: la intermediación privada deja huellas documentales, contractuales y financieras, y en contextos de extraterritorialidad esos rastros pueden adquirir valor operativo. Cuando Washington decide cerrar canales alternativos, tiende a priorizar los lugares donde la intermediación circuló por estructuras privadas y combinó legitimación política con utilidad económica. En esa lógica, los eufemismos no protegen: pueden agravar el riesgo si sugieren simulación.

La administración Trump dispone, además, de un conjunto de herramientas legales que amplían el perímetro de perseguibilidad. El Tesoro puede sancionar individuos y estructuras; la extraterritorialidad financiera permite actuar ante cualquier nexo con el dólar o con el sistema bancario estadounidense; los marcos de prevención de blanqueo facilitan bloqueos y extensiones de imputación; los instrumentos de corrupción transnacional permiten perseguir comisiones, contratos y consultorías; y la doctrina de facilitación posibilita construir un perímetro penal o sancionador alrededor de actores que no son chavistas, pero han contribuido materialmente a su capacidad de operar. La utilidad de esta caja de herramientas no es solo punitiva: es disuasoria.

La hipótesis más verosímil no es que se busque la desaparición del chavismo, sino su dependencia: un sistema debilitado y negociable puede ser gestionable; un vacío de poder es invitación al caos

En España, el efecto probable sería inmediato: riesgo reputacional y jurídico. Quienes durante años operaron en terrenos grises quedarían expuestos a un riesgo que deja de ser político para convertirse en penal y financiero. En Europa, la intermediación se debate; en Estados Unidos, se investiga. No haría falta una ofensiva masiva: bastaría con la credibilidad de la amenaza. La mera activación de sanciones o investigaciones contra perfiles españoles puede paralizar bancos, empresas, despachos y estructuras dependientes del mercado norteamericano. La presión no tendría que ser visible; bastaría con que fuera verosímil. Y el miedo suele trabajar antes que los tribunales.

La disuasión, en estos escenarios, no persigue justicia en sentido clásico: persigue soledad. Busca que el chavismo se quede sin puentes, intermediarios, legitimadores, bancos colaboradores y operadores dispuestos. En esa soledad, cooperar deja de ser opción y pasa a ser necesidad. La hipótesis más verosímil no es que se busque la desaparición del chavismo, sino su dependencia: un sistema debilitado y negociable puede ser gestionable; un vacío de poder es invitación al caos. Y el caos venezolano no es solo venezolano: es migratorio, energético, de seguridad hemisférica y de competencia geopolítica. Se busca orden, pero un orden subordinado. Y para construirlo se preferirá una refundación controlada a una ruptura espontánea.

Lo que se abrirá, por tanto, es una negociación bajo presión: el chavismo deberá elegir entre sacrificios internos —entregar piezas, aceptar depuraciones, permitir fórmulas nuevas— o aislamiento y asfixia. Si el proceso avanza, es probable que se combinen culpables necesarios (para satisfacer narrativas) con perdones selectivos (para garantizar continuidad). Toda reforma inducida necesita chivos expiatorios y salvoconductos.

En el mundo que viene, los sistemas políticos no caerán siempre por fuerza militar. A veces caerán porque se quedan solos, porque nadie puede permitirse apoyarlos, porque cualquier mano tendida se convierte en riesgo: sanción, bloqueo, imputación o condena. Esa parece ser la lógica que podría activarse tras lo ocurrido en Venezuela: no para conquistar Caracas, sino para impedir que Caracas tenga un futuro viable fuera de un marco impuesto; no necesariamente para destruir el chavismo, sino para convertirlo en modelo dependiente. Guerra sin tanques, pero con tribunales; sin ocupación, pero con sanciones; sin marines, pero con listas, imputaciones, extradiciones y riesgo bancario. Y esa reconfiguración, en Europa, podría jugarse especialmente en España. Si se busca asfixiar al chavismo, tiene sentido empezar por donde se estime que existe oxígeno. Y muchos descubrirán que la verdadera guerra no estaba solo en Caracas, sino en los despachos, en los bancos, en los pasillos de la política europea y en la fragilidad de quienes creyeron que los puentes —y los réditos de su construcción— no tienen consecuencias cuando pasan a ser objetivo.