Ciertamente, reivindicar la independencia de Catalunya y reclamar al mismo tiempo un buen trato del Gobierno y de las instituciones del Estado es muy ingenuo. Es tanto como confiar en la buena voluntad del déspota. Los líderes independentistas lamentan y denuncian el espionaje, los abusos judiciales, la persecución y la represión política, la beligerancia cultural y la discriminación presupuestaria, pero estos lamentos son celebrados por toda España como victorias del Estado hacia la disidencia catalana. Me lo decía hace no mucho un colega español con un toque de sinceridad: "¿Cómo os van a dar nada si os queréis ir?" Y yo le respondí que muchos catalanes que no quieren marcharse de España también están sufriendo las consecuencias. El desastre de Rodalies, la infrafinanciación de la sanidad o el déficit de infraestructuras perjudica indiscriminadamente a los ciudadanos de Catalunya, piensen lo que piensen, hablen lo que hablen y hayan nacido en Ripoll, en Cornellà, en Tánger o en Santa Cruz de la Sierra.
La ofensiva, pues, no es solo antiindependentista. Desde posiciones contrarias al independentismo se acusa a menudo al Govern de la Generalitat de gobernar solo para la mitad de los catalanes. Podría decirse también que el Gobierno del Estado gobierna contra los independentistas y de rebote contra todos los catalanes. Con el pretexto del procés soberanista, el Estado inició una auténtica ofensiva y ante la debilidad de la respuesta catalana, el ataque ha evolucionado in crescendo en todos los ámbitos, económico y financiero, industrial, empresarial, cultural y, por descontado, policial y judicial. Todo hace pensar que el Estado está aplicando de una manera más sutil aquella tesis mal atribuida al general Espartero, según la cual había que bombardear Barcelona cada 50 años. No hay iniciativa española que no implique un abuso o un perjuicio a la economía, a las infraestructuras, a las empresas o a la cultura del Principat. La lista es larga y aumenta cada día: presupuestos, inversiones, ley del audiovisual... incluso con una crueldad que parece no tener límite se pretende acusar a personas tan honorables, competentes y eficientes como la Dra. Carmen Cabezas y otros responsables de la sanidad pública a partir de una denuncia política de sindicatos policiales españoles vinculados a la extrema derecha. El Estado busca la derrota militar de Catalunya, quiere ganar la batalla del procés dejando a Catalunya KO, derrotada y empobrecida, para que no vuelva a levantar la cabeza y nadie hace de dique de contención.
Catalunya sufre un déficit democrático y de representación de los ciudadanos de Catalunya, con el pretexto del procés, el Estado mantiene in crescendo la ofensiva anticatalana en todos los ámbitos y no hay ninguna fuerza política ni social que, desde su proclamada españolidad, haga de dique de contención y defienda los intereses materiales de los ciudadanos de Catalunya, incluidos los que quieren seguir siendo españoles
Y eso pone de manifiesto un déficit democrático y de representación de los ciudadanos de Catalunya, porque no hay ninguna fuerza política ni social que defienda los intereses materiales de los catalanes desde la españolidad. A PP, Ciudadanos y Vox les interesa muy poco el bienestar material de la gente y se han centrado en ejercer de colaboradores necesarios de la represión y la persecución. Por su parte, el Partido de los Socialistas y los Comunes tampoco han movido un dedo para impedir que sus correligionarios del Gobierno discriminen a Catalunya con los presupuestos y las inversiones, y eso que la ministra de Transportes es catalana. Lo mismo se puede decir de patronales, sindicatos y otras entidades. Sí, esta semana han protestado cuando se han publicado las escandalosas cifras, según las cuales en Madrid se invierte casi el doble de lo previsto y en Catalunya bastante menos de la mitad. Sin embargo, el papel de las fuerzas políticas y sociales no es refunfuñar cuando ya está todo hecho, sino intervenir con antelación, ejercer su representatividad, negociar y presionar al Gobierno, presentar iniciativas, contener las discriminaciones y evitar el desastre. Es más o menos lo que hacen las organizaciones empresariales de Madrid, de Murcia, del País Valencià o del País Vasco. Es como si los agentes sociales de aquí, especialmente Foment del Treball o el Cercle d'Economia, tuvieran miedo de que los tomen por independentistas y los incorporen también a ellos a la lista negra del "a por ellos". Como en aquel chiste, sí que son catalanes, "pero no ejercen". Ni siquiera hacen de lobby, Manel. La ampliación fallida del aeropuerto es un ejemplo paradigmático del desiderátum.
El resumen es que, entre los unos y los otros, no hay quien haga el trabajo de representar y defender con eficiencia los intereses materiales de los ciudadanos de Catalunya. Desde el punto de vista democrático no se puede aceptar que el Estado discrimine a toda una comunidad por razones políticas. Desde un punto de vista realista sabemos que el Estado actuará sistemáticamente contra los independentistas. Sin embargo, las organizaciones sociales catalanas que asumen y proclaman su compromiso con España no han sido capaces de ofrecer ninguna alternativa, ni demostrar que su posición resulta más útil que el lamento de los independentistas. A menudo en el ámbito independentista se acusa a los partidos que gobiernan la Generalitat de falta de coraje, y ciertamente hablan mucho y hacen poca cosa, pero el unionismo catalán ha dejado aún más huérfanos de representación a los ciudadanos catalanes, los que quieren seguir siendo españoles y los que no, porque todos necesitan llegar puntuales al trabajo en el tren de Rodalies. Dicho de otra manera, los ciudadanos de Catalunya también necesitan unionistas valientes que los defiendan, que se atrevan a enfrentarse con el poder del Estado cuando haga falta, porque el servilismo y la reverencia son la expresión plástica de su real irrelevancia.