La celebración del Aberri Eguna de este año ha coincidido con el arranque de la larga precampaña electoral en el País Vasco para unos comicios que aún no tienen fecha pero que tendrán lugar entre septiembre y noviembre. Pese a ser conocido también como el dia de la Patria Vasca, la jornada ha dejado de tener aquel carácter reivindicativo de los años en que la organización la dirigían políticos alejados hoy de responsabilidades como Arzallus, Egibar o Ibarretxe. El PNV del lehendakari Iñigo Urkullu lleva tiempo midiendo con sutileza los pasos a dar en el complejo toma y daca entre Bilbao y Madrid, y aunque en público no constan discrepancias con el proceso catalán, el soberanismo que encarnan CDC y Esquerra sabe que lo máximo a lo que puede aspirar con dicha formación es a obtener unos cuantos gestos de simpatía.
Para el PNV la prioridad es preservar el concierto y estar en condiciones de realizar una buena negociación del cupo con el gobierno de turno. Sometido a vigilancia por parte de las autoridades de Bruselas, el concierto puede acabar desapareciendo a medio plazo y ese sería, aseguran, el peor escenario. Además, por primera vez un gran partido español (Ciudadanos) ha puesto la proa al singular sistema financiero vasco en aras de la unificación fiscal española.
Esta situación ha separado las agendas políticas de Catalunya y de Euskadi. Tanto que a ojos de Madrid el moderantismo reside a orillas del Cantábrico y no del Mediterráneo. Lo que no se explica es que la excepción foral ha permitido al País Vasco abordar la crisis económica con unas palancas superiores a otros territorios y, por ejemplo, la destrucción de empleo ha sido 7 puntos menos que la media española. No es extraño que, en este contexto, el PNV mire de ser bisagra en España y plantee su horizonte político en un estatus con soberanía compartida. Algo que una parte significativa del catalanismo dejó atrás tras la humillante sentencia del Estatut.