Caso de impacto

“Para la supervivencia democrática es esencial evitar acciones que respeten la ley escrita pero vulneren a todas luces su espíritu.”
Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias

¡Qué triste que ya para tantos no haya esperanza sino en las instituciones europeas!

Unos cuantos jueces españoles, ante la evidencia de que no iban a encontrar una respuesta institucional ni amparo de sus derechos en España, se remangaron y se fueron hace casi un año a obtenerla a Estrasburgo. ¿Les suena? Lo cierto es que cuando hay fuerzas profundas que no quieren que se analice una estropicio legal, solo queda el remedio de acudir a Europa, por ver si allí aún conservan la capacidad de distinguir lo que es lícito que suceda en una democracia y lo que no. El caso es que Estrasburgo dejó que su demanda pasara el primer filtro de admisión provisional —en el que caen la mayoría de los intentos— y ahí andan con la esperanza de que el TEDH se pronuncie sobre el entuerto que supone el bloqueo político de la renovación del CGPJ. Más curioso aún es ver lo que estos días la Abogacía del Estado ha alegado para intentar que ese control europeo no se produzca. Los paralelismos no voy a hacerlos yo.

En la escandalosa anomalía democrática que supone el bloqueo del Consejo, olvidamos a veces la situación en la que quedan todos los jueces que entraron en el proceso, que fueron avalados por sus compañeros o por sus asociaciones, y que desde 2017 esperan a la resolución de lo suyo. Porque hay una lista de candidatos seleccionada por los propios jueces, no lo olviden. También se obvia —por desconocimiento o porque no interesa— que esta renovación no depende de Sánchez y de Feijóo, como cosa suya, sino que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial ordenan a los presidentes del Congreso y del Senado que sometan estos candidatos a votación. ¿Por qué no se ha hecho? Pues porque como se precisan 3/5 de las cámaras para que salga adelante, necesitan votos de los dos grupos mayoritarios, PSOE y PP, y de ahí que esto se haya convertido en una cuestión de canje entre partidos. Podría haberse llevado a efecto esa votación parlamentaria por ver si lograban apoyo algunos candidatos o no. Votar es lo que tiene. Se confunde pactar antes de votar con no votar si no se pacta. Una locura y pongo ejemplo: para una investidura de presidente del gobierno conviene llevar pactada una mayoría, pero si no se logra, no nos quedamos sin votar la investidura y con el presidente anterior en funciones por los siglos. ¿Se imaginan? No demos ideas.

Si el sistema no colocó contrapesos y guardarraíles a estos ejercicios de filibusterismo fue porque a ningún constituyente, a nadie en realidad, se le pasó por las mientes que se llegara a un nivel de irresponsabilidad institucional de este calibre

Estos jueces que les digo fueron a Estrasburgo alegando que la dejación de funciones de las Cámaras al no cumplir la Constitución vulneraba los artículos 23.2 y 22 del Convenio Europeo. El tribunal ha aceptado estudiarlo y añade, por su cuenta, la posibilidad de una vulneración del artículo 8, por la incidencia que esta dilación de más de cuatro años haya podido tener en las vidas profesionales o privadas de los candidatos. Es más, el TEDH ha considerado las peticiones presentadas individualmente por todos estos miembros de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria como “Caso de Impacto” lo que significa que estiman que o su resolución puede modificar la jurisprudencia del tribunal, o puede dar lugar a exigir un cambio en la práctica de un estado miembro o, simplemente,  y me parece menos probable, que lo hacen porque es mediático.

Estos candidatos judiciales españoles, por supuesto, fueron antes al Tribunal Constitucional, que los mandó a esparragar con una inadmisión curiosa, al afirmar que su solicitud estaba fuera de plazo, por no haberla presentado justo al principio y haber esperado hasta que la situación se hizo intolerable. Se encontraron pues con que una inacción parlamentaria de este calado no puede ser controlada en España, puesto que no puede hacerlo la jurisdicción ordinaria pero tampoco lo hace el Tribunal Constitucional.

Y, además de cuestiones formales, eso es lo que ha alegado la Abogacía del Estado en el procedimiento de Estrasburgo, que se trata de un proceso político, que como precisa una mayoría reforzada hay que aceptar demoras y retrasos, y que no es susceptible de control porque es una actuación parlamentaria. ¡Vean bien lo que dicen!  Parece haber acciones o inacciones parlamentarias que pueden ser controladas por las jurisdicción penal y por el Tribunal Constitucional y otras que no tienen ningún tipo de contrapeso dentro del sistema y salen gratis. “Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende”, que diría el malogrado Pau Donés. Congreso y Senado se pasan por el forro la Constitución, vocales del CGPJ no nombrando a dos miembros del Tribunal Constitucional se pasan por el forro la Constitución y no pasa nada. Otros parlamentos deciden otras cosas y ya saben que sí. La intocable actividad o inactividad política parlamentaria también tiene clases.

Lo cierto es que si el sistema no colocó contrapesos y guardarraíles a estos ejercicios de filibusterismo fue porque a ningún constituyente, a nadie en realidad, se le pasó por las mientes que se llegara a un nivel de irresponsabilidad institucional de este calibre. No incluyeron, por tanto, ningún mecanismo de cierre o salida de esta insostenible situación que deja desnudos, a los ojos de Europa, fallos evidentes del sistema democrático español. De haber sabido hasta dónde podría llegar la desvergüenza y el manoseo se hubieran establecido mecanismos de cierre ante la negativa de los parlamentarios a cumplir su obligación, como el cese de los vocales caducados, el sorteo entre candidatos u otros.

Me gustaría que Europa les dijera algo a los candidatos eternos a vocales sobre el filibusterismo y el asalto al sistema a que estamos asistiendo, porque con ello nos dirían mucho al resto. Les agradezco como ciudadana que hayan tenido los arrestos de hacerlo. Esto es lo grave, que la única esperanza de imparcialidad para determinar el asalto a las instituciones y su puesta al servicio de los intereses de algunos venga, para tantos casos y para tanta gente, de instancias europeas. Eso sólo significa una cosa: Europa es el único freno que nos queda ante el derrumbe paulatino de nuestra democracia. Roguemos para que no colapse Europa.