Que la democracia participativa es un elemento caudal de las actuales sociedades sería una afirmación de notable consenso, y que, cada vez más, la ciudadanía debe poder dar su opinión —no basta con votar cada cuatro años—, también. Como lo es el hecho de que uno de los grandes retos que debemos abordar como humanidad es el cambio climático. Ahora bien, dicho esto, existen ideas de dudosa viabilidad: por los precedentes incumplidos, por el descrédito de la clase política y por el desencanto generalizado —fruto de años de desmovilizar y criminalizar— que se ha instalado en muchos movimientos sociales.

La Generalitat de Catalunya está en proceso de creación de la Assemblea Ciutadana pel Clima (que, dicho así, hasta suena bien). El ente estará formado por cien ciudadanos escogidos al azar —de entre 20.000 invitaciones enviadas— (esto ya no suena tan bien) y tendrán el encargo de analizar, deliberar y elaborar propuestas que puedan dar respuesta a uno de los grandes desafíos de futuro: el cambio climático. En la explicación oficial también dice que para participar no hay que ser ni científico, ni activista, ni es necesario tener conocimientos previos en la materia (y esto ya, chicos, chirría bastante).

La previsión es que estas cien personas se reúnan en seis sesiones de trabajo que se celebrarán entre noviembre de este año y febrero de 2024 —en las que estarán acompañadas por varios expertos de apoyo— y que tendrán lugar en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Vic. Para empezar, puestos a escuchar la voz del pueblo, ya sorprende que ninguno de los encuentros se haga en el delta del Ebro, el lugar de Catalunya más afectado por el cambio climático. Ni aunque sea por equilibrio territorial, no sería mucho pedir que nuestro Govern tuviera el marco mental de las veguerías —ley todavía no desplegada— y no el de las provincias.

Una asamblea de cien inexpertos escogidos al azar propondrá soluciones no vinculantes al cambio climático, y el Govern decidirá si las aplica o no

Las cien ciudadanas escogidas por sorteo (que cobrarán 65 € por sesión y tendrán todos los gastos pagados) debatirán sobre dos cuestiones específicas: las energías renovables y el modelo agroalimentario. No puedo evitar preguntarme si el sorteo hará que en el bombo esté algún campesino, o alguna bióloga, o algún geógrafo. O si serán ganaderos afectados o empresarios devoradores (el resultado final puede variar bastante, por mucho que el Institut d'Estadística vele por que sean perfiles diversos de la sociedad catalana). Dicha asamblea —financiada con fondos de la Comisión Europea— entregará sus recomendaciones al Govern de la Generalitat, que las evaluará y valorará su incorporación o no a las políticas públicas.

Y aquí también radica buena parte del recelo que despierta la iniciativa: ¿qué caso harán nuestros gobernantes de un documento que no tendrá carácter vinculante? ¿Qué caso se hizo del 9N? ¿Se aplicó el mandato de las urnas del 1 de octubre? ¿De qué sirven los espacios de supuesto debate (mesa de diálogo, mesa de movilidad, acuerdo de claridad) si después quedan en agua de borrajas y el diálogo no nos hace avanzar hacia la independencia, el transporte público —sobre todo Rodalies— sigue siendo una ofensa y la claridad propone cinco tipos de referéndums, como si eso fuera la gran novedad?

Las asambleas por el clima son mecanismos de participación bastante habituales en Europa y, hasta la fecha, países como Francia, el Reino Unido o Alemania ya han impulsado algunas. En el estado español y en la ciudad de Barcelona se constituyeron asambleas por el clima durante 2022, que elaboraron sus documentos de conclusiones y propuestas. Ahora, el Principat sigue aquellos mismos pasos y, más allá de su contenido concreto —la falta de pericia de sus miembros puede condicionar el resultado, aunque también pueden surgir ideas aprovechables—, preocupa que las soluciones expuestas se queden en propuestas y adiós muy buenas.

Y es que al ayuntamiento de la capital catalana ya se le hizo entrega del documento final (la exalcaldesa Colau recibió las 34 propuestas en enero de 2023) y en el estado español, Pedro Sánchez hizo lo mismo en junio de 2022 y ya tiene en sus manos las 172 sugerencias hechas por la población aleatoria. En Barcelona, la vara ha cambiado de manos. En el Estado, el gobierno está en funciones y, por ahora, la pelota todavía está en el tejado. Varían los gobiernos, el tiempo pasa, los presupuestos se agotan antes de tiempo y las ideas van quedando en aquellos cajones en los que el polvo no se limpia nunca.

Si a menudo no se cumplen ni las leyes aprobadas, a saber si se cumplirán las recomendaciones de la calle. Y mientras tanto se habrá anunciado que se está haciendo algo

Quizás fuera quien fuera el que tuviera la ocurrencia inicial, en Bruselas o en cualquier despacho europeo, lo hacía de buena fe y con cierto criterio, pero no basta con la buena intención para que una acción sea buena. Si se estuviera hablando de temas de salud, por ejemplo, ¿pondríamos en manos de inexpertos las decisiones importantes? Aparte, si los acuerdos no son vinculantes, poco podemos fiarnos de que el político de turno los acabe aplicando. Lo sabemos bien quienes desde numerosas plataformas sociales llevamos décadas cortando vías y carreteras, y haciendo manifestaciones y reuniones. Primero todo son buenas caras —no siempre, claro está— para, después, donde dije digo, digo Diego.

Seguramente habréis visto el anuncio en la televisión, a bombo y platillo, que una buena campaña publicitaria es importante para acompañar a una iniciativa de este tipo y presentarla como bonita. Lo describen como una herramienta pionera de democracia deliberativa, pero lo cierto es que, detrás de esta definición tan rimbombante, parece más una limpieza de imagen institucional. Una inversión de tiempo, dinero e ilusiones que no sabemos adónde conducirá. Si demasiado a menudo no se cumplen ni las leyes aprobadas, vete a saber si se cumplirán las recomendaciones de la calle. Y mientras tanto se habrá anunciado que se está haciendo alguna cosa.

Ya perdonaréis mi escepticismo —ojalá me equivoque y resulte que la cosa funciona— pero es llevamos años oyendo hablar de cumbres por el clima, topes de emisiones y convenciones variadas, llevamos muchos años siendo expertos en debates constituyentes y consejos asesores y, por ahora, todo parece un día de la marmota de los que no hacen gracia, porque cuando las soluciones propuestas llegarán a los parlamentos o a los responsables gubernamentales, ejecutarán solo las que crean oportunas —si es que lo consideran— y se implantará de nuevo el descrédito por los incumplimientos y el desánimo en la sociedad que, en la próxima ocasión, no querrá participar. Gato escaldado, con agua tibia tiene bastante.