Para algunos, todo se soluciona metiendo la basura debajo de la moqueta, esa es una práctica muy extendida en sociedades con escasa cultura democrática y con opinadores bien subvencionados, pero no en aquellas democracias que no requieren ni de muletas ni de adjetivos calificativos.

Ahora, que es cuando se trata de meter bajo la moqueta la voluntad de varios millones de catalanes, es justo cuando se nos quiere hacer creer que los problemas y las causas surgidas de la represión son cosa del pasado; sin embargo, no solo no lo son, sino que forman parte del presente y del futuro de casi cuatro mil ciudadanos que, más temprano que tarde, nos veremos enfrentados a los Tribunales, unos por ejercitar sus derechos y otros, por hacer nuestro trabajo defendiéndoles.

Vengo insistiendo desde hace tiempo en que la desjudicialización del conflicto entre España y Catalunya no está en manos de los políticos sino de aquellos a quienes se les cedieron las competencias para, supuestamente, resolver dicha confrontación; nada indica que eso vaya a pasar y, por eso, no podemos seguir creyendo en quimeras que, tal cual sucede con las mentiras, tienen las patas cortas.

El espionaje constante, masivo, abusivo y alejado de la investigación real de cualquier conducta delictiva es un claro síntoma de que nada ha cambiado ni nada va a cambiar mientras no se dé un fuerte golpe de timón sistémico que permita llevar a un modelo de sociedad y de sistema político auténticamente enfermo hacia un estadio más democrático en el cual un poder del Estado no se superponga al resto, sino que actúen bajo una dinámica de pesos y contrapesos.

Día a día vamos viendo que algunos órganos judiciales han estado investigando de forma masiva a ciudadanos cuyo único delito ha sido el de ser independentistas que, para los investigadores, es un crimen de lesa patria que les permite usar todos los recursos del Estado para reprimirlos.

El espionaje constante, masivo, abusivo y alejado de la investigación real de cualquier conducta delictiva es un claro síntoma de que nada ha cambiado ni nada va a cambiar mientras no se dé un fuerte golpe de timón sistémico

Si bien es necesario que los cuerpos y fuerzas de seguridad cuenten con los medios y mecanismos para investigar y perseguir la comisión de delitos, igual de necesario resulta que existan mecanismos que impidan que esos mismos cuerpos policiales puedan investigar, impunemente, a los ciudadanos no en función de sus actos sino de sus creencias y militancias.

En realidad, los mecanismos existen, pero están en manos de quienes no tienen ningún contrapeso que les impida, convirtiéndose en parte del problema, abusar de sus poderes y, además, malgastar los recursos públicos sin ningún tipo de control.

Algún día, cuando España transite realmente hacia una democracia que no requiera de muletas ni adjetivos, se sabrá cuánto ha costado la represión al independentismo catalán y cuántas líneas rojas se han cruzado en defensa de la sacrosanta unidad de la nación española; mientras tanto, no nos queda más remedio que seguir denunciándolo y, al mismo tiempo, documentándolo para la posterior exigencia de responsabilidades.

Igualmente, no nos queda más remedio que seguir reclamando que los políticos dejen de engañarnos hablando de algo que ni está ni se la espera: la desjudicialización de la política.

En estos días hemos tenido conocimiento, por diversos medios de comunicación, de abusivas y prospectivas investigaciones judiciales y policiales en contra de independentistas catalanes en las que se han usado medidas de intervención telefónica y, también, otras mucho más intrusivas como son el uso de spywares y otros sistemas de espionaje electrónico.

Ha sido gracias a los medios de comunicación que hemos tenido conocimiento de estas causas prospectivas, que no investigan hechos sino personas, no indagan delitos sino ideologías, pero en esa aproximación a los casos noto que falta un paso más: los medios no solo tienen que informar sobre el contenido de esas causas sino sobre la gravedad que conlleva la propia existencia de esos procesos para la salud democrática.

Es decir, no basta con contar los entresijos de los sumarios, sino que hace falta dar un paso más y comenzar a indagar sobre aquellos aspectos de estos que afectan a la salud democrática, más bien a la existencia misma de un sistema democrático, si es que así se le quiere denominar, aunque no lo sea.

Es hora de preguntarnos algunas cosas que a todo demócrata le deben preocupar y, al mismo tiempo, tratar de obtener respuestas mínimamente razonables; por ejemplo, deberíamos preguntarnos:

¿Es democrático investigar personas en lugar de hechos?

¿Es democrático usar los recursos públicos para investigaciones prospectivas de aquellos a los que, previamente, han sido calificados de enemigos?

¿Es democrático desconocer cuántos recursos públicos se han empleado en causas judiciales que solo pretenden la criminalización de un movimiento político?

¿Pueden los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado instalar programas espía en los teléfonos de sus ciudadanos, y los jueces autorizarlos, sin que exista la previa comisión de un delito?

Quienes están en condiciones de generar opinión están más interesados en defender sus chiringuitos, sus fuentes de subvenciones y sus redes de poder que en mejorar la calidad democrática de un Estado al que tanto dicen amar.

Estas son algunas de las interrogantes que tengo, pero podría llenar páginas con ellas, aunque con solo responder claramente a las anteriores tendríamos para comenzar porque la auténtica noticia no es el contenido de esos procedimientos, sino su existencia misma.

El problema, que también refleja un fallo sistémico, es que quienes están en condiciones de generar opinión están más interesados en defender sus chiringuitos, sus fuentes de subvenciones y sus redes de poder que en mejorar la calidad democrática de un Estado al que tanto dicen amar.

Si existiese un movimiento informativo y una generación de opinión suficiente sobre lo que realmente representan todas estas causas y actuaciones de las que nos estamos enterando, sin duda que las cosas comenzarían a cambiar pero, en lugar de cumplir con sus obligaciones constitucionales, aquellos que pueden generar opinión están más dedicados a reírse de los adversarios y arrodillarse ante los poderosos que a indagar sobre los auténticos males de una sociedad que no solo no es una democracia no necesitada de adjetivos, sino que cada día avanza más y más de prisa hacia un sistema político en blanco y negro.

Una auténtica jugada maestra del periodismo patrio, del que tanto se jactan algunos, consistiría en contar lo que saben en lugar de limitarse a exponer aquello que les interesa que se sepa bien a ellos mismos o a quienes ellos, consciente o inconscientemente, sirven. A partir de ahí, seguramente comprenderán mejor a las personas, aún ciudadanos, sobre los que vierten sus insidias y maledicencias, también sus mofas.

La opinión, pero también la información, se ha convertido hace ya mucho tiempo en un buen negocio, uno que no da ningún buen producto, aunque nos lo presenten como tal; las muestras están ahí, las estamos viendo cada mañana y nada de lo que nos cuentan sirve para construir una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más democrática, una sociedad en la que todos nos sintamos cómodos… pero así están las cosas y cada cual con su responsabilidad.