Entre otras cosas este será el año de los corruptos. Lástima que la ONU no lo haya declarado así todo el año, y se limite sólo al día Internacional contra la Corrupción, que es el 9 de diciembre.

¿Por qué será el año de los corruptos? Porque, por fin, conoceremos buena parte del grueso de las sentencias de los juicios abiertos en 2016 y tendremos otras nuevas a todo el largo de 2017.

Así y todo, a pesar del asedio judicial al que los corruptos están sometidos, una serie de cuestiones llaman poderosamente la atención y se resumirían en el cobijo que el régimen ha dado a algunos aspectos.

Las únicas instancias ajenas a la corrupción que restan y que pueden hacer temblar el sistema –y de hecho lo han conseguido en alguna medida- son los jueces y los medios de comunicación. Cada una de estas instancias, dentro de la función de sus roles, han acosado a los corruptos –no tanto los corruptores. Es patente que han infligido daños. Los media se han visto sacudidos como cuando un oso sacude un arbusto: una buena parte de sus profesionales más punzantes han habido, para decirlo suavemente, migrar a plataformas nuevas, apasionantes, pero de incierta diana: más independencia, pero menos visibilidad. De todos modos, con lo que queda en los medios tradicionales y con el empuje de los nuevos hemos asistido al desnudo de la inmundicia de la corrupción, con un fracaso relativo en la esfera electoral, salvo en Catalunya. Ni Convergència ni Unió existen como tales, ni solas ni en pareja de circunstancias -el PDeCAT es un pálido reflejo de lo que CDC llegó a ser- y el PSC flota próximo a la marginalidad.

Los jueces han dado, en general y a cuerpo descubierto, un do de pecho, haciendo gala de su independencia

Los jueces han dado, en general y a cuerpo descubierto, un do de pecho, haciendo gala de su independencia. Aquí y no en ningún otro sitio es donde radica la causa de que el gobierno del PP no haya dotado de medios a los juzgados de instrucción con el fin de investigar las causas.

En efecto, no ha creado ningún organismo judicial nuevo en 5 años, ha desmontado las unidades conjuntas de investigación policía-Hacienda y ha buscado por todos los medios desestabilizar a los jueces instructores. La muestra más patente la encontramos en el hecho de que, con razones más que cuestionables, impulsó la condena penal del juez Garzón y su expulsión de la carrera judicial. Igualmente, hizo lo imposible, desde el Ministerio de Justicia y desde Consejo General del Poder Judicial, que domina sobradamente, para entorpecer la tarea de su sustituto provisional, hasta hace un año, el juez Ruz.

Por otra parte, retrasa tanto como puede -cuando no hace que se ahogue directamente por parte de los órganos correspondientes de Hacienda o de la Intervención General del Estado, la colaboración debida- la elaboración de los informes que son necesarios en los procesos para establecer las dimensiones de los fraudes cometidos.

El Ministerio Fiscal, que depende del Gobierno, impulsa de forma desigual los procesos. Desde Gürtel a las Tarjetas Black pasando por el caso Noos

El Ministerio Fiscal, que depende del Gobierno, impulsa de forma desigual los procesos. Desde Gürtel a las Tarjetas Black pasando por el caso Noos. Muy singularmente en los juicios orales, tal como refieren las crónicas, al acusador público le ha faltado intensidad. Llama la atención el trato más bien blando y poco punzante hacia algunos corruptores, fueran imputados o testigos.

Este es un punto especialmente sensible. Si bien no hay corrupción sin corruptores, los corruptores no menudean en el banco de los acusados; ya sea por la proclividad a hacer pactos –legítimos-, si se devuelve lo que se ha defraudado y se confiesa la culpabilidad, ya sea por un laissez passer con los corruptores no imputados por una concepción peculiarmente laxa de la prescripción penal. En general, los corruptores están saliendo muy bien parados.

La piedra de toque, por ahora, será el caso Gürtel, que tiene como coprotagonistas enfrentados a Bárcenas y Correa. Ambos, aspectos personales aparte, manifiestan intentos de pacto diferentes: Bárcenas parece que con el PP; y Correa, con el fiscal. Parece. Ninguno de los dos, más allá de revelaciones que ya eran evidentes por otros medios de prueba, no se puede decir que hayan confesado nada que no fuera conocido. Y de reparar económicamente los daños, nada de nada. Es más, podríamos decir que disponen de importantes reservas patrimoniales fuera del alcance de la jurisdicción española, que no piensan, claro, repatriar.

Habrá que estar muy atento tanto a la sentencia del primer caso Gürtel como a la de las Blacks. Nos darán pistas de cómo la Justicia, cuando menos en primera instancia, ha digerido estos relevantísimos casos de corrupción. También extraeremos conclusiones de cómo se ha comportado el Ministerio Público.

Y no es en absoluto menos importante, cómo se comporten Instituciones penitenciarias y la Oficina de recuperación de activos –introducida por la última reforma del Código Penal, pero nunca más se ha oído hablar de ello. Las dos dependen del Gobierno. Será muy revelador el trato que den a los condenados y los regímenes que les apliquen. De nuevo, y con el indulto siempre en la manga, el Gobierno –y sólo él- tiene la llave del definitivo entierro de la corrupción.

Todo dependerá de si permite que lo realice la Justicia, con los medios adecuados, o de si seguirá poniéndole palos en las ruedas, dando así cuerpo a la peculiar lucha de los conservadores contra la corrupción.

Será un buen año, pero no tenemos claro todavía para quién.