Hay un trasfondo político en la repetición de los incendios forestales que Enric Adell, alcalde de Paüls, podía decir más alto, pero no más claro: “Muchas veces se legisla desde la distancia y quienes lo sufrimos somos nosotros, que vivimos aquí.” En el mismo sentido, Roger Avinyó, alcalde de Xerta, denunciaba que “algo no se está haciendo bien (…). Somos una parte de Catalunya y necesitamos la misma atención que el resto del territorio.” Esta falta de atención tiene una explicación política que conviene poner de manifiesto. El sistema les perjudica objetivamente porque el desequilibrio territorial no se compensa democráticamente.

Las causas de los incendios devastadores son bien conocidas: el cambio climático, el abandono de los cultivos y la despoblación. El Registro de Tierras de Catalunya (creado en 2023) identifica casi 100.000 hectáreas de cultivos abandonados. Según el proyecto Pueblos Abandonados (UAB–IRMU), en las Terres de l’Ebre hay una veintena de núcleos en situación crítica: doce están ya completamente desiertos, dos muestran signos de repoblación estacional y seis aún mantienen menos de treinta habitantes. Se detectan casos en todas las comarcas: Montsià, Terra Alta, Ribera d’Ebre y Baix Ebre.

El comentario tópico de los expertos cuando se declaran incendios forestales en verano suele ser: “El fuego se apaga en invierno”, en el sentido de que es en invierno cuando deben gestionarse los bosques para evitar la acumulación de material combustible antes de que llegue el calor. El diagnóstico de la situación y las medidas para revertirla también son conocidas. La gestión activa consiste en hacer clareos (eliminar parte de los árboles para reducir densidad); retirar sotobosque (matorrales, ramas, etc.) y establecer franjas de protección alrededor de núcleos habitados. En las Terres de l’Ebre, el regreso de rebaños a zonas abandonadas está recuperando prados y reduciendo el riesgo de incendios. Dejar pastar cabras, ovejas o vacas en zonas boscosas ayuda a mantener limpio el sotobosque, evita el crecimiento excesivo de vegetación inflamable y fomenta la vida económica en zonas rurales.

Hay otras iniciativas no solo para evitar incendios, sino también para reequilibrar los territorios, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que habitan la Catalunya rural e incentivar la repoblación. Una de las claves para evitar el abandono es que la gestión sea rentable, y eso requiere potenciar la economía forestal, dando valor a la madera y al bosque, y no solo al turismo.

El abandono de la Catalunya rural se debe a su falta de influencia política, acentuada por una ley electoral que prácticamente la deja sin voz

Así que todo está muy claro: lo que, lamentablemente, ocurre y lo que se debe hacer para que no vuelva a pasar. A pesar de eso, y de los avances tecnológicos y el crecimiento económico, la vida en el ámbito rural se ha hecho progresivamente más difícil: hasta 600 municipios sufren la falta de servicios básicos (educación, sanidad), afectando a más de 16.000 personas que viven en zonas muy dispersas. La movilidad rural sigue siendo una barrera crítica: hay falta de transporte público intermunicipal, dificultando el acceso a escuelas y servicios.

Así pues, están identificados el problema y la solución, pero van pasando los años, el cambio climático agrava la situación y las medidas a aplicar tardan en llegar. Y si no llegan, es por falta de inversión. La decisión de invertir corresponde a los gobiernos, pero como los recursos siempre son escasos, los gobernantes deben fijar prioridades, y las necesidades del ámbito rural nunca son prioritarias...

La distribución desigual de la población en Catalunya hace que los gobiernos se preocupen principalmente de las zonas más pobladas, que es donde recogerán más votos. En las zonas rurales vive poca gente, cada día menos, y su influencia política es prácticamente nula. Tendrían más influencia si tuvieran una representación política propia. Ahora mismo, el distrito electoral de Paüls es el mismo que el de Tarragona y Reus, con intereses muy distintos y donde se disputan muchos más votos que en las Terres de l’Ebre. Un diputado elegido solo por las Terres de l’Ebre haría mucho más trabajo por la zona si su escaño dependiera de su labor sobre el territorio y no de su obediencia al partido que lo patrocina.

A menudo e interesadamente los partidos con más implantación en las áreas urbanas sostienen que el voto rural está injustamente sobrerrepresentado, pero si partimos de la base de que la democracia debe garantizar los mismos derechos y oportunidades a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, fácilmente llegaremos a la conclusión de que los ciudadanos de las zonas menos pobladas sufren con el sistema actual una discriminación evidente.

La pervivencia del ecosistema rural también es una necesidad para el conjunto del país y, a estas alturas, quien no lo quiera ver será porque sus intereses son contrarios al interés general del país

La canción de “una persona, un voto” es una falacia, primero porque nadie vota dos veces, y llevando esta filosofía al extremo, los candidatos no perderían un minuto en hacer campaña ni los gobiernos en ocuparse de los problemas de las zonas donde apenas recogerían un puñado de apoyos. De hecho, eso es lo que está ocurriendo.

La representación proporcional no siempre es la más justa. No es injusto que un diputado de las Terres de l’Ebre necesite muchos menos votos que uno de Cornellà de Llobregat para ser elegido. Pongamos un ejemplo. Si el de Cornellà hace campaña con un megáfono, puede hacer llegar fácilmente su mensaje a miles de personas. El de las Terres de l’Ebre, de Arbúcies, de El Prat de Comte o de Els Plans de Sió no podrá hacer campaña con un megáfono porque no lo oirá nadie: tendrá que trabajarse el territorio personalmente, casi casa por casa, para que lo escuchen. Entre muchas otras ventajas, el de Cornellà tendrá muchos más recursos, internet y wifi a su disposición, mientras que a según qué pueblos no llega ninguna señal. El Baix Llobregat, los Valleses o el Tarragonès no necesitan tantos diputados para hacerse oír, mientras que las Terres de l’Ebre, con solo cinco y sometidos a la disciplina de partido, no son suficientes para atender a los pocos ciudadanos de Xerta, Paüls o Alfara de Carles. Y la lista podría alargarse. Peor lo tienen los pueblos de la Alta Ribagorça o los de los dos Pallars.

Para asegurar igualdad de derechos y oportunidades, el sistema debe garantizar que todos tengan la misma voz y capacidad de influir. Esto requiere una ley electoral con distritos mucho más pequeños, uninominales o con listas abiertas, que acerquen los representantes a los representados y que los diputados deban rendir cuentas ante sus votantes. Un sistema equilibrado como el que funciona en Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

La ley electoral que se aplica en Catalunya, que de catalana no tiene nada, no se ha podido modificar en casi medio siglo porque las oligarquías de los partidos no lo han permitido. El cambio afectaría, obviamente, a la correlación de fuerzas y los partidos urbanitas se verían obligados a arremangarse y trabajar por el conjunto del territorio. No podrían conformarse, como ahora, con sus feudos metropolitanos. Tiene toda la razón el alcalde de Xerta, Roger Avinyó, cuando denuncia que “el ecosistema rural no recibe la misma atención” y que, en el momento crítico de los incendios, “todo el mundo hablará de ello, pero se olvidarán, y solo los del pueblo lo recordaremos.” Y aquí hay que añadir que la pervivencia del ecosistema rural también es una necesidad para el conjunto del país y, a estas alturas, quien no lo quiera ver será porque sus intereses son contrarios al interés general del país.