"Cuando los Dioses nos quieren castigar, escuchan nuestras plegarias”
Oscar Wilde

 

No le ha salido mal al futuro candidato Sánchez la reforma del delito de malversación a través de la cual consiguió el apoyo para sacar adelante unos presupuestos que le aseguraban la gobernación durante el último año de la legislatura, plagado de convocatorias electorales. Reparemos en que en el relato de estos días, Feijóo se ha aferrado a la reforma de la sedición, delito indultado que no cambia para nada la situación, pero se ha tenido que comer toda su diatriba sobre la corrupción y sobre una reforma del Código Penal hecha para beneficiar a los independentistas. En cuestión de relato, Sánchez lleva mano.

Si uno echa la vista atrás, puede pensar que no ha habido ninguna sorpresa ni en Moncloa ni en Ferraz sobre la interpretación hecha por el Tribunal Supremo respecto a la nueva redacción del tipo de la malversación. Repasando la hemeroteca podemos ver que ya en el puente de la Purísima, uno de los jueces del Ejecutivo, Grande-Marlaska, afirmaba taxativamente que no iba a haber ninguna rebaja de pena por esta reforma. A partir de ahí, durante todo el recorrido de la reforma exprés, desde la portavoz del Consejo de Ministros hasta el propio presidente del Gobierno en su última rueda de prensa del año, afirmaron con toda rotundidad que no habría ninguna rebaja de penas. ¿La ha habido? ¿Podemos afirmar que han sido sorprendidos por la interpretación de Marchena y su unánime tribunal?

 Ha pasado lo que era previsible que pasara, porque era lo que el Supremo viene diciendo desde hace medio siglo.

No lo creo. Es evidente que a los republicanos catalanes se les concedió exactamente la reforma que habían exigido. Ahí no hay ni trampa ni cartón. Cosa distinta es que en los cenáculos jurídicos, los que no querían hacerle la campaña a Feijóo, se supiera que el despenalizar la malversación sin ánimo de lucro dependía, sobre todo, del concepto jurídico de ánimo de lucro asentado desde hace muchas décadas. En el lenguaje florido de los políticos, ánimo de lucro se cambiaba a menudo por “meter la mano en la caja” o con “llevárselo crudo”, pero lo cierto es que hacía muchísimo tiempo que los tribunales habían establecido un concepto de ánimo de lucro mucho más amplio. “El ánimo de lucro ha de ser interpretado como propósito de cualquier tipo de enriquecimiento, ganancia económica, provecho o ventaja, siendo indiferente que el ánimo de lucro sea propio o ajeno, y siendo también indiferente que el móvil o causa última sea la mera liberalidad, la pura beneficencia o el deseo de enriquecer a los terceros, pues en cualquier caso estas finalidades últimas son ajenas al tipo”, y lo estoy copiando de la STS 797/2015 de la que fue ponente Cándido Conde-Pumpido hace, como ven, ocho años. Es un ejemplo que cita Marchena, pero hay muchísimos que demuestran que es jurisprudencia asentada que se entiende como ánimo de lucro casi todo aquello que te vaya bien en cualquier sentido. La interpretación de que usar dinero público para hacer un referéndum les iba bien a los políticos independentistas estaba cantada, y era imposible que los socialistas no confiaran en que esta fuera la que se hiciera.

Ahora ya me cuentan qué futuro tiene el recurso de Junqueras al TC, presidido ahora por el propio Conde-Pumpido, que o bien se inadmite o bien podemos apostar a que no se resuelve antes de las elecciones generales. Hay mucho atasco.

Si seguimos el hilo, veremos como la instrucción remitida por el fiscal general del Estado a todos los fiscales de España sobre cómo interpretar el nuevo tipo decía exactamente lo que dice esa doctrina tan firmemente asentada. Copio de la propia Fiscalía: “Por consiguiente, el ánimo de lucro también se apreciará cuando el responsable del delito no persiga la obtención de una ventaja patrimonial o un incremento económico personal”. No vamos a ser tan lerdos de pensar que el fiscal general le estaba quitando la razón al Gobierno y, por tanto, tampoco podemos convenir en que Marchena los ha revolcado, y menos en que les ha obedecido. Ha pasado lo que era previsible que pasara, porque era lo que el Supremo viene diciendo desde hace medio siglo. ¿Quién no lo previó, o sea, no lo vio venir?

Hay, eso sí, una pulla clara de Marchena hacia los redactores del nuevo artículo cuando afirma que su regulación del delito sin ánimo de lucro es igualita que la que era vigente en el código del franquismo. Eso es cierto, puesto que no había sido tocado hasta que lo hizo Rajoy para castigar a los catalanes, pero además va con retranca. Incluía entonces e incluye ahora la necesidad de devolver el importe en un plazo de diez días que tampoco se habría cumplido en el caso de admitirse que no existió ánimo de lucro. 

Podríamos decir que se han encontrado con un bingo, pero no que lo hayan buscado, dado que aceptaron sin reservas el contenido de la reforma que se les planteó.

Así que a Sánchez le ha ido bastante bien. Tiene sus presupuestos, tiene la seguridad de que Feijóo no podrá acusarle en campaña de cambiar la ley para beneficio de sus socios catalanes e, incluso, se puede permitir decir que a lo mejor hasta le entregan a Puigdemont, porque esto no se lo van a desmentir antes de las elecciones por pura cuestión de plazos europeos. Podríamos decir que se han encontrado con un bingo, pero no que lo hayan buscado, dado que aceptaron sin reservas el contenido de la reforma que se les planteó. Las posibles consecuencias en forma de futuros nuevos ingresos en prisión de Salvadó, Llové y otros 25 altos cargos no tienen recorrido a nivel nacional. No van a entrar en el debate electoral si acaso como refuerzo de que Sánchez no se ha vendido por un plato de votos. Las consecuencias para el relato de ERC, obviamente, serían diferentes.

Tampoco la respuesta del tribunal sobre la sedición ha perjudicado mucho el relato de los socialistas. Es un delito indultado y, por tanto, no tiene consecuencias obvias para el votante medio, más allá de los dos párrafos que ha introducido Marchena para hacer algo impropio del tribunal, como es avisar de que a partir de ahora, intentar la independencia sin violencia no será delito. O yo me estoy ya volviendo loca o eso era exactamente lo que muchos defendíamos desde el principio, antes de que Maza intentara construir una rebelión y el Supremo nos hablara de la violencia ambiental para calzarse una condena por rebelión.

Sucede que, en medio del revuelo por la cagada de la ley de Irene Montero, mucha gente pensó que esas seguridades del Gobierno sobre lo que no pasaría con la malversación eran más de lo mismo, pero, como se ha comprobado, no era así. Los socialistas tienen juristas serios asesorándoles, y cuando lograron acallar a sus barones tras hablar con ellos y empezaron a machacar con la seguridad de que nada pasaría, no lo hacían a humo de pajas. ¿Y después? Lo que suceda después es otra pantalla. En pleno año electoral no se van a producir nuevos pactos, que ni harán falta ni nadie en Madrid o Catalunya cuenta con ellos, y tras las elecciones, una nueva aritmética pondrá el contador a cero. Las posibles consecuencias nefastas del nuevo delito de desórdenes públicos en la libertad para la protesta y el activismo no serán inmediatas. Ese riesgo no es a corto plazo y puede que les explote a otros.

Bingo para Sánchez, otros no han cantado ni línea.