Ya sabemos que las campañas electorales son un ejercicio donde el gimnasio de la retórica tiene por desgracia mucha más importancia que la musculatura de ideas pero, sin embargo, últimamente resulta chocante el afán de muchos líderes independentistas para deshacerse del discurso sobre la unilateralidad, como si la sola palabra fuera una lacra proscrita. Así lo ha hecho Marta Rovira, afirmando que todo eso de la vía unilateral del independentismo "es un invento del Estado" o también el president Puigdemont, que no se cansa de recordar que la única unilateralidad cometida los últimos meses por alguien consiste en la aplicación del artículo 155. En resumidas cuentas, que dos políticos clave en una hoja de ruta que tenía prevista la aplicación del resultado del 1-O ahora digan que eso de la unilateralidad viene de París como los niños no responde sólo a las piruetas imaginativas y electorales, sino que manifiesta un cierto cambio de rumbo.

Que se pretenda borrar la unilateralidad de los preámbulos del 21-D puede tener dos derivadas muy diferentes. Primera, que el soberanismo haya admitido la coacción del Estado como una realidad granítica (sea a través del uso de la violencia o de la amenaza real de privar de libertad a los políticos que tengan la osadía de intentar la secesión de nuevo) y que esta asunción coercitiva lo haya hecho optar en el futuro por el camino de la negociación de la independencia con Rajoy. Segunda, que el independentismo esté optando por erosionar el mandato popular del 1-O, lentamente y por el camino del olvido o la desidia, hasta convertirlo en un mero acto reivindicativo de aquello que habría podido ser y no fue. Sea cuál sea la elección, y las estrategias que os acabo de explicar no me parecen excluyentes, diría que nuestra tarea, como siempre, será la de exigir claridad a nuestros futuros diputados.

¿Si ya hicimos un referéndum, por qué tenemos que hacer otro? ¿Y, si lo tenemos que volver a hacer, por qué tiene que estar bajo el yugo de la legalidad española? 

Si el independentismo vuelve a la vía del diálogo con Madrit (lo cual no implicaría hablar sobre la independencia, de la que cualquier presidente español no querrá ni hablar), los líderes convergentes y republicanos tienen la obligación de decir a los electores cuáles serán los términos de este nuevo espacio de diálogo y, sobre todo, a qué están dispuestos a renunciar si el precio de la conversación es atacar la omnipresencia del artículo 155. A su vez, si los futuros mandatarios de la Generalitat aceptan que el 1-O no se podrá aplicar jamás de los jamases también tienen la obligación moral de ser sinceros con los electores que se dejaron romper la cara para poder votar. En el primer caso, la duda de todo es si el electorado podría aceptar un cambio de rumbo del independentismo con la excusa de sumar más complicidades. En el segundo, los electores tendrían que saber de la manera más clara posible si les han tomado el pelo.

Que Rovira y otros líderes de ERC, copiando punto por punto la retórica masista del 9-N, ya hablen del 21-D como "el referéndum que Rajoy no se atrevió a pactar", denota que la memoria del 1-O se empieza a pervertir de una forma bastante descarada. ¿Si ya hicimos un referéndum, se preguntan tanto el catedrático de Física como la ama de casa, por qué tenemos que hacer otro? ¿Y, si lo tenemos que volver a hacer, por qué tiene que estar bajo el yugo de la legalidad española? Todas estas preguntas responden a una misma cuestión de base, que seguramente será muy dolorosa para algunos lectores. ¿Si el independentismo fue incapaz de aplicar los resultados del 1-O, por qué nos tenemos que creer ahora que lo hará con una mayoría en el Parlament? Entiendo que las preguntas escuezan, porque obligan a reflexionar si ahora, con medio Govern en la prisión, seremos más fuertes que el 1-O, cuando teníamos toda España acojonada y su policía impotente.

Sea como sea, mi posición es nítida y clara. A mi entender, y después de la no aplicación de la ley de transitoriedad y del referéndum, cualquier político que no esté dispuesto a la vía unilateral no tiene legitimidad para contribuir a las elecciones del 21-D. Así de claro, así de difícil.