El debate de política general más intrascendente y desaliñado de toda la historia política occidental ha acabado hoy mismo mientras conocíamos la noticia que el juez Manuel García-Castellón enviaba a siete miembros de los CDR a prisión preventiva sin fianza. Ya podemos sumar, en definitiva, más ciudadanos a la lista de presos políticos, porque de ahora en adelante todos compartirán igual condición.

La mala ventura no es sorpresa: desde la última reforma del Código Penal de 2015 ―en la cual, por aquellas cosas que tiene la vida, Convergència i Unió tuvo la brillantísima idea de abstenerse―, la judicatura estatal puede enchironar a cualquier grupúsculo semi o pseudo-armado que pueda haber ideado actos de sabotaje o coacción acusándolo de terrorismo o de rebelión con perfecta legitimidad. Hasta Joan Coscubiela, pobrecito mío, había advertido a los miembros de la antigua Convergència que se opusieran a dicho cambio casi dictatorial, que volvía a subsumir el desorden público o la protesta legítima a penas propias de actos con violencia física “porque si no, cualquier día se la van a aplicar a ustedes mismos en Cataluña”.

¿Y qué hacían nuestros parlamentarios mientras sus votantes eran enviados al trullo en una furgoneta? Pues aprobar mociones interesantísimas para el bien de la humanidad, como la que promueve la enésima apuesta por la desobediencia institucional, la amnistía, la retirada de la Guardia Civil del territorio y, porque sus señorías no tuvieron más tiempo, que de lo contrario habrían aprobado alguna cosa relativa al sexo angélico. Todo ello, no hace falta ni decirlo, de forma simbólica, que es la spécialité de la maison. Éste es el verdadero leitmotiv de la política catalana, una forma de vivir puramente declarativa, de una finísima prosa intencional. Y bien, mientras todo esto va pasando, la Guardia Civil patrulla la mar de tranquila por Catalunya, y el próximo puedes ser tú. Lo volverán a hacer, faltaría más. Nada se lo impide.