Mientras el independentismo se indigna deportivamente con la retórica de Soraya, según la cual sería oportuno sacrificar a un catalán para llegar a tener un presidente normal, los mismos políticos que viven de criticar a la virreina española sufren de lo lindo tramando una arquitectura verbal y simbólica por apartar a Carles Puigdemont de la presidencia sin que se note mucho el fraude electoral y la consiguiente subsunción al autonomismo (escribo fraude como podría utilizar engañifa o camelo, pues tanto Junts per Catalunya como ERC se presentaron a las elecciones de Rajoy con el lema de hacer pervivir la presidencia del 130 y de su gobierno legítimo, así como el clamor de acabar con el 155: ambas promesas, por desgracia, se las llevará el viento). Así se tiene que entender el comportamiento para aprobar una resolución parlamentaria en que se legitime el antiguo gobierno de una forma voluntarista con un acto solemne, para aprobar el día después una administración autonómica as usual.
Nos espera, como os he dicho manta vez, un tiempo de atletismo verbal extraordinario, porque nuestros diputados tendrán que tramar ocurrencias muy imaginativas con el fin de hacer olvidar a sus electores que, nuevamente y por enésima, han incumplido de manera flagrante sus compromisos electorales: hay que decir, en su defensa, que lo pueden hacer porque los votantes se encuentran encantadísimos de vivir en el mundo de la tomada de pelo continua. Así pues, auto-descartada la presencia de Puigdemont en el Parlament, y asumiendo que incluso una reforma en la ley de presidencia sería rápidamente impugnada por el (prevaricador) gobierno español, llegaríamos al momento mediador de una asamblea de electos en Bruselas que saciaría las ansias de legitimidad del 130 y permitiría un tráfico amable hacia lo que entusiasma realmente a los políticos de todo el planeta: empezar a repartir sillas.
Sé que eso de ajustar las cuentas con los líderes a los cuales se ha votado no os gusta mucho porque es difícil de digerir, pero yo no puedo dejar de preguntarme, ahora que eso de la legitimidad está de moda, cuál es precisamente la legitimidad de una asamblea de electos a la hora de investir simbólicamente a un presidente, por mucho que se trate de un simple acto de reparación. ¿Quién ha escogido la asamblea que re-investirá a Puigdemont? Si en las pasadas elecciones habíamos votado investir al president 130 en el Parlament, que es sede y casa de la soberanía popular, ¿desde qué legitimidad puede reivindicarse la presidencia si no está precisamente donde más ocurre que se ejerza este derecho? ¿El Molt Honorable puede ser escogido por una entidad que no tiene ni estatutos? Y para acabar: ¿si Puigdemont acaba teniendo funciones ejecutivas, aunque sea a nivel consultivo, tendrá que ajustar las cuentas con esta asamblea o con el Parlament?
Si la mayoría de los líderes del independentismo no tenían la menor intención de aplicar el resultado del referéndum, a servidor le interesaría muchísimo saber en qué términos se comunicaban con el gobierno español
Con este hábito de hacer malabares, el soberanismo sigue empeñándose en dos de sus errores predilectos. Primero, y como ya he dicho, ejercitarse en el arte de los malabares para maquillar las promesas que se habían hecho al pueblo: y segundo, todavía más infantil, pensarse que mediante la astucia y la jugada maestra (ecs) el Estado no reaccionará con toda la rabia necesaria que le permite su poder para magullar las leyes con total arbitrariedad. Se hace difícil de creer, pero nuestros políticos parecen no haber entendido todavía que a los jueces españoles la audacia para retorcer la ley (es decir, aquello que consideran su propiedad) todavía los pone más calientes a la hora de ejercitarse en su manía prevaricadora. En resumidas cuentas, si ya han ejercido toda la fuerza de la injusticia aplicando asquerosamente la prisión preventiva contra cuatro ciudadanos, ¿qué no se atreverán a hacer con un simple gobierno de exiliados?
Visto con perspectiva, resulta bastante risible como España ha tenido bastante con aplicar el 155 durante unos meses y meter a cuatro rehenes en la prisión con el fin de amedrentar a una clase política que había escarnecido el referéndum hasta hace cuatro días... ¡¡¡porque quería lanzarse directamente a la DUI!!! Dicho esto, mientras vamos conociendo en cuentagotas los planes de gobierno de juntistas y republicanos, hemos sabido también que antes del 1-O Jordi Sànchez y Santi Vila mantenían contactos frecuentes con altos cargos del gobierno español: de Santi, que tenía que negociar una pena simbólica (¡ahora sí que el término es oportuno!) con su amiga Ana Pastor, nos lo podíamos esperar perfectamente; pero, en el caso de Jordi Sànchez, el intercambio de mensajes tendría unas consecuencias políticas mucho más interesantes a la hora de averiguar qué redemonios pasó entre el referéndum y su no aplicación.
Si, como han admitido repetidas veces, tanto Sànchez como la mayoría de los líderes del independentismo cívico y político no tenían la menor intención de aplicar el resultado del referéndum, no sé al juez Llarena, pero a servidor le interesaría muchísimo saber en qué términos se comunicaba con el gobierno español y sus altos cargos. Porque si se intentó negociar alguna cosa antes del referéndum, sea cuál sea, no sería nada extraño que todo este simbolismo verbal que vivimos forme parte de la misma estrategia. Como sabe muy bien el mismo Sànchez, porque lo sufre en su propia piel, negociar con quien pretende aniquilarte no acaba teniendo sentido. Entiendo que a los lectores a menudo os moleste mi insistencia en el pasado, pero dicen los sabios que, a la hora de evitar futuros errores, siempre vale la pena mirar atrás. Aunque sea, y perdonad las molestias, para evitarnos un nuevo fraude.