El viernes conocíamos la noticia que nos explicaba que el abogado Gonzalo Boye ha presentado, acompañado de otros cuarenta abogados catalanes, una querella en el Tribunal Supremo contra, nada más y nada menos, que la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, contra el fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga Ignacio Miguel Lucas Martín y contra la letrada de la administración de justicia María Ángeles Monedero López.

La querella se interpone para solicitar que estas personas sean investigadas por encubrimiento de asesinato y, además para Tardón, prevaricación.

Sí, hay que pararse un momento y leer de nuevo. Le espero.

En el documento presentado por Boye, junto a otros cuarenta y cuatro abogados y abogadas, se señala que las personas imputadas habrían obtenido una declaración falsa por parte del investigado Manuel Andrés Puentes Saavedra. La declaración de este señor habría sido realizada bajo la amenaza de ser enviado a Colombia, donde sería investigado por un asesinato en el que habría participado de manera activa.

O sea: que se supone que estas personas, que forman parte de la administración de justicia, habrían negociado con un presunto delincuente, para que hiciera una declaración incriminatoria contra Boye, entre otros, a cambio de librarse de un proceso judicial en otro país.

Muchas veces se recomienda a la gente que, ante los agravios sufridos, denuncie. Muchas veces los abogados aprietan los dientes ante presuntos abusos de autoridad, ante lo que consideran prevaricaciones, y pocas veces plantan cara. Los abogados que deciden pelearse con el propio sistema al que pertenecen deben ser conscientes del terreno en el que se meten, controlar el derecho al dedillo y no tener miedo.

Alguna asociación, como las que han acompañado a Boye en la querella, mantienen todavía el pulso para defender la dignidad y los derechos de los abogados. Algo fundamental y necesario en un estado de derecho que se desmorona y se come a sí mismo a bocados.

Los abogados que deciden pelearse con el propio sistema al que pertenecen deben ser conscientes del terreno en el que se meten, controlar el derecho al dedillo y no tener miedo

Muy lejos quedan los jueces, fiscales y abogados del estado de otras latitudes en las que no se percibe un ambiente en el que parecen tocados por una varita mágica, ni parecen caminar a varios metros del suelo. Hay lugares donde los jueces, fiscales y demás elenco de trabajadores de la administración de justicia se comportan con normalidad, algo que en España, en algunos casos, por desgracia, no sucede.

No es habitual que haya gallardía como para denunciar lo que Boye ha denunciado. No se sabe el recorrido que esto tendrá, pero ya, sin duda, la imagen que desprende todo esto deja claro que España, a día de hoy, es un lugar donde esto puede estar pasando. Y lo más grave es que el país no parece alarmarse. Una noticia de una gravedad semejante ha tenido poco recorrido, poco eco en los principales medios de supuesta información.

Querellarse con una magistrada por presunto encubrimiento de un asesinato no es pequeño asunto. Y muy posiblemente Boye tenga las pruebas necesarias para apostar por este paso tan valiente, porque para eso se ha querellado, para ganarlo.

Conozco a mucha gente que ha dejado de ejercer el derecho en este país precisamente por no querer enfrentarse a la endogámica vida de los pasillos de los juzgados. Conozco a otros tantos que están habituados a codearse con asiduidad y compadreo ventilando asuntos de los que no deberían poder hablar fuera de la sala.

Para poder equilibrar y poner todo en el lugar que le corresponde a un estado democrático y de derecho, es necesario que los abogados sean capaces de dar el paso que ha dado Boye. Que la ciudadanía conozca un poquito más de leyes y, sobre todo, no tenga miedo de plantar cara ante los abusos.

Porque tener una justicia independiente es cuestión básica para todos.