Esta semana, el martes, nos informaban a los de Cabanillas del Campo que pasábamos a fase dos. Por el aumento de contagios de Covid-19, pero, también, por nuestra cercanía a Madrid. Vivir en el Corredor del Henares supone, para bien y para mal, estar "entre dos tierras", como cantaba Bunbury. 

Escuchar a Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, exigir un trato diferente para Madrid porque Madrid es diferente a las demás, porque Madrid ofrece "cosas" que otros no ofrecen, como por ejemplo tener tiendas abiertas un domingo por la noche. Isabel lo "vende" como si Madrid fuera Las Vegas, una ciudad abierta a todos, donde no hay horarios, donde no hay límites... Y por eso pide ser "mimada". 

¿Qué supone para los que vivimos cerca de Madrid que allí tengan prerrogativas que otros no tenemos? Es sencillo: Guadalajara, una provincia muy cercana a Madrid, sufre las consecuencias de que "Madrid sea tan especial". Fundamentalmente porque gracias a las medidas absolutamente liberales que defiende Díaz Ayuso, a nosotros nos han dejado sin oportunidades. Basta con darse una vuelta por las calles de la capital alcarreña para descubrir que es una ciudad muerta. 

Los comercios locales poco a poco han ido muriendo. Ya solamente hay clínicas dentales, bancos y bazares chinos. Por la noche no hay lugares donde escuchar un concierto, un monólogo. Ha muerto definitivamente la vida cultural. Y es que la gente piensa que pudiendo "acercarse" a Madrid, no merece la pena quedarse en Guadalajara. 

Ni comercios, ni cultura. Nos han convertido en un satélite dormitorio de la Gran Capital. 

Y todo esto se ha venido produciendo durante años, aunque sin duda la época álgida vino de la mano del tándem Aguirre-Cospedal, de ese matrimonio del PP en las dos regiones que supuso un destrozo de la sanidad pública para gloria de las empresas privadas que se dedicaron a gestionar los servicios después de recortar en la pública sin compasión. 

Pide Ayuso que a Madrid se le trate diferente. Como si no viniera sucediendo desde siempre. Los "provincianos" limítrofes sabemos bien de qué va esto. Y es que, las autonomías tienen transferidos algunos tributos. Algunos de forma total y otros de manera parcial (estableciendo de manera más o menos libre los topes). Impuestos como el del patrimonio, el de sucesiones y donaciones, el de actos jurídicos documentados, el de electricidad, el 50% de la renta, el 58% sobre el alcohol, hidrocarburos o tabaco, además de algunos propios.  

En definitiva, algo que todos sabemos: la situación fiscal de cada región es muy diversa. Pero si vives al lado de Madrid, lo ves de una forma absolutamente clara. En Castilla-La Mancha, el IRPF para las rentas más bajas es del 19%, mientras que en Madrid es del 18,5%. Para las rentas más altas, en Madrid es del 43,5% mientras que en CLM es del 45%. En Madrid no se paga el impuesto al patrimonio. 

Otro de los ejemplos es la batalla que estamos dando los ciudadanos castellanomanchegos con el impuesto de actos jurídicos documentados, pues se está queriendo cobrar por el valor catastral de las viviendas en lugar del valor real por el que se han comprado. Para que se entienda: imagine que usted se compra una chaqueta en rebajas. Una chaqueta que costaba, imaginemos, 120 euros, pasa a costar 60. Usted paga el IVA de los 60 euros, porque es el precio que ha pagado, lógico. Pues imagínese que, pasados unos días, la administración le reclama que pague usted la diferencia hasta llegar a 130 euros, porque es el precio que aparece registrado para esa chaqueta en el catálogo de la administración. Y le da igual que le explique usted que la chaqueta necesitaba algún remiendo, que está pasada de moda y que en realidad el precio que tienen en el catálogo es absolutamente irreal. En esas estamos en estas tierras, mientras a escasos kilómetros eso no sucede. 

Está quedando claro, por fin, que el sistema organizativo del Estado estaba pensando para preservar los beneficios de las élites, mientras se nos ha querido convencer de que aquí todos éramos iguales ante la ley. Y a la vista está que no lo somos

De ejemplos podría llenar artículos. Pero valgan los presentados para hacernos una idea del problema que nos supone tener este tipo de diferencias tan descomunales entre unas regiones y otras. Y lo que es peor, el beneficio que se esconde detrás de las diferencias, porque siempre van a parar a las mismas élites. 

En definitiva: los limítrofes sufrimos las consecuencias negativas de vivir alrededor de la capital del reino, mientras los "beneficios" reportan en quienes sacan partido de las desigualdades generadas. Y a Díaz Ayuso le parece que no es suficiente, claro está. Ella quiere más. 

Una España semifederal es el panorama más injusto de todos. A la vista está. Porque un federalismo bien estructurado daría la libertad suficiente para que los territorios pudieran explorar opciones en base a su realidad específica. Poder tener margen de acción. La situación actual no es "ni chicha ni limoná", como se suele decir. Y al final, no es que distinga entre fronteras, sino que termina distinguiendo entre clases sociales. Y siempre acabamos jodidos los mismos: da igual el territorio sobre el que nos fijemos. Las élites gestionan sus intereses y para eso tienen estructuras estatales que les amparan, mientras los más desfavorecidos se van asfixiando sin salida posible, separados por estancos territoriales que les dificultan aunar esfuerzos para defender sus intereses. 

La situación que está generando la pandemia está evidenciando la débil estructura social que tenemos. La imposición de las élites sobre las decisiones de salud pública en beneficio de negocios privados y el recurso a la represión cuando la ciudadanía de base, la que paga impuestos y no recibe servicios, se subleva. 

Está quedando claro, por fin, que el sistema organizativo del Estado estaba pensado para preservar los beneficios de las élites (vinculadas con el poder franquista), mientras se nos ha querido convencer de que aquí todos éramos iguales ante la ley. Y a la vista está que no lo somos. Ni para acceder a los servicios, ni para poder mantener lo más básico: salud, educación y empleo. Las élites, una vez más, toman decisiones pasando por encima de criterios científicos y las vidas de sus conciudadanos parecen importarles menos que los contratos a dedo dados a empresas afines. 

Y por si teníamos dudas pensando que la justicia velaría por nuestros intereses, los de la ciudadanía, ya hemos visto que los jueces gritan alto y claro: "¡Viva el Rey!". 

No les habrán oído decir: "¡Viva la sanidad pública!" o "¡Vivan los derechos fundamentales!". Y como broche, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, dando la clave: la justicia se debe a la defensa de España. 

Cabe ahora preguntarse: ¿qué es España? Pues de la descripción que a vuelapluma he relatado, todo apunta a que Lesmes, Díaz Ayuso y sus colegas están pensando en la España que es Madrid —y lo que representa—. Esa de la que hablaba Díaz Ayuso, la de la exclusividad, la de las posibilidades sin límites a costa de pisar a otros, porque la España que es Castilla, Extremadura o tantas otras Españas está visto que no les importa.