Mañana lunes comienza la Asamblea General del Consejo de Europa. En ella está previsto someter a votación diversos informes que, previamente, han sido elaborados y aprobados por los comités específicos. Habrá uno de especial interés: el que surge del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos sobre España y, concretamente, los presos políticos catalanes.

Desde hace unas semanas, cuando conocimos el “borrador del informe”, hemos visto cosas que, si nos las hubieran contado, no las creeríamos. Pero han sucedido, son ciertas y ponen en evidencia lo que el informe denuncia, y mucho más.

Lo primero que sucedió fue que el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado oficial contando su versión del informe. La versión era tan alejada de lo que decía el informe que causaba estupor. Supongo que no esperaban, desde el Ministerio, que la gente acudiera a la fuente original porque estaba en inglés. Pero pronto a muchos les picó la curiosidad y, de manera sencilla, pudieron traducir el texto sirviéndose (para aquellos casos en los que no tienen soltura en el idioma inglés) de las herramientas que hoy nos facilita internet. Las reacciones no se hicieron esperar, pues era sencillamente increíble comprobar cómo el ministerio señalaba, una y otra vez, que ese informe aplaudía a España por ser una democracia estupenda, y que, según el ministerio, les aplaudían por las decisiones tomadas al respecto de los políticos catalanes independentistas. Y todo esto se aferraba a que, efectivamente, en el informe sí se decía que España es una “democracia vibrante”, también se decía que el referéndum del 1 de octubre era ilegal. Y también se reconocía que se había celebrado yendo en contra de lo establecido por el Tribunal Constitucional. O sea que el informe no pretende ocultar ni maquillar nada, y llama a las cosas por su nombre.

Sin embargo, en la nota oficial del ministerio, para ventilar el asunto rápido, en las últimas líneas, después de haber hecho una fiesta con confeti, apuntan a que el informe parte de una interpretación errónea y que, por este motivo, dice cosas que están mal. Claro, se queda con lo que le interesa, y de lo demás, aquello de lo que precisamente habla el informe, pasa por encima ventilándolo con un “eso está mal porque no se han enterado bien de las cosas”.

Y lo cierto es que el informe es claro, contundente y pone las cosas muy claras. Y viene a decir que, precisamente en una democracia vibrante como la española, no hay lugar para que pasen las cosas que están pasando. No puede mantenerse un Código Penal en el que se recoge una redacción tan ambigua para delitos tan graves como el de sedición o rebelión, y va más allá: no cabe despenalizar la celebración de un referéndum (como hizo Zapatero) para luego colar la pena de sedición que multiplica por tres la condena. Eso lo dice el informe.

Como también dice que es inadmisible perseguir por la vía penal el ejercicio de las ideas políticas, incluidas las de la independencia. Que se puede considerar un delito de desobediencia, en su caso, pero que jamás hablar de prisión por una manifestación pacífica.

En definitiva: el informe deja bastante claro todo lo que ha pasado durante estos tres años. La judicialización de la política, el retorcimiento de la realidad, la aplicación de un derecho penal de autor absolutamente fuera de lugar y lejano al Estado Democrático y de Derecho. Todo. Incluso explica por qué hay que considerar a los presos catalanes “presos políticos”. Lo dice bien clarito y no le hacen falta muchas páginas.

Recomienda a España que ponga en libertad ya mismo a los presos políticos. Y a la vista está que a España este informe le ha puesto nerviosa: la reacción del Ministerio de Exteriores intentando maquillar la realidad de una manera tan burda solamente podía interpretarse como una forma de seguir escurriendo el bulto y tomándole el pelo al personal. No hay otra forma de interpretarlo.

El asunto del comunicado ha tenido tanta gravedad que los eurodiputados independentistas Puigdemont, Comín y Ponsatí han presentado una cuestión ante el Parlamento Europeo sobre este asunto. El pasado 3 de junio, precisamente, recordaron en su pregunta la presentación de la guía relativa a la desinformación en la que la comisaria Vera Jourová advirtió de la importancia de empoderar a la ciudadanía para defender el espacio relativo a la información democrática. Y en base a ello, se presenta una pregunta que pone bajo el foco el comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Ya veremos qué les responden.

Porque si a alguien le quedaban dudas sobre esta cuestión, si alguien podía pensar que andábamos despistados, que habíamos entendido algo mal, tres de las cuatro asociaciones de jueces (salvo la de Jueces para la Democracia), han explotado mediante un comunicado publicado el pasado viernes. Ellos también se han leído el informe original de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y lo han entendido, no como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y han pedido al Gobierno que impida que el informe salga adelante en la Asamblea que empieza mañana. Sí, así lo han expresado. También han pedido al Consejo General del Poder Judicial que denuncie públicamente el atropello que supone que un informe diga semejantes cosas sobre el sistema judicial español: temen por el prestigio de la Justicia, temen porque la gente deje de creer en ellos.

Sobre el comunicado de estas asociaciones de jueces hay mucho que decir: en primer lugar es curioso que se hayan lanzado a dejar por escrito algo que, si algo evidencia, es precisamente que los jueces se meten en cuestiones políticas. Porque ya me dirá usted si pedirle al Gobierno que intente impedir la aprobación de un informe no es meterse en un terreno que no les compete.

No deja de ser curioso que pretendan exigir que un informe, que ya ha sido aprobado por una comisión, donde ha sido enmendado, estudiado y votado, sea bloqueado cuando habría que confiar en la independencia y rigor de los miembros de un organismo político como el Consejo de Europa. Demuestran aquí los jueces que igual no respetan lo que las instituciones internacionales representan.

Pero lo más alucinante de todo es que con su actitud están intentando tapar el sol con un dedo: porque exigir al gobierno que paralice precisamente un informe donde se denuncia el hecho de que los jueces se meten en política, es tan brutal que cuesta trabajo creerlo. Con su comunicado ponen en evidencia una y mil veces lo que el informe que quieren parar está señalando. Parece mentira que no se hayan parado a pensar un par de veces antes de sacar ese escrito a la luz.

Da la sensación de que se han enterado tarde del informe y no han tenido otra maniobra que esta. Y tal y como leíamos hace unos días en un sorprendente artículo firmado por Alejandro Vara para Vozpopuli, parece que muchos de los jueces están nerviosos, que dan por hecho el “bofetón” que vendrá de la justicia europea y que algunos ya se están poniendo vendas antes de la herida.

Por eso, quizás, vengan ahora los indultos. Para que el golpe parezca menos duro. Porque no es lo mismo que lleguen los ajustes de cuentas con los presos políticos encerrados, a que lleguen con los presos políticos en libertad. La humillación para España supongo que será menor si se intenta enmendar cuanto antes el tremendo estropicio que han montado.

Y todo esto sucede mientras el excomisario Villarejo no deja de contar auténticas barbaridades en el juicio. Él y todos los que por allí desfilan, relatando cómo desde el Gobierno de Mariano Rajoy habrían estado haciendo lo impensable para, supuesta y presuntamente, ocultar las pruebas que les podían dejar en evidencia por delitos de corrupción. Unas versiones que coinciden con todo lo que está contando también el que fuera su tesorero Luis Bárcenas, que va tirando de la manta. Unos hechos, que de ser ciertos, nos deberían tener a todos con la boca abierta y en las calles exigiendo transparencia, justicia y orden de verdad. Pero no, la gente aquí sale a protestar por los indultos, para demostrar que no están informados ni del Derecho ni de lo que sucede más allá de los Pirineos. Para eso sí que salen a la calle.

O el atropello de la factura de la luz, que está siendo un robo a mano armada. Más de lo mismo: nadie sale a protestar, nadie actúa, nadie se rebela.

Está siendo todo tan bestial que, sinceramente, si no lo veo, no lo creo. Y estoy deseando ver qué ocurre esta semana en el Consejo de Europa y las consecuencias que traerá consigo.