Villanueva de Sijena es una localidad de la provincia de Huesca, perteneciente a la comarca de los Monegros, en la región de Aragón. Cuenta con unos quinientos habitantes y está gobernada, desde el año 1999, por el Partido Aragonés (PAR) —proclamado nacionalista en 1990—, siendo el alcalde desde entonces Ildefonso Salillas Lacasa.

Lleida, del mismo nombre que su provincia, es una ciudad situada en Catalunya. Con unos 140.000 habitantes, ha sido gobernada desde 1979 por el Partido Socialista de Catalunya (PSC) —salvo del 87 al 89, cuando gobernó CIU— y Àngel Ros es su alcalde desde 2004.

De entrada, y con datos objetivos, puede verse que el Partido Popular pinta más bien poco. Tanto en Sijena como en Lleida. Hasta ahora, el asunto del patrimonio cultural en disputa se ha vivido con un sentimiento de humillación por parte de los habitantes de Sijena. Así lo expresa APUDEPA (Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) de manera literal: “Debe ser tenido en cuenta que esto se ha vivido en Sijena y en Los Monegros como una auténtica humillación.”

Se refieren al hecho de que los autos que ordenaban el traslado de los bienes culturales de Lleida a Sijena tienen fecha de 2015 y 2016, y hasta ahora no se han hecho efectivos. Esta asociación denuncia el incumplimiento por parte de la Generalitat, pero también del gobierno español, que según la asociación debería haber cumplido con la entrega voluntaria.

La cuestión de toda esta triste historia (triste porque enfrenta a dos pueblos hermanos y vecinos) se remonta al momento en que la priora del convento vende estos bienes sin tener capacidad para ello, según se dice desde Sijena. Y ahí es donde está el conflicto.

De un lado se defiende que los documentos de compraventa no cumplían las mínimas formalidades, que los bienes no eran de la priora de Valldoreix sino de la comunidad de Sijena. Y para APUDEPA, aún "mucho más importante, porque afecta a la gestión del patrimonio: la venta se realizó sin el permiso del responsable cultural conforme a las leyes de Patrimonio: el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón.”

No es un asunto sencillo porque intervienen muchos actores, buenas y malas intenciones y distintos asuntos que se confrontan. Porque, para no perdernos, el conflicto tangible esta semana proviene de dos sentencias: la del Juzgado de Primera Instancia de Huesca y la que acaba de dictarse ahora por la Audiencia Provincial de Huesca, las dos en el mismo sentido. Aún queda recorrido en el proceso, por lo que no son firmes. Precisamente por ello se genera revuelo: aplicar un auto en este momento, al fragor de la tensión política, solamente puede contribuir a aumentar la polarización y el enfrentamiento social.

No es descabellado pensar que el hecho de ejecutar el auto para trasladar las obras, mediante policía, nocturnidad y bofetones a manifestantes incluidos, huele a 155

En paralelo, respecto a los bienes de Sijena, ya ha habido sentencia en el Tribunal Constitucional. No se trata del mismo asunto, pero sí de otra compraventa similar. Y en ella, el Tribunal Constitucional le dio la razón al gobierno de la Generalitat declarando que la venta realizada por las monjas había sido legal. Como señalaba la sentencia en ese momento, “el tribunal considera que es a Catalunya a la que corresponde ejercer la competencia sobre bienes patrimoniales depositados en su territorio, con independencia de su lugar de origen.”

En este proceso al que ahora hago referencia, ha habido cuestiones que no han dejado de sorprenderme. Como esta: “En su defensa, las monjas alegaron que disponían de un permiso del Vaticano para enajenar los bienes, aunque sus opositores adujeron que, siendo una orden femenina, deberían haber tenido también el permiso del obispo de Barbastro-Monzón.” El asunto da para mucho análisis, porque se nos junta aquí la Guerra Civil (los bienes se trasladaron precisamente para preservarlos), los nacionalismos (aragonesistas frente a catalanistas) y todo bien condimentado con la inestimable ayuda del gobierno de Partido Popular. Sin duda, el mejor colaborador cuando uno quiere enfangar, complicar, generar confusión y enfrentamiento. ¡Ah!, y si faltaba alguien al convite, tenemos a la Iglesia católica como eje central. Y no se olviden del papelón que tiene en este sainete el PSC: si defiende el interés de Lleida tiene que plantarle cara, de algún modo, no solo a Aragón sino, sobre todo, al Partido Popular.

Y aquí está la cuestión política del asunto. No es descabellado pensar que el hecho de ejecutar el auto para trasladar las obras —mediante policía, nocturnidad y bofetones a manifestantes incluidos— huele a 155. Porque probablemente en otras circunstancias se habría hecho lo posible por esperar a la sentencia firme (la justicia es independiente pero sin duda ha tenido puntería justamente ahora).

El PSC, como decía, debe pronunciarse sobre este asunto más allá del fondo en cuestión, porque las casualidades están siendo tan continuas que podría pensarse que el PP utiliza toda su fuerza (ilegítima) para resolver, a través de medios aparentemente legítimos, lo que no ha sido capaz de solventar por vía política.

Sea como fuere, esto genera tensión entre dos pueblos vecinos. Cabreos monumentales. Agresión y violencia innecesaria. Sentimientos de humillación encontrados. Y eso es precisamente lo que menos necesitamos. Por mucho que el PP apele a la convivencia y a la paz, es evidente su hipocresía.

En definitiva: sigan, sigan humillando y enfrentando a la gente. Esto solamente dará votos al independentismo. Porque parece que no se ha enterado el PP: de quien nos queremos independizar muchos es de ustedes y de lo que representan.