Esta semana se convalidaba en el pleno del Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley 16/2020 en el ámbito de la Administración de Justicia, que había sido aprobado ya previamente por el Consejo de Ministros del 28 de abril. Se trata de una serie de pautas, de nuevas normas, para tratar de poner en marcha la Administración de Justicia después de este paréntesis que ha supuesto el estado de alarma. 

Durante el debate parlamentario, el diputado Jaume Alonso Cuevillas, que además de cargo electo es catedrático en Derecho Procesal y conoce al dedillo las normas que rigen en los procesos judiciales, expresó de manera contundente al ministro de Justicia las razones argumentadas de por qué consideraba que este real decreto ley es un despropósito. 

Y ciertamente lo es por muchas razones, pero sobre todo, y la más principal la señaló su señoría ante la cara de sorpresa del ministro. Le dijo que el problema que subyace en la toma de medidas como éstas es, ni más ni menos, que quienes las apoyan y respaldan han pasado demasiado tiempo en sus poltronas y se han olvidado de la realidad de los pasillos de los juzgados. 

Y es que, precisamente, así lo apuntan más de ochocientos procuradores de toda España en un manifiesto que han presentado ante su Consejo General, donde exigen la derogación inmediata de estas medidas. Ellos y ellas saben bien que el problema que hay ahora mismo en la Administración de Justicia no tiene que ver -solamente- con la Covid-19. El problema de las estanterías llenas de carpetas repletas de folios acumulados y separados por gomas medio podridas es precisamente ése: que la Administración de Justicia no se ha actualizado en todos estos años. Que no se le ha provisto de dotación económica y que cuando acudes allí, ya sea como trabajador del sector jurídico o como sencillo ciudadano, alucinas. 

Porque no es de recibo que se puedan perder asuntos "porque la carpeta no se encuentra"; porque hay personas que no se han actualizado a la hora de comenzar a trabajar con sistemas informáticos, y tampoco se les han dado los medios ni la formación necesaria. Porque en la mayoría de los juzgados aquello es un verdadero caos de papeles que se pierden, que no se encuentran y que, ahora además, hay que buscar también en esa "lexNet" que tantos disgustos ha dado. 

Señalaba Cuevillas al comienzo de su intervención que resultaba sorprendente que desde el Gobierno se quisiera poner en marcha un sistema moderno, basado en el uso de las nuevas tecnologías, cuando todavía se utiliza el fax como instrumento de notificaciones. Algo que una directiva europea del año pasado ya calificaba como herramienta anticuada y que era mejor dejar de utilizar. Aquí parece que el fax es de lo más moderno que te puedes encontrar en algunos lugares. 

Se pretende ahora hacer lo que no se ha hecho en décadas: y modernizar la justicia para hacerla ágil y dinámica, garantizando así que sea también justa, evitando las dilaciones indebidas, es una labor que ningún gobierno ha querido acometer. No se sabe bien por qué. 

Y que haya juicios fechados para dentro de dos años debería hacernos pensar que la Covid-19 no tiene la culpa. Porque eso ya venía pasando. Que se pierdan asuntos, como sucede, porque nadie es capaz de encontrar esa carpeta, y esto suponga un problema para el ciudadano que ha reclamado sus derechos, es increíble en una "democracia moderna y europea" como la española.  

Lo vimos en el juicio de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el referéndum de Cataluña. Lo difícil y complicado que resultaba mostrar pruebas que estaban en un pen drive, lo lejos que le pillaba a Marchena y a sus colegas el uso de las nuevas tecnologías. Todo con esa imagen tan lejana y tan vetusta. ¡Y menos mal que quitaron el crucifijo antes de comenzar el juicio!

Hables con quien hables del mundo del Derecho te dirá lo mismo: la manera de trabajar es arcaica y eso siempre va en detrimento de la ciudadanía. 

No debe ir desencaminado Cuevillas cuando dice que esto tiene su origen, al menos en parte, en el hecho de que quienes toman decisiones hace tiempo se alejaron de aquellos lugares y se quedaron sentados en sus poltronas. Donde, por cierto, seguramente tampoco usen ordenador ni sistemas informáticos porque tendrán alguien que se lo haga, y por eso desconocen la cantidad de herramientas que existen a día de hoy para facilitar, en definitiva, el derecho a una defensa con garantías.