Lo vivido durante los últimos años me deja muy claro que no puedes tener una opinión sobre cualquier cosa sin bucear un poco y hacerte con la información al respecto. Y aún así, es necesario seguir teniendo un margen de prudencia porque puede que las cosas no sean lo que parecen.
Escribir esto para un público mayormente catalán no es complicado porque todos han vivido, sobre todo los soberanistas, y más aún los independentistas, lo que ha sido la manipulación de los medios de comunicación de masas en el asunto del referéndum y todo lo que ha conllevado. Ha sido un aprendizaje colectivo que ha mostrado la evidencia: los medios se deben, en la mayoría de los casos, a quienes les financian. Y por ello son responsables de lo que publican, y sobre todo, de lo que no cuentan.
Los silencios son la manera de correr una tupidísima cortina con la que se ahorran tener que redactar versiones. Basta con contar solamente una parte de la realidad para que las demás no existan y de esa manera, no habrá posibilidades de plantearse que quizás las cosas sean de otra manera.
Pero es evidente que esto no solo pasa con el procés. Ha pasado con todo el conflicto en el País Vasco y pasa con infinidad de asuntos de los que seguramente ni siquiera nos hagamos una idea de su existencia.
Todos hemos leído multitud de información sobre la obligatoriedad de las “vacunas”. Los médicos que iban a dejar de trabajar por negarse a inyectarse el novedoso tratamiento. Hemos visto manifestaciones multitudinarias, sin ir más lejos en Francia, protestando por las normas que Macron está intentando implantar para contener la pandemia. Es complicado entenderlo desde un lugar donde solamente aparece un tipo de información: la que nos explica que la vacuna es la clave para terminar con la pandemia, la que señala a los que no se vacunan y les culpabiliza de infecciones y brotes. Hemos llegado a ver noticias que parecían alegrarse de que una persona fallecida por coronavirus hubiera decidido no vacunarse. Y lo más triste de todo es que la gente traga y pasa a reproducir ideas porque sencillamente “lo ha visto en la tele” o lo ha leído “en un periódico”.
Es sorprendente cómo la izquierda, que siempre ha sido crítica con los mecanismos del capitalismo, haya pasado a confiar plenamente en la industria farmacéutica. Olvidando todo lo que ha supuesto la privatización sanitaria, y la intervención de lo público en lo privado. Y aquí mucho ha tenido que ver la industria de las grandes farmacéuticas. Pero de pronto, salvo voces como la de Ángeles Maestro, poco más se lee con criterio y conocimiento del asunto.
Ángeles es médico pero también política. Escribe algún que otro artículo en medios independientes y siempre se aprende mucho de ella. Con respecto a la pandemia, ha sido una de las voces que ha denunciado la necesidad de plantear debates públicos donde se pongan sobre la mesa los criterios de políticos, pero también de científicos, economistas, filósofos… Comparto totalmente el punto de vista de Maestro cuando llama la atención sobre el hecho de que “con el escenario del miedo bien instalado, se impone la vacuna como única solución. La relación entre los gobiernos de la UE y de Estados Unidos con las multinacionales farmacéuticas” es otro de los asuntos que nadie aborda y que debemos conocer. Porque no se habla de ello y esconde cuestiones que son, en mi opinión, fundamentales para poder tomar decisiones con cierta capacidad de decisión. Sin información veraz, no podemos formarnos un criterio válido. Y en esta ocasión, tener un criterio basado en el análisis -y no en intereses de terceros- puede salvarnos la vida.
Es importante que no pasemos por alto que en la Unión Europea por el momento no se ha producido ninguna vacuna en laboratorios públicos. Sirva como ejemplo nuestro investigador del CSIC, el doctor Enjuanes, o lo que ha sucedido en la Universidad de Helsinki, donde desde hace meses tienen una vacuna que se usa mediante spray nasal (como la de Enjuanes), que se puede conservar a temperatura ambiente y que está libre de patentes. Necesitan 50 millones de euros para poder pasar a la Fase III, y como no consigue la financiación, la vacuna no se pone a circular. Los estados han decidido inyectar miles de millones de euros de dinero público a las compañías privadas.
Compañías como GKS, Pfizer o AstraZeneca encabezan listados de empresas sancionadas por prácticas delictivas, según recuerda Maestro. Empresas que tienen más beneficios que la banca y que se encuentran cerca de la industria armamentística en lo que a beneficios se refiere.
Los estados han decidido en esta pandemia que apostar por las empresas privadas era “mejor” que apostar por sus propios investigadores públicos. De entrada, en agosto de 2020, invirtieron 2.000 millones de euros de todos los europeos para que las farmacéuticas pudieran disponer de liquidez, cuando no tenían pruebas de la validez, ni de la eficacia, ni de la seguridad de las “vacunas”.
En aquellos contratos que salieron a la luz por una filtración y que no hemos conocido del todo, las empresas farmacéuticas se las apañaron para desproveerse de cualquier tipo de responsabilidad si algo salía mal. Han sido eximidas por completo de responsabilidad civil por las secuelas que las “vacunas” puedan ocasionar. Si hay que pagar por responsabilidad, también lo harán los estados. O sea, nosotros. Subrayo que ni siquiera los diputados del Parlamento Europeo pudieron conocer el contenido del contrato entre la UE y las farmacéuticas. Me parece increíble.
¿Tenemos razones para sospechar que quizás aquí lo más importante no sea nuestra salud sino el beneficio económico de algunos actores? Es interesante recordar que aquella gripe A tan peligrosa que nos anunciaron, por la que España compró millones de vacunas que finalmente no se usaron (pero sí se pagaron), trajo consigo algún que otro hecho relevante. La propia Organización Mundial de la Salud tuvo que reconocer públicamente que los miembros de su Comité de Expertos habían sido sobornados por las multinacionales farmacéuticas. Por eso rápidamente algunos señalaron a la OMS de ser responsable de haber generado una alarma mundial, que no estaba realmente justificada, con el interés de vender vacunas.
En esta pandemia hemos tenido a la OMS hasta en la sopa. Primero cambió los criterios para considerar “pandemia” a lo que estaba sucediendo. Y es que, con los datos en la mano, no se podía considerar como tal. Después dijo que había que protegerse con mascarillas, para pasar a decir que no, que no hacía falta. Más tarde, volvió a recomendarlas y reconoció que anteriormente había dicho que no hacía falta porque, en realidad, había un problema de escasez y la producción no daría para todos.
La OMS está financiada en el 90% de sus recursos por grandes fortunas privadas y por la industria farmacéutica.
Ángeles Maestro subraya en sus análisis hechos como que la Fundación AstraZeneca en España tiene en su nómina como asesores a directores de hospitales e instituciones públicas de investigación. Los vínculos están claros.
Pero se puede (y se debe) ir más allá. ¿Quién juega al gran negocio de la industria farmacéutica? El principal propietario de Pfizer es el fondo de inversiones Black Rock.
Hay que recordar cómo se autorizó la vacuna de esta marca: en un tiempo récord, por el procedimiento de urgencia, que permite que no necesite ser “aprobada” y que pase directamente a ser inoculada.
Los criterios a nivel europeo los marca la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y no viene mal saber que su nueva directora fue nombrada en julio de 2020. Llegaba directa de trabajar para la Asociación de la Industria Farmacéutica Europea.
Sirva esta imagen para explicar que no sería absurdo pensar que aquí lo que prima es el interés económico y que se juega con dinero de los contribuyentes, podría también pensarse que con su salud. Y es que según han afirmado distintos médicos y personal sanitario, no se está siguiendo, con carácter general y obligatorio, el protocolo de farmacovigilancia establecido cuando se administran las “vacunas”. Te pinchan, y como mucho te preguntan si tienes alguna alergia. Te dan un papelito para que firmes y a veces ni si quiera eso. Nadie te pregunta por enfermedades previas, actuales, ni se pide información sobre medicamentos que puedas estar tomando. Tampoco se pregunta a las mujeres en edad fértil si creen que podrían estar embarazadas -y eso que la propia Pfizer avisa en su prospecto de que la vacuna está contraindicada en casos de embarazo o lactancia-. Lo más mínimo, algo que te preguntan cuando te vas a hacer una radiografía, no te lo preguntan al inyectarte la “vacuna”, cuando se tienen ya datos de los posibles efectos adversos que puede generar. Nada.
¿Sabe usted que tiene derecho a ser informado y a elegir en base a ello a la hora de someterse a un tratamiento médico? Es un derecho para usted y una obligación atender a sus preguntas por parte del sanitario. Pero aquí nadie ha querido que estos derechos se pusieran sobre la mesa. Y tampoco parece haberse querido informar a la población de los riesgos reales que pueden correr grupos concretos como las mujeres jóvenes. Nada. Todo lo conocemos “por casualidad”, porque alguien lo ha contado y a una amiga le ha pasado…
Nos están ocultando información fundamental. Se está atacando y persiguiendo a los profesionales sanitarios, a los científicos, a los informadores que publicamos cuestiones como estas. Porque quieren que no nos hagamos preguntas, quieren que nos sometamos a una decisión sin plantearnos que puede ser peligroso, y no sólo eso: se hacen campañas para generar una presión social contra las personas que, en base a su libertad y a su derecho a tomar decisiones sobre su propia salud y su propio cuerpo, han decidido no “vacunarse” por el momento. Justo lo contrario que el Consejo de Europa recomendó hacer: pues dijo muy claramente que nadie debía ser ni obligado ni presionado a someterse a ningún tipo de tratamiento médico (y aludía a las vacunas también).
Y resulta que están dándose hechos que deberían ser conocidos. Deberían darse datos, explicarse y tratar a la población con respeto y considerándoles adultos. Pero se ha decidido, al menos en España, que solamente se va a dispensar un tipo de información por encima de las demás, que se va a intentar enturbiar cualquier tipo de duda y que es mejor, en definitiva, no hablar.
Lo vimos cuando en el debate de La Clave Cultural, la que fuera ministra de sanidad antes de la pandemia, se levantó de la silla junto al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, en medio del debate, y se marchó. Dijo que “no quería ser cómplice” cuando se puso sobre la mesa la información oficial sobre personas fallecidas tras habérseles inyectado la vacuna. La reacción fue sorprendente: porque se espera, al menos, que si no está de acuerdo con esos datos, explique por qué. Que si considera que deben ser matizados, explique la razón. Pero que se marche dejando con la palabra en la boca a médicos que estaban preocupados por los datos, no genera tranquilidad.
Y esta semana, de nuevo, otra cuestión para hacernos preguntas. El Senado francés ha tumbado la propuesta de ley que habían presentado los socialistas sobre la introducción de la “vacuna” de la COVID-19 entre las obligatorias. De los 340 senadores, votaron 326: a favor de la obligatoriedad votaron 64 y en contra 262. Una noticia que en España prácticamente no se ha conocido.
Lo más sorprendente de todo esto es que, hay quienes siendo conscientes de la manipulación de los medios de masas, han caído de lleno en esta ocasión. Es una lástima porque de las batallas vividas, a veces parece que no hemos aprendido nada.