En Cataluña, desde 1990 se definió en la LOSC el modelo sanitario catalán como “un modelo mixto, separando la función de compra y planificación a cargo del CatSalut de la provisión de servicios, y configurándolo como la aseguradora pública y el agente comprador de los servicios sanitarios”. Según explican Carreras y Bernat, esta ley ofrecía la posibilidad de desarrollar fórmulas de gestión empresarial ya utilizadas por la administración sanitaria catalana antes de la LOSC y sobre todo introduce la posibilidad de aceptar proveedores con ánimo de lucro. 


En 1991 en España ya se hablaba del “copago”. Se presentaba como una opción para dejar participar a las empresas privadas en la gestión de lo público. Gobernaba Felipe González, el de la chaqueta de pana. Era 25 de septiembre y un experto, Abril Martorell, acudía al Congreso de los Diputados a exponer las conclusiones de un informe que se había trabajado en la comisión de expertos encargada del análisis y la evaluación del Sistema Nacional de Salud. Aquí puede leer la intervención completa.

La Comisión nació por la solicitud del Partido Socialista, mediante resolución de 13 de febrero de 1990. Los expertos solicitaron información de referencia a países como Holanda, Suecia, Alemania o Inglaterra.

El informe hablaba de la situación del sistema sanitario español considerando que existía un “cierto agotamiento” del mismo. Entendía que si bien el sistema mejoró la salud de la población y corrigió las desigualdades sociales, estaba sufriendo tensiones por el aumento de demanda, por el envejecimiento de la población (lo que conlleva una mayor demanda de servicios sanitarios), la mejora del nivel de vida y recursos limitados. Según el informe, el sistema sanitario había visto reducida su eficacia, su equidad, y por ende, la calidad de los servicios sanitarios.

Se planteaba la posibilidad de abrir la puerta a la participación privada. Y ya entonces, le cayeron palos al informe, que dicho sea de paso, era difícilmente accesible. Literalmente, el informe se guardó. Pero se aprobó y las medidas que planteaba se han ido poniendo en práctica tiempo después.

Ya entonces Julio Anguita, entre otros, salieron a denunciar lo que en el informe se proponía. Entre otras cosas, el copago de los medicamentos para los pensionistas. ¿Le suena?

Pero la agenda estaba marcada y los hechos se sucederían en cascada, casi sin darnos cuenta.

En 1992 nace la empresa pública Hospital Costa del Sol. En la socialista Andalucía. Se incorporan principios de gestión privada en centros de titularidad pública. Las empresas se crean mediante leyes autonómicas y están controladas por el parlamento regional. 

En Galicia, en 1995 la Xunta constituye la Fundación del Hospital de Verín. Gestión privada en base a la ley de fundaciones de 1994. Así se hicieron tres hospitales más en Galicia, uno en Mallorca, otro en Madrid y otro en La Rioja. Como no era un modelo que fuera más rentable que el preexistente, se pasó página. El pelotazo se intuía pero aún no se había encontrado la fórmula mágica. En 1995 en Cataluña también aparecen las Entidades de Base Asociativa, donde se abre otra puerta al lucro privado de la gestión de la sanidad pública. Son médicos los que gestionan los centros llevándose parte de beneficio económico. Lo ponen en marcha en Cataluña, en Vic y se extiende en Cataluña de la mano de CIU. 


Un año después, el 10 de abril de 1997 el Congreso de los Diputados aprobó la ley que abrió la puerta a la privatización de la sanidad pública (Ley 15/97 sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión). Gobernaba Aznar y lo hacía en minoría.

Los únicos que votaron en contra de aquella ley fueron Izquierda Unida, que en paz descanse, y el Bloque Nacionalista Gallego. Ya entonces, Ángeles Maestro, diputada por Izquierda Unida, lo explicaba de una forma nítida: las empresas privadas no se la jugaban porque la inversión inicial se hacía con dinero público y la clientela estaba asegurada. Claro, es lo que tiene hacer negocio con la salud.

Votaron a favor el PP, por supuesto, el PSOE, CiU, PNV y CC. Fueron 290 votos a favor, 19 en contra y hubo una abstención.

Dos años después, en 1999 ya estaba en marcha el primer hospital con gestión público-privada. Estaba en Alzira, Valencia. Una empresa privada construyó el hospital y allí acudirían pacientes derivados por el sistema público. Al principio los servicios dados por la privada eran solo de especialidades, pero después fueron extendiéndose a todo. O sea: profesionales e instalaciones puestos por la empresa privada. Los “clientes”, puestos por el sistema público. El pago por los servicios, evidentemente, de las arcas públicas. Y poco a poco comenzó a proliferar el modelo, construyendo entonces cuatro hospitales de estas características en Valencia. Un modelo que fue exportado a la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre: Valdemoro, Torrejón, Móstoles y Collado-Villalba pusieron en marcha en la capital de España el sistema de gestión público-privada.

Como paradigma, lo sucedido con Quirón Salud, una muestra evidente de todo lo que de forma resumida en este artículo se intenta contar.


Los terrenos donde se construye el hospital se ceden por parte del Gobierno autonómico. La empresa construye, establece tiendas y servicios de carácter privado (parking, cafeterías, tiendas de regalos, farmacias, restaurantes) y pone el personal que trabaja en el hospital. Un sistema que se fue expandiendo por casi todos los territorios del Estado, contando con el acuerdo del PSOE y del PP.

En 1999, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos incluye la posibilidad de transformar todos los centros sanitarios del INSALUD en Fundaciones Públicas Sanitarias (según el artículo 111 de la Ley 50/98).

La ley 15/97 abrió la puerta. Pero la aprobación de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, gobernando el PSOE, con Zapatero de presidente, fue la guinda. Porque gracias a esa modificación, los servicios públicos quedarían asfixiados, supeditando el dinero público al pago de la deuda externa.

Hasta aquí, un superficial repaso al origen. La situación actual nos muestra que las empresas privadas gestionan más de un tercio de la inversión en sanidad española. Según explica Vicente Clavero, el gasto sanitario privado ha crecido de forma muy significativa durante los últimos años, impulsado en buena medida por el deterioro de los servicios públicos que vinieron de la mano de los recortes durante la crisis. Para hacernos una idea, Clavero señala que entre 2007 y 2016 la subida media anual fue del 2,5%, mientras que la inversión pública solamente aumentaba el 1,7% en el mismo periodo.

Fundamentalmente en regiones gobernadas por la derecha, se trató de recortar tanto en la sanidad pública que la dejaron en los huesos mientras derivaban a los pacientes a servicios dados por entidades privadas. De hecho, la mayoría de los usuarios desconocen cuando van a determinados hospitales que la gestión y quienes les atienden pertenecen a una empresa privada. Es el truco de la gestión privada a través de concesiones. “La progresiva subcontratación de servicios que debería ofrecer directamente la sanidad pública ha llevado a que hoy en día 45 de cada cien resonancias magnéticas se hagan en la privada”, apunta Clavero.

Un informe elaborado por la UGT señala que durante los últimos cuatro años, el porcentaje de inversión en la privada multiplicaba por tres el de la pública. Y la plataforma Audita Sanidad denunció que la sanidad madrileña había adjudicado a dedo el 99,7% de sus contratos del año 2016. Para que nos hagamos una idea.

Madrid está en cabeza. Pero le acompaña Cataluña, Baleares y País Vasco en su privatización de la sanidad. Las que menos lo han hecho son Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Asturias.

Los mecanismos de la privatización se han llevado a cabo privatizando la financiación (desgravando seguros médicos a empresas, estableciendo copagos, recortando la cartera de servicios), privatizando la gestión del aseguramiento (a través de mutualidades como en el caso de los funcionarios), utilizando criterios privados de la gestión mientras se mantiene la titularidad pública (empresas públicas, fundaciones sanitarias, entes públicos, sociedades mercantiles públicas), contratando servicios a empresas privadas (mediante conciertos, externalizaciones, subcontratas), privatizando la gestión de titularidad mixta (los consorcios principalmente, y las iniciativas de gestión privada), según detalla Marciano Sánchez Bayle. Fundamentalmente en España se han llevado a cabo todos estos mecanismos de la mano de los gobiernos del Partido Popular y de CIU, aunque el PSOE también ha participado en mayor o menor medida.

¿Qué consecuencias directas tiene la privatización? Encarece los costes, genera desigualdades, y no ha demostrado ser más eficaz, sino más bien lo contrario.

La llegada de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la situación de nuestra sanidad pública. Esa de la que tanto presumíamos, pues nos habían repetido que era una de las mejores del mundo. Ciertamente la pandemia ha golpeado duro a nivel global, pero algunos se preguntan por qué en España estamos encabezando las listas de los datos más lamentables. Y dentro de España, ahora, tenemos a Madrid en el podium por su nefasta gestión. No se trata de echar carreras. Las cifras también señalan a Cataluña y al País Vasco, a las regiones que más han apostado por desmontar la sanidad pública y apostar por la gestión privada, a través de sus múltiples fórmulas.

Los expertos sabrán detalladamente mucho mejor las razones que nos están llevando a esta situación. Pero basta con observar, como usuarios, lo que sucede: personal sanitario insuficiente para gestionar toda la demanda; falta de recursos; absoluta desatención. Y es que el negocio con la salud sale rentable siempre y cuando la situación no se vaya de las manos, como sucede con una pandemia. En estas circunstancias, tratar de hacer negocio -que también se hace- no debería ser la prioridad cuando de lo que se trata es de salvar vidas y, además, el funcionamiento de un país.

Ahora parece que la mayoría de la población está dándose cuenta de que algo falla: lo que ocurre es que nadie explica en los medios de comunicación masivos dónde ha estado la trampa. Y todavía falta información para llegar a la conclusión de que la privada busca réditos económicos mientras que la pública busca ser eficaz y su objetivo es la salud. A ver si conseguimos entenderlo para que no volvamos a sufrir lo que estamos viendo en este tiempo que nos ha tocado vivir.