Una jueza ha ordenado este viernes a la Administración de Donald Trump detener las redadas migratorias indiscriminadas en el sur de California (EE.UU.) en las que se arresta a personas con base en su perfil racial, como el color de piel o el idioma que hablan. La magistrada, Maame Frimpong, también ha emitido una orden que prohíbe al Gobierno federal restringir el acceso de los abogados a un centro de detención de migrantes en Los Ángeles. Todo, en medio de la fiebre antiinmigración de Trump, que tras volver a la Casa Blanca ordenó redadas masivas para detener a los inmigrantes en situación irregular en el país y expulsarlos de manera sumaria a cárceles de El Salvador —lo que le ha costado pugnas con los tribunales por vulneración de derechos y la denuncia de grupos por los derechos humanos—.
La decisión de la magistrada llega tras la demanda que presentaron la semana pasada ante un tribunal de distrito de California personas afectadas por las redadas de Trump y organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian que en los operativos se han cometido múltiples violaciones constitucionales y abusos por motivos raciales. El Departamento de Seguridad Nacional del gobierno americano niega estas acusaciones y asegura que son "repugnantes y categóricamente falsas".
Disturbios en Los Ángeles por las redadas de Trump / EFE
La demanda fue motivada después de que el pasado 22 de junio hombres enmascarados que apenas portaban un chaleco con escudos de la Patrulla Fronteriza detuvieron a varios trabajadores de forma violenta, como quedó registrado en videos que se volvieron virales. Uno de los dueños del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los supuestos agentes ingresaron a la fuerza a partes restringidas al público como los túneles donde está la maquinaria y confirmó que en los arrestos se usó fuerza excesiva. Los múltiples testimonios de los familiares de los detenidos coincidían en que los trabajadores estaban incomunicados y que los arrestos fueron motivados por su perfil racial.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California, uno de los grupos que representan a los demandantes, ha detallado en un comunicado que la orden de la jueza "prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable". También prohíbe que las detenciones se basen en factores como la raza o etnia, el hablar español o inglés con acento; el tipo de empleo y la presencia en determinados lugares como estaciones de autobús, lavaderos de coches o explotaciones agrícolas. La segunda "ordena al Departamento de Seguridad Nacional que proporcione acceso a un abogado entre semana, fines de semana y días festivos a las personas detenidas en el B-18, el edificio federal en el centro de Los Ángeles".
Las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles comenzaron hace un mes y han generado un fuerte rechazo social entre los afectados y grupos pro inmigrante e incluso han llevado a fuertes enfrentamientos con los agentes y disturbios, lo que ha convertido el estado prominentemente progresista California —feudo tradicional del Partido Demócrata— en un símbolo de resistencia contra el Gobierno de Trump.
Trump ordena arrestar a los manifestantes que ataquen vehículos policiales
Paralelamente, el presidente de Estados Unidos ha ordenado este viernes arrestar a los manifestantes que arrojen piedras contra los vehículos de los agentes que participan en las redadas. El líder republicano explicó a través de su plataforma Truth Social que tomó esta decisión al ver un video de un grupo de personas que lanzaban piedras contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que viajaban en vehículos oficiales durante un operativo en California.
Trump ha explicado que ha dado orden a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, para que "instruyan a todos los agentes del ICE, del Departamento de Seguridad Nacional o a cualquier otro agente del orden público que sean víctimas de piedras, ladrillos o cualquier otra forma de agresión, que detengan su coche y arresten a estos inmundos, utilizando todos los medios necesarios". El FBI, por su parte, ha ofrecido este viernes una recompensa de 50.000 dólares por información que conduzca al arresto de una persona que apuntó con una pistola a los agentes durante un choque.