Esta semana hemos visto algunas decisiones políticas que nos han llamado la atención al común de los mortales. En primer lugar, la decisión del Gobierno de anunciar la vuelta del uso de la mascarilla en exteriores, contra todo criterio de los expertos en la materia. Después de dos años de pandemia ya se sabe por todos que la mascarilla en el exterior no es necesaria cuando guardas distancia. Cuando escuché la decisión me sorprendió porque me pareció una decisión meramente de imagen, continuar ir dando palos de ciego para que tengamos la sensación de que se toman medidas ante la gran incertidumbre de ver que con una de las poblaciones más vacunadas, nos encontramos sumergidos en una ola que ya reporta el mayor número de contagios.
Ciertamente los contagios que ahora mismo se registran no reportan muertes como en la primera ola, y parece que no reflejan tampoco la gravedad que en otras fechas. Es una buena noticia (aunque no podemos lanzar las campanas al vuelo). En cualquier caso, la medida de ponerse la mascarilla en el exterior ha sido criticada por todas partes, por ser absurda y por tener a buena parte de la población —que ha cumplido religiosamente con todo— hasta el cogote.
También hemos visto cambiar la medida por parte del Govern sobre las personas vacunadas que han tenido contacto con personas positivas. En un momento debían guardar cuarentena y tras la decisión del ministerio de Sanidad en sentido contrario, dieron un giro radical. Se anuncian también estos días medidas muy distintas dependiendo de los territorios: mientras Murcia o Cataluña vuelven al toque de queda nocturno, en otros territorios esto no sucede. El pasaporte covid se aprueba en varias regiones mientras en otras, continuamos teniendo absoluta capacidad de decidir con responsabilidad. El caos en el que estamos inmersos en el Estado español es evidente. Un tribunal superior de justicia dice una cosa, y su vecino dice la contraria. Depende, por lo tanto, del territorio en el que te encuentres, para que puedas moverte, salir a pasear aunque sea tú solo, o tomarte un café en una terraza de un bar.
¿Medidas útiles? Pues no parecen serlo, pues el pasaporte covid ya se sabe que no sirve absolutamente para nada en términos de pandemia, salvo para pretender acosar a los no vacunados y convencerles de que se pongan la vacuna. Entre tanta confusión perdemos muchas veces la noción de las medidas que se aplican, no sabemos bien si podemos salir, entrar, subir o bajar. Y el hartazgo del personal hace que las instituciones pierdan credibilidad, que la gente termine por hacer más o menos lo que le venga en gana y que las medidas de seguridad terminen saltándose a la torera y siendo meramente cosméticas. Y es que cuando las decisiones no se toman en base a criterios estrictamente de salud, todo puede desmoronarse rápidamente, como ya se advierte en países vecinos donde la población está protestando de manera bastante contundente ante medidas abusivas que atentan contra los derechos más fundamentales de la población.
El discurso que consiste en señalar a cualquiera que proteste como "negacionista" está dejando de funcionar.
Porque no es cierto: y es que en realidad, de las personas que se muestran contrarias a las decisiones que se toman, en puridad, no hay un gran número de personas que niegue la existencia de este virus. Ese grupo ha sido muy reducido durante todo este tiempo. La inmensa mayoría de las personas a las que se llama "negacionistas" en realidad son personas responsables, que han cumplido con todas las pautas establecidas y que sencillamente están viendo hacer aguas por todas partes ante las decisiones, en su mayoría de casos absurdas, que establecen los distintos gobiernos. Lo decía Owen Jones en un interesante artículo en The Guardian, y creo que tiene toda la razón: se está rompiendo el consenso social que existía hace dos años, en el inicio de la pandemia. Cuando prácticamente nadie se hacía preguntas, aterrados todos por el miedo y la incertidumbre.
A medida que pasa el tiempo, vamos notando el agua del caldero arder. Todavía no somos ranas, y aún nos damos cuenta de que hay que saltar de este caldo porque seguir así es insostenible. Los políticos (me da igual el color, el partido, las siglas y el territorio) están demostrando ser absolutamente incapaces de tomar medidas que atiendan a un mínimo de sentido científico. Tan pronto hacen como deshacen. Tan pronto dicen como se desdicen. Los expertos están hartos de hacerles señales de todo tipo. Y la ciudadanía está ya harta de obedecer viendo cómo nos hacen cumplir con normas que ya no hay forma de justificar con una mínima lógica. El deterioro tan brutal de las instituciones, de las autoridades que están pisoteando nuestros derechos va a costar mucho tiempo arreglarlo. Porque si algo está demostrando esta pandemia es que la clase política no está sabiendo estar a la altura de lo que cualquier ciudadano medio necesita.
Han reventado la sanidad pública, cuando más la necesitábamos. Han limitado nuestros derechos cuando no era necesario hacerlo si se hubieran establecido recomendaciones e información lo suficientemente abierta como para dirigirse a nosotros como personas responsables y con capacidad de raciocinio.
Nos están dando datos absolutamente sesgados para hacernos creer lo que no es. Nos están inoculando miedo para tratar de que traguemos con lo que sea. Y a medida que la cosa avanza pretenden enfrentarnos entre nosotros para que, sencillamente no salgamos masivamente a las calles a decirles que esto no se sostiene de ninguna manera.
El destrozo a diferentes sectores supone un golpe del que muchas familias no se podrán recuperar. El desgarre para los bolsillos de las familias que supone el pago de las facturas de la luz es otro de los dolores de los hogares españoles. Medidas que bien podrían haberse solucionado con reales decretos verdaderamente contundentes que ayudasen a proteger lo público, a proteger los negocios de la gente trabajadora y los bolsillos de las familias humildes. Se ha optado por inyectar miles de millones a industrias farmacéuticas que están nadando en la más que excesiva abundancia en este ejercicio. Y la población de buena fe inoculándose sus vacunas para ver si funcionan mientras los ingresos no cesan.
¿Nadie puede poner orden en todo esto? ¿Nadie puede priorizar y dar tranquilidad a las personas que no dejan de cumplir, sin ver por ningún lado la luz al final del tunel? ¿Hay alguien que verdaderamente se esté preocupando por lo que está sucediendo en los hogares de la mayoría social española?