Desde el año 2019, al menos 1.113 menores tutelados por las distintas comunidades autónomas han denunciado abusos sexuales en España. Pero los expertos aseguran que los datos reales deben ser muchísimo mayores. Los menores tutelados, que son más de 30.000 en toda España, son considerados menores de especial vulnerabilidad, ya que se encuentran en situaciones muy delicadas, y en muchos casos, están expuestos a entornos de riesgo, carecen de redes de apoyo y no tienen las herramientas necesarias para defenderse. En Catalunya, el caso Trinity se estableció en el año 2016, destapando una red internacional de pederastia que tuvo un centenar de víctimas, entre las que había siete menores tutelados. Casi diez años después, tenemos ante nosotros el caso Damocles. Donde el patrón se repite. No es algo nuevo, aunque algunos parezcan muy sorprendidos. Entre 2019 y 2023, la Generalitat de Cataluña ha ejercido la acusación particular en 458 denuncias de abuso sexual a menores tutelados, de los que 50 sentencias han sido condenatorias. 

En la Comunidad de Madrid, entre enero de 2022 y julio de 2023 se registraron 69 denuncias por presuntos abusos sexuales a niñas tuteladas.

En Navarra, desde 2019, 49 menores tutelados han denunciado abusos sexuales.

En Castilla la Mancha, de 99 denuncias registradas, hay 51 procesos en curso y 15 sentencias en lo que va de año.

En Asturias, 20 sentencias condenatorias de 36 denuncias desde 2019.

En Cataluña, tras el caso Trinity, se creó la figura del “delegado de protección contra la victimización” en cada centro, pero fuentes internas reconocen que la medida “no ha funcionado” y que los problemas persisten .

Me llama poderosamente la atención que, a pesar de que este asunto está en prensa, no está generando el escándalo suficiente que debería en la sociedad. Puede estar sucediendo, como algunos aseguran, que se esté yendo de las manos el asunto de la infancia. Que haya organizaciones y particulares concretos que están obteniendo dinero público que, en lugar de destinarse al bienestar de esos menores más vulnerables, en realidad se deriva a otros menesteres. Y, para colmo, en lugar de cuidar de los críticos, se les abandona a su suerte, se mira hacia otro lado, o lo que es más grave: se abusa de ellos con demasiada impunidad. Es de una gravedad tal, que la sociedad entera debería salir a las calles. Los niños no se tocan. Y si encima es la Administración quien les lleva a estas situaciones, es un hecho brutalmente inadmisible en una sociedad sana.

El director de este diario, Pepe Antich, escribió un interesantísimo y valiente artículo de opinión que se publicó ayer viernes. Bajo el título “El incendio de la DGAIA”, explicaba, punto por punto, el enorme escándalo, un secreto a voces, que lleva años produciéndose en Cataluña y que ahora parece haber generado, por fin, las reacciones necesarias ante la gravedad de los hechos. El artículo señala cómo el caso de la menor de 12 años, tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, víctima de una red de pederastia, ha abierto en canal “un debate larvado desde hace tiempo”.

La Fiscalía pide un total de 107 años de prisión para un hombre que violó a esta niña en reiteradas ocasiones. No es, como recuerda Antich, el único caso. A continuación, una breve explicación de lo que ha sucedido. Partiendo de dos elementos que subrayan ese valiente artículo:

  • Parches de dinero, que no han ido donde debería, sino que, en algunos casos, han servido para generar patrimonio inmobiliario. Porque, con las ayudas recibidas, que deben ir para la atención de los menores, se han adquirido inmuebles.
    • La Oficina antifraude ha abierto una investigación y, de momento, considera veraces las pruebas aportadas por un educador social, que apuntan a una separación de fondos públicos para la atención de la infancia, hacia entidades y fundaciones privadas en las que la Generalitat tenía el servicio asignado. Se habla, como en La Vanguardia, de corrupción sistémica dentro de una dirección general a lo largo de, por lo menos, diez años.
    • Se desconoce cuánto dinero se ha desviado, se ha malgastado, se ha malversado. Se halló, por ejemplo, en 2019, por el que se pagaban 36.000 euros por expediente al año, pasando la cifra a ser de 56.000 euros en 2025. Las inversiones de dinero público se han multiplicado, alegando situaciones de urgencia que los investigadores no comprenden.
  • Los procesos mediante los cuales, cada vez, más familias en el Estado español ven cómo sus hijos les son arrancados de sus hogares. Un hecho seriamente preocupante, que muchas veces enmascaran espurios beneficios que no van a parar al beneficio del menor, sino todo lo contrario. Una situación que, además, se ha visto absolutamente descontrolada por la avalancha de menores no acompañados que han llegado por la vía de la inmigración irregular.

Ya se advirtió por la Síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas, en un informe elaborado el año pasado, que la fuga de los menores tutelados por estos centros era un serio problema que debía abordarse. Un problema del que habían informado desde el Colectivo de Educadores y Educadoras de Cataluña, desesperados por la situación que no podían contener. Y por si no fuera suficiente, en 2023, otro informe alertaba del peligroso riesgo de explotación sexual para las menores residentes en estos centros de protección públicos.

La responsable de la Dirección General de Atención a la Infancia se ha sumado al mantra del ejecutivo central, y ha anunciado que desde el Govern se quiere “llegar hasta el final”. Como con el apagón, con la filtración de los mensajes privados, o con cualquier cosa que estalle ante nuestra atónita mirada. En este caso van a tener que dar explicaciones a todos los que han gobernado desde el año 2011, salpicándoles a todos.