Formalmente, el presidente de la Generalitat está al frente de los Mossos, es el mando superior de la policía. Uno de los colectivos donde era necesario y urgente hacer algunos cambios. 

En este sentido, precisamente, se han tomado una serie de medidas en los últimos días, que se han concretado en el cambio de algunos de los mandos policiales. Miquel Justo Medrano, ha sido relevado y sustituido por Eduard Sallent como responsable de la Comisaría General de Información. También se ha nombrado al Comisario Ferran López como adjunto a la Prefectura de Policía.

El Presidente Torra tuvo ayer un encuentro con ellos, siendo la primera vez que un Presidente habla en el auditorio de la sede central de Mossos delante de todos los mandos, unos 400 aproximadamente. Su mensaje fue, fundamentalmente, el del agradecimiento por el compromiso de los Mossos con los principios democráticos y su profesionalidad en tiempos muy difíciles: tanto en el atentado del pasado agosto de 2017 como durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. 

Y es que muchas han sido las cosas que han pasado desde aquel 17 de agosto. Algunas supondrán ya una manera de pensar difícil de cambiar en las mentes de algunas (no pocas) personas. Como en un sector de la población muy especial: los más pequeños. Desde lo sucedido el 1 de octubre, fecha que quedará marcada en el recuerdo colectivo por la brutal represión ejercida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la imagen que ha quedado de la policía para muchas personas ha sido la de la violencia injustificada, la de las brutales agresiones a personas pacíficas, así como el destrozo de lugares públicos, como fueron por ejemplo algunas escuelas públicas. 

No es de extrañar que desde entonces, muchos de los jóvenes calatanes tengan en su mente la imagen de las puertas de sus escuelas reventadas; y ha sido inevitable que hayan visto esas imborrables imágenes de policías aporreando a sus madres, padres, abuelas y vecinos. Es un hecho: muchos niños y niñas catalanes, desde el 1 de octubre, se preguntaron (y así lo manifestaban abiertamente) por qué la policía les pegaba. No sabían encajar en la simple ecuación el hecho de que los que ellos entendían como “buenos”, se comportasen como “malos”. Y ha sido muy habitual que los más pequeños preguntasen a sus padres, en fechas posteriores, por qué la policía había actuado así. Ahora les tienen miedo. 

Y es que una función fundamental de los cuerpos y fuerzas de seguridad es la de garantizar la convivencia tranquila y pacífica de la ciudadanía. El importante hecho de sentirnos seguros y protegidos por ellos. Saber que velan por nuestra seguridad. Y sin embargo, a tenor de los hechos que han venido sucediendo, especialmente los últimos días, esto no ha sido así, sino más bien todo lo contrario. 

Las agresiones cometidas, en plena calle, y con incuestionable violencia, protagonizadas en algún caso por personas pertenecientes a la Policía Nacional -sin estar de servicio, supuestamente-, han supuesto otro varapalo para la concepción que de estos agentes se tiene. Fue concretamente la agresión al fotoperiodista Jordi Borrás, realizada por un agente que trabajaba para la brigada de información del CPN. 

Sorprendentemente, esta brigada fue denunciada por los mossos por alertar a presuntos terroristas yihadistas e informarles de que estaban siendo investigados por la policía de Cataluña. Todavía no se sabe por qué ni a cuento de qué los agentes de la Policía Nacional se estaban dedicando a boicotear las labores de investigación del los mossos en un asunto tan relevante como es la seguridad en materia de terrorismo. Y lo más sorprendente es que, por el momento, desde el Gobierno de España no se ha puesto en marcha ninguna investigación, ninguna medida al respecto. Es descorazonador que, a tenor de la información conocida respecto al Imán de Ripoll, señalado como principal responsable de los atentados de las Ramblas del pasado agosto de 2017 y confidente del CNI, los principales partidos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos) se hayan negado a abrir una comisión de investigación específica para aclarar lo sucedido. 

Es evidente que los ataques de índole fascista, las agresiones en las calles de Cataluña contra personas presumiblemente independentistas, soberanistas o republicanas, han gozado de una impunidad insultante. Incluso hemos llegado a ver, hace pocos días, como desde partidos políticos y perfiles públicos generadores de opinión, se ha querido justificar la barbaridad acontecida en la plaza de Vic (donde un vehículo irrumpió en la zona peatonal, conduciendo a gran velocidad y arrasando con las cruces amarillas que habían sido puestas, previo permiso del Ayuntamiento), donde se puso en peligro la vida de varias personas. Es increíble leer los comentarios que consideran que este posible delito de conducción temeraria se enmarca dentro de la libertad de expresión. Es todavía más sorprendente pretender justificar después que el conductor sufre trastornos mentales y no era dueño de sí en ese momento. 

Todavía no ha quedado claro si el “atropellacruces” pertenecía al ejército. Pero lo que sí ha quedado claro es el hecho de que a día de hoy se encuentra en libertad, esperando a ser juzgado, pero en libertad. Habiendo puesto en peligro la vida de muchas personas y habiendo actuado de manera evidentemente delictiva. 

Y así ha venido sucediendo en cada agresión que se ha cometido en las calles de distintas localidades catalanas. Impunidad con los agresores. A pesar de haberlos podido identificar, y en algunos casos, poder encontrar sus vínculos y pertenencia a organizaciones fascistas.

Y mientras tanto, las multas en base a la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana han ido cayendo, una detrás de otra, contra ciudadanos que se expresaban pacíficamente en manifestaciones; contra personas que acudieron a votar el 1 de octubre. No olvidemos el caso Pasarrondona, acusado de delito de odio por ponerse una nariz de payaso. Denunciado por los propios agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Esos que redactaron informes falsos como el ya tan conocido de San Esteve de les Roures. 

Mientras algunos agentes se han dedicado a criminalizar acciones pacíficas y democráticas, a sancionar a ciudadanos absolutamente cívicos, a agredirles, han pasado por alto los delitos cometidos por quienes manifiestamente profesan ideologías de extrema derecha. 

Y es que no podemos olvidar que durante un partido de fútbol fueron requisadas camisetas amarillas a la entrada del encuentro. Y pancartas con la palabra “libertad” o “democracia”. Por los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que no actúan de ninguna manera ante las concentraciones fascistas, con simbología anticonstitucional, congregados en El Valle de los Caídos. 

Es así de evidente: promover ideologías violentas, totalitarias, xenófobas, parece considerarse “libertad de expresión”, mientras que los lazos amarillos en solidaridad de los presos políticos, las pancartas pidiendo justicia, democracia y libertad, son consideradas hechos a perseguir. Ver para creer. 

Una policia democrática y moderna es la que garantiza derechos y libertades, no la que los reprime.

La policia no tiene que dar miedo. Tiene que conseguir que los ciudadanos no tengan miedo. Es la diferencia de función entre un país democrático y un país autoritario. 

De momento, en Cataluña, los Mossos ya han declarado sus intenciones en este comunicado publicado inmediatamente después de los cambios entre los responsables del cuerpo:

“Después del nombramiento del nuevo comisario, con esta reestructuración de las responsabilidades se da continuidad a la voluntad expresada por la dirección de impulsar la revisión de la actual estructura de mandos con el objetivo de incrementar los niveles de eficiencia en la gestión de los servicios de seguridad, para continuar trabajando en la defensa y la protección de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía.”

Que así sea y que en España tomen nota.