Érase una vez el presidente de un gobierno a quien, años después de haber dejado el cargo, la justicia española lanzó un duro ataque y una investigación muy severa contra él. La historia comienza hace más de veinte años: la primera vez que ganó las elecciones fue contra todo pronóstico, porque las encuestas preveían una victoria de su adversario, que, por cierto, ya tenía el cava en la nevera para celebrar una conquista electoral que nunca llegó. Quizás por eso, después pasaron dos cosas: sus rivales políticos nunca se lo perdonaron, pero, por el contrario, sus seguidores y votantes lo elevaron a la categoría de referente de aquel movimiento que lo había llevado a la victoria.
Durante sus primeros años como presidente, adoptó medidas consideradas muy avanzadas para su tiempo y, de hecho, suponían una ruptura y una superación del anterior régimen que había gobernado hasta entonces con mano de hierro. Su ciclo como presidente terminó al cabo de unos años, pero, ya fuera del palacio presidencial, continuó siendo un referente político para su partido. De hecho, cuando su partido se recompuso de la derrota y consiguió volver a gobernar, fue por la irrupción de un nuevo líder a quien la opinión pública consideró heredero político suyo. Y es más, hay quien cree que, sin su aprobación, este heredero nunca habría sido candidato a nada.
Le hicieron investigaciones prospectivas, las filtraron a la prensa y todo acabó en la Audiencia Nacional
Cuando este presidente tan carismático se convirtió en expresidente, continuó siendo un faro durante mucho tiempo, tanto para su partido como para sus herederos en el gobierno. Pero esta aura que lo rodeaba tenía su contrapunto en la animadversión que generaba entre quienes nunca digirieron su victoria ni la de sus sucesores al frente del partido. El colmo fue cuando, para resolver el conflicto político entre Catalunya y España, apostó claramente por la negociación entre el Estado y los independentistas. Y a pesar de que siempre había sido un ferviente defensor del encaje del catalanismo en el marco de un Estado más bien federal, sus rivales, acérrimos defensores de la unidad de España, lo consideraron como la gota que empezaba su destrucción política. Por eso utilizaron todo tipo de recursos para intentar acabar con su partido y con su vida civil. Hicieron que la policía investigara de manera prospectiva, filtraron las investigaciones a medios de comunicación y todo esto acabó desembocando en una causa judicial en la Audiencia Nacional.
El éxito más rotundo de la voracidad de las acusaciones fue haber extendido, para siempre, la sombra de la duda también entre sus seguidores
Este tribunal lo acusó, básicamente, de usar su influencia política para conseguir favores particulares y, de todo ello, hacer negocios. La acusación que pesaba sobre él era la de cobrar comisiones ilegales de un 3% por su rol de intermediario y que, además, había utilizado a su familia como tapadera para poder disimular el engranaje de cobro. Cuando salieron todas estas acusaciones, él negó haber participado en nada relacionado con la corrupción, pero el daño mediático y social ya estaba hecho. De hecho, el éxito más rotundo de la voracidad de las acusaciones fue haber extendido, para siempre, la sombra de la duda también entre sus seguidores: ¿y si a pesar de su dimensión moral de honestidad, en el fondo, había hecho algo mal? ¿Y si no? ¿Y si todo ello era lawfare?
Todo ello parecía una operación de Estado para hundir lo que representaba políticamente
Tanto fue así que los periodistas empezaron a preguntar a compañeros de su partido si ponían la mano en el fuego por él. Algunos dudaban, pero la mayoría decían que sí, que no había hecho nada relacionado con la corrupción y que todo ello era un montaje judicial, político y mediático, que lo único que perseguía era derrotar con togas aquello que el rival era incapaz de ganar en las urnas y en el Parlamento. En realidad, era una auténtica operación de Estado para derrocar aquello que representaba y, de paso, intentar empequeñecer su inmenso legado político. Por este motivo, lo imputaron, les bloquearon las cuentas bancarias a él y a su familia, investigaron cuánto dinero tenía en el extranjero y lo citaron a declarar en Madrid con un elevadísimo riesgo de acabar en prisión, y todo ello ocupaba horas y horas de programas de radio y tele y páginas y páginas de periódicos en papel y digital.
Sus seguidores decían que, una vez celebrado el juicio, todo ello quedaría en nada, mientras que sus detractores clamaban, a pesar de la presunción de inocencia, que ya habían conseguido el objetivo de matarlo políticamente, de arrastrar a sus herederos y de dejar una mancha en su biografía. La cuestión es que un día apareció un artículo en El Nacional explicando esta historia y los lectores nunca tuvieron claro si el autor se refería a Jordi Pujol o a José Luis Rodríguez Zapatero. Fue el prejuicio de cada uno el que los convirtió en culpables.