Las apariencias engañan, ciertamente. Esto es lo que está pasando con el Ayuntamiento de Barcelona y su gasto social si tenemos en cuenta lo que destacó Marc Bleda en una noticia publicada por este mismo diario. De entrada, la noticia me sorprendió y por eso recurrí a la fuente original, un estudio realizado por una entidad independiente creada el 1994, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS), especializada en evaluar políticas públicas. Es una entidad del tipo Observatori DESC, que es donde antes trabajaban Ada Colau, Jaume Asens y el concejal currante de verdad, Gerardo Pisarello, y su mujer, que ahora también está recolocada en el Ayuntamiento. Los informes de la AEDGSS tienen menos carga ideológica que los del DESC y no se escriben con ninguna subvención oficial. Las substanciosas subvenciones que recibe el Observatori DESC, en cambio, no se detallan en la web de la entidad, que no cumple ninguna de las normas de la ley catalana de transparencia, ni en las memorias anuales. A Jordi Borja, presidente de este observatorio subvencionado incluso por Xavier Trias, no le ha gustado rendir cuentas a nadie jamás, ni cuando era uno de los cabecillas de Bandera Roja ni cuando entre 1983 y 1995 fue teniente de alcalde de Descentralización y Participación del Ayuntamiento de Barcelona en representación del PSUC.

Así pues, el Ayuntamiento que en teoría debía tener mayor sensibilidad social, resulta que no la tiene. Qué cosas, ¿verdad? De hecho, la política de los comuns es puro postureo, especialmente si se compara con lo que hace su homóloga en Madrid, Manuela Carmena. Debe de ser una cuestión de edad y de responsabilidad. En muchos aspectos, Carmena gana a Colau por goleada. En lo referente al gasto social, también. Incluso el Ayuntamiento de Zaragoza, presidido por Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, supera al de Barcelona. Quizás el Observatori DESC debería aplicar el criterio de exigibilidad que blasonan en su página web: “La vulneración de derechos obedece fundamentalmente a las desigualdades de poder existentes en la sociedad. Sin embargo, la generalización de los derechos sociales necesita, además, desmontar la percepción devaluada de éstos respecto a otros derechos considerados fundamentales como los derechos civiles y políticos y los derechos patrimoniales. Para fortalecer la consideración de los derechos sociales como auténticos derechos fundamentales de todas las personas, el Observatori DESC promueve la necesidad de más y mejores garantías, entre ellas la posibilidad de hacerlos exigibles en juzgados y tribunales.”. ¿Tendremos que ir a los juzgados? Estoy seguro que los aduladores subvencionados por Colau no se atreverán.

La política de los comuns es puro postureo, especialmente si se compara con lo que hace Manuela Carmena

La cuestión es que según el detallado análisis de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a servicios sociales y promoción social (funcional 23 de su contabilidad), el Ayuntamiento de Barcelona suspende el examen. El estudio ha sido elaborado a partir de los datos aportados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ahora dividido por el reparto de funciones entre Montoro y Sáenz de Santamaría. Claro que solo 12 municipios españoles, de los 342 analizados en el 2015 y 350 en el 2016, superan el examen de excelencia, que consiste en destinar 100 euros o más por habitante y por año a los servicios sociales, reforzar o conservar la cuantía de esas partidas en los presupuestos del presente ejercicio, sobrepasar en la materia el 10 por ciento del total de las cuentas del consistorio y ser transparentes en la difusión de los datos.

Entre los 12 ayuntamientos considerados excelentes, destaca que haya tres que sean catalanes, dos del Baix Llobregat, Molins de Rei y Martorell, y uno del Vallès Occidental, Montcada i Reixac, presidido por Laura Campos Ferrer, de ICV-EUiA-E. Los ayuntamientos de Molins y Martorell están presididos por dos jóvenes promesas del PDECat, Joan Ramon Casals –quien, por cierto, fue alumno mío en la facultad de Geografía e Historia de la UB– y Xavier Fonollosa. ¿Dónde están los grandes ayuntamientos socialistas del área metropolitana de Barcelona? ¿A qué destinan el dinero Núria Parlon, Núria Marín, Antonio Balmón y tantos otros alcaldes metropolitanos que después se dedican a dar lecciones sobre el gasto social fijado por los presupuestos de la Generalitat de Catalunya? No hay mejor antídoto para prevenir la demagogia que recurrir a los datos. Da igual que se inventen monedas locales o que se hagan las inútiles superislas, que lo que les retrata es si el gasto social coincide con lo que predican. Como pasa con Colau, los datos contradicen los discursos izquierdistas.

No hay mejor antídoto para prevenir la demagogia que recurrir a los datos

Al soberanismo catalán le preocupa sobremanera cómo seducir a los ciudadanos de las grandes poblaciones metropolitanas para la causa de la independencia. Le preocupa el qué y el cómo. Pues no hace falta que los soberanistas den más vueltas al asunto. Pueden seguir el ejemplo de Molins de Rei y Martorell o bien optar por el modelo Colau, que reduce un 11% el gasto social. Ella es un mal ejemplo, como también lo son los ayuntamientos con un gasto social inferior a 50 € por habitante y año dirigidos por soberanistas, entre los que destacan Vila-seca, Olot y Tortosa, a manos del PDECat, y Vilassar de Mar, presidido por un alcalde de ERC. La balanza se decantará a favor de los que sepan ganar el futuro y seduzcan a la gente.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat