La política catalana y el juicio al procés parecen haber sintonizado de repente sus relojes biológicos. El president Quim Torra y el presidente del tribunal que juzga la Causa especial 20907/17, Manuel Marchena, han visto cómo se les planteaban en la misma semana cuestiones críticas para su gestión.

El abogado de Joaquim Forn, el hábil y sutil Xavier Melero, ha puesto al presidente y al tribunal en el brete de admitir o rechazar la petición de un careo entre el teniente coronel de la Guardia Civil y hombre puesto al mando por el gobierno de Mariano Rajoy, Pérez de los Cobos, y el segundo de los Mossos, Ferran López. No se trata de que ambos testigos manejen diferentes percepciones o impresiones de los hechos. Se trata de que ambos testimonian hechos diferentes y radicalmente contradictorios.

Los dos no pueden estar diciendo la verdad. Contrastar la credibilidad de ambos testigos, para determinar quién falta a la verdad, resulta indispensable para que el Tribunal pueda evaluar la solidez de la viga maestra que sostiene el relato de la acusación. Solo mediante un careo podrá comprobarse de manera fehaciente si, como sostiene la fiscalía, los Mossos actuaron cómo el “ejército” de la rebelión o, por el contrario, y como alegan las defensas, nunca se desviaron de sus obligaciones como fuerzas del orden que tienen como prioridad preservar la paz y la seguridad de los ciudadanos.

El president Quim Torra y Manuel Marchena han visto cómo se les planteaban en la misma semana cuestiones críticas para su gestión

Marchena ha optado por aplazar la decisión y ganar tiempo, consciente de que negar ahora ese careo resultaría tan difícil de explicar como de entender. Antes o después, deberá concederlo. Lo exige la lógica de la causa. Lo ampara la práctica del propio Tribunal Supremo quien, durante el juicio de los GAL y a iniciativa propia, mandó celebrar diversos careos entre los responsables políticos implicados, desde el ministro José Barrionuevo, al gobernador de Vizcaya, Julián Sancristóbal, o el secretario de los socialistas vascos, Ricardo García Damborenea.

En el Parlament la oposición también le ha planteado su particular careo al president Torra y su Govern. Con la retirada táctica de la CUP, socialistas, comunes, populares y naranjas han ganado por un voto una moción que exige cuestión de confianza o elecciones. Al igual que Marchena, el president ha optado por aplazar la decisión. Pero tampoco le va a quedar otro remedio que hacer algo que demuestre que dispone de esa mayoría ordinaria que permite gobernar. La política, como la justicia, tiene su propia lógica y suele resultar imparable.

Ampararse en el argumento de los diputados que no pueden votar para invocar su supuesta mayoría no pasa de excusa de mal pagador. Podían haberles reemplazado, prefirieron no hacerlo y este es el precio. Resulta evidente que la oposición es completamente incapaz de presentar una alternativa de gobierno y sólo sabe sumar para tumbar al gobierno Torra. Pero la irresponsabilidad o el ventajismo de la oposición no atenúan la responsabilidad de quien esté al frente del gobierno.

El president y su ejecutivo tienen la obligación de acreditar que disponen de la mayoría para gobernar y sacar adelante su programa en el Parlament. Para ello no ha de escoger necesariamente entre las opciones extraordinarias que le ha planteado la oposición, en su propio beneficio. También puede apostar por algo tan normal como tratar de aprobar otros presupuestos.