Después de haber permitido la presentación del aberrante escrito de acusación de la fiscalía en el juicio del procés, a la fiscal general del Estado, María José Segarra, solo le queda una salida digna: dimitir e irse a su casa. Para presentar un escrito de acusación cuya solidez jurídica y aporte probatorio no alcanza ni el nivel de una tertulia de Intereconomía en sus buenos tiempos, ya teníamos al anterior fiscal general, Sánchez Melgar, que además no engañaba a nadie ni iba de lo que no era.
Ahí va un ejemplo de la solidez jurídica de la acusación para probar la violencia y el alzamiento que reclama el tipo penal de la rebelión. Sostienen los fiscales que Jordi Cuixart “apeló a la determinación mostrada en la Guerra Civil empleando la expresión ¡No pasarán! el 20-S ante Economía”. Eso no es un argumento jurídico. Es algo que solo puede decir o alguien que ignora la historia o alguien que ignora el sentido común o alguien que tiene como principal objetivo fabricar un escrito que sirva para alimentar las tesis guerracivilistas de populares y Ciudadanos.
La estrategia no puede resultar ni más obvia ni más burda, igual que Albert Rivera reclamando que se nieguen indultos cuando aún no ha habido condenas: Oriol Junqueras y los demás acusados ya son culpables y todo lo que no sea condenarles es ceder al chantaje, colaborar con el golpe y ser cómplice de los golpistas.
Si la intención era arreglarlo metiendo por medio a la Abogacía del Estado, el fracaso es doble
El papel de la fiscalía es perseguir el interés general y el respeto a la ley. La instrucción de Pablo Llarena y las acusaciones de rebelión, ni responden al interés general, ni a la literalidad de la ley, ni a la voluntad del legislador. Su trabajo era devolver la acusación a la estricta lógica jurídica y proceder a una recalificación jurídica razonable y racional, no guiada por la oportunidad política o el chovinismo judicial frente a los severos revolcones judiciales llegados de Europa. Ese y no otro era el trabajo de María José Segarra y ha fracasado. Si no tiene el coraje civil, político y jurídico necesario para hacer su trabajo, debe dejar sitio a quien esté dispuesto a cumplir con su deber. Si además tus subordinados te vacilan, ya se trata de una cuestión de dignidad.
Si la intención era arreglarlo metiendo por medio a la Abogacía del Estado, el fracaso es doble. Su extravagante escrito de acusación, además de no responder a su estricto papel de defensor del interés patrimonial del Estado, agrava y complica aún más la situación del proceso sin mejorar la situación de los procesados en nada significativo. No solo no ofrece el supuesto gesto que se supone pretende, sino que lo pone todo más difícil a quienes apuestan por el sentido común y mucho más fácil a quienes solo buscan el enfrentamiento.
El gobierno de Pedro Sánchez acaba de conseguir la cuadratura del círculo: asumir todo el coste político de haber propiciado un gesto para devolver la racionalidad política y jurídica al proceso en el Supremo sin haberlo hecho y liándola aún más.