Después de atribuir al procés que la Agencia Europea del Medicamento no viniera a Barcelona, cuando todos sabíamos que era imposible, colgarle ahora la suspensión de la Barcelona World Race, cuando en realidad se debe a la incapacidad de reunir los once millones de euros que cuesta el evento, eleva un grado más el nivel de delirio al que están llegando las cosas en España.

La alegría y el jolgorio con que la oposición se ha sumado al festival de declaraciones absurdas y lecturas frívolas, solo para hacerle daño a la alcaldesa Ada Colau, merecían sin duda mejor empeño. A este paso lo siguiente será atribuirle al procés los problemas del máster mágico de Cristina Cifuentes y que nadie se atreva ni siquiera a dudarlo.

Que el juez Pablo Llarena active la euroorden retorciendo el delito de malversación para que encaje a martillazos en el delito de corrupción —que sí cubre la orden europea—, sin que a nadie le resulte escandaloso, ni siquiera extraño, que pueda hacerlo pese a los principios de tipicidad y mínima intervención que rigen nuestro derecho penal, también dice mucho de la espiral del absurdo que se ha ido apoderando de España. La chapuza jurídica resulta tan descomunal que solo la creciente espiral de silencio que se va imponiendo en todo cuanto tiene que ver con Catalunya puede explicar que apenas unos cuantos se atrevan en señalar tamaña evidencia.

Que el juez Pablo Llarena active la eurorden retorciendo el delito de malversación para que encaje a martillazos en el delito de corrupción también dice mucho de la espiral del absurdo que se ha ido apoderando de España

El auto de procesamiento del juez Pablo Llarena se sustenta sobre una concepción perfectamente elástica del concepto de violencia y del tipo del delito de rebelión. Solo así pueden enumerarse cientos de actos violencia que nadie vio y conectarlos con la existencia de una trama y una estrategia de rebelión que, por lo que pudimos comprobar en directo aquellos días, o estaba muy mal planificada o los conspiradores no acababan de entenderse entre ellos.

La activación de la euroorden sobre el arriesgado pretexto del delito de corrupción solo puede tener una razón de ser: fiarse más de la cooperación entre gobiernos amigos que de la posibilidad de que algún tribunal europeo se ponga a examinar, desde la distancia y la serenidad, las pruebas que el juez español aporta para sustentar su acusación de rebelión y pedir penas de más de veinte años de cárcel para responsables políticos que, a fin de cuentas, estaban cumpliendo el programa con que se presentaron y ganaron unas elecciones. A no ser que ahora, en España, querer algo y ponerse de acuerdo para conseguirlo sea delito de rebelión.