Carlos Lesmes, el siempre reposado presidente del Tribunal Supremo, ha tenido que salir a hacer eso que los jueces nunca hacen porque ellos, ya se sabe, están por encima del bien y del mal. Marcando un alto en su incansable defensa del estado de derecho y su insobornable batalla contra las intolerables presiones de gobiernos, medios y opinión pública, ha debido ponerse ante de los micrófonos y pedir perdón por el impresentable espectáculo suministrado por el más alto tribunal del Estado español en el escandaloso asunto de las hipotecas y el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.

“No lo hemos hecho bien”, ha confesado el presidente. Dicho en boca de quien tiene la capacidad de mandarte a la cárcel cuando tú tampoco lo haces bien, suena a poco, suena a “Qué quieren que les diga, la hemos cagado; pero tampoco es para ponerse así”. Tiene algo de disculpa displicente y paternalista y, definitivamente, no exime a tan alto tribunal de la obligación de que alguien asuma la responsabilidad y se vaya a su casa a defender el estado de derecho, antes de que acabe de romperlo gambeteando en alguna sala del Supremo.

El TS no puede anular la sentencia, ni volver a poner en vigor el artículo en cuestión; eso solo puede hacerlo el poder legislativo

No lo han hecho bien. Pero aún lo siguen haciendo peor. La reunión del pleno de la sala del Supremo anunciada para el 5 de noviembre solo puede tener una finalidad: tomar café. La sentencia ha anulado el artículo 68.2 del Reglamento de la LTPAJD que fundamentaba toda la doctrina anterior para trasladar la responsabilidad del pago al prestatario y no al acreedor hipotecario, como es norma general. No hay nada que hacer ni que revisar. El TS no puede anular la sentencia, ni volver a poner en vigor el artículo en cuestión; eso solo puede hacerlo el poder legislativo. Ellos lo saben y no reconocerlo abiertamente desde ya solo tiene un efecto: cimentar aún más la sospecha de que se juntan para quedar bien ante los mismos poderes que llevan una semana llorando por los millones perdidos y avisándonos de las terribles consecuencias que tendrá para nosotros y nuestras hipotecas tanta injusticia.

Puestos a reunir el pleno del Supremo, podían haberlo convocado para tomar o no la decisión de mantener en prisión o liberar a los presos catalanes; incluso podían haberlo llamado para deliberar sobre la conveniencia o inconveniencia de continuar adelante con el juicio oral en una causa por rebelión que, ni se sostiene sobre los hechos, ni se aguanta desde los argumentos jurídicos; además de haber recibido ya varios severos revolcones judiciales a lo largo y ancho de la muy democrática Europa. Puestos a hacer el ridículo internacional o despeñarse por el barranco del desafuero, mejor hacerlo todos juntos y cogidos de la mano.