Hace mucho, mucho tiempo, en un periodismo muy, muy lejano, aquellos que se dedicaban a forzar los ángulos de la noticia y los límites de la verdad para conseguir un titular estrepitoso, a buscar y provocar una reacción airada para obtener una fotografía de portada con morbo, a hurgar y retorcer la vida o el carácter de la gente para alimentar un escándalo, tenían un nombre y conformaban toda una subcategoría despreciada y repudiada por quienes se dedicaban a hacer información en serio: se llamaba prensa amarilla. Aquello no era periodismo, era amarillismo. Lamentablemente, se trataba de otros tiempos. Eso ya pertenece al pasado, apenas queda prensa que no se apunte al amarillismo para anotarse unos miles de likes o unos cientos de retuits.

Aquellos que se dedicaban a forzar los ángulos de la noticia y los límites de la verdad para conseguir un titular estrepitoso (...) tenían un nombre y conformaban toda una subcategoría despreciada y repudiada por quienes se dedicaban a hacer información en serio: se llamaba prensa amarillo

En la política española acontece algo muy semejante. La política en serio, basada en la confrontación de ideas, estrategias y modelos, está siendo devorada por la política amarilla del titular fácil, la foto morbosa y el escándalo como mensaje. Quienes se apuntan a la práctica del amarillismo político ganan la batalla cada día a quienes aún pretenden hacer de la política una actividad que no suponga distraer a la gente con cosas que no les importan mientras alguien decide por ellos las cosas que realmente les afectan. Como ha sucedido en el periodismo, lejos de repudiar o denunciar la política amarilla, cada vez más políticos y aspirantes se apuntan a ella.

Ahí tienen, sin ir más lejos, el caso de los lazos amarillos. Nadie hace la mínima pedagogía de recordarle a la gente que, en una democracia, no existe esa llamada “neutralidad” de los espacios públicos porque son, por definición, los sitios para la acción política y social democrática. Muy pocos defienden, con la debida convicción, que la protesta y la reivindicación política siempre han de ser públicos, porque no tienen sentido como actos privados a celebrar en espacios privados. Sólo algunos gobiernos avisan con la firmeza necesaria que únicamente la autoridad competente puede retirar los elementos y símbolos de esa acción política, y que ningún ciudadano particular, se llame Albert Rivera o Pepe Pérez, tiene derecho a censurar o retirar elementos de expresión política de otro ciudadano.

Nadie hace la mínima pedagogía de recordarle a la gente que, en una democracia, no existe esa llamada “neutralidad” de los espacios públicos porque son, por definición, los sitios para la acción política y social democrática

Antes, al contrario, se toleran y permiten semejantes escuadrones de vigilantes de la calle y censores de la libertad de expresión como si fueran algo normal, incluso deseable, en una democracia avanzada. La propia Fiscalía del Estado hace el ridículo anunciando que piensa investigar a las autoridades que identifiquen a tales vigilantes, y ni el gobierno de Madrid, ni sus rivales políticos, se atreven a afear a los líderes de Ciudadanos que se pongan al frente de semejantes escuadrones de la censura. Todo se va tiñendo de puro amarillismo político.

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