El pasado día 15 comparecía, como cada viernes, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Y, como viene siendo habitual, la carpeta catalana ocupó una parte importante de las explicaciones de la portavoz del Gobierno. La semana había sido especialmente caliente, ya que el rey Felipe VI había rechazado recibir a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que le quería notificar en primera persona la elección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. A la vez, el mismo jefe del Estado firmaba como es preceptivo un Real Decreto, conjuntamente con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, de cese como president de la Generalitat de Artur Mas. La novedad del decreto era la supresión de la fórmula habitual en todos los ceses que se publican en el BOE mediante la cual se le agradecen al dimitido los servicios prestados. Sáenz de Santamaría, a través de los portavoces habituales en estos casos, dio la explicación del Ejecutivo: el Gobierno no tiene nada que agradecer a Artur Mas. Se entiende, claro está, por llevar adelante su desafio soberanista y mantener un pulso político con el Estado reclamando acordar un referéndum de independencia.

Pero el azar (y la sospecha de corrupción) ha invertido muy pocos días después el singular filtro Soraya. Su todopoderoso número tres, el subsecretario de Presidencia, el abogado del Estado Federico Ramos de Armas, se vio forzado a dimitir la semana pasada involucrado supuestamente en el denominado caso Acuamed, la empresa pública que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que supuestamente habría pagado una compensación indebida de una constructora por un importe de 40 millones de euros. Varios exempleados han apuntado al juez que en la reunión en que se habría acordado esta cantidad habría participado el dimitido Ramos de Armas. La justicia decididirá cuál fue la implicación del abogado del Estado, pero la dimisión se produjo, cuando menos, por presunta corrupción. La pregunta es clara: ¿tiene el Estado algo que agradecer a quien dimite implicado en un caso de presunta corrupción? ¿Dónde se sitúa la vara del agradecimiento?

Basta con acudir al decreto de cese de Ramos de Armas para encontrar la respuesta. Cese a petición propia y agradecimiento de los servicios prestados. La siguiente pregunta sólo puede ser una: ¿es el BOE también un instrumento desde el que se hace política partidista con los ceses y nombramientos?