En las próximas horas, según anunció ayer el Gobierno español por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la Generalitat de Catalunya recibirá el dinero del FLA que tenía retenido y que le permitirá hacer frente al pago de proveedores farmacéuticos (101 millones), vencimientos de deuda (200 millones) y diversos gastos menores, como conciertos sanitarios, subvenciones a entidades locales y otros, hasta llegar a la cifra de 319 millones de euros. Una semana ha durado el contencioso desde que el Ejecutivo español decidió cerrar el grifo y cortar el agua y someter al Gobierno catalán a un acto público de humillación sólo comparable al que sufrió en su día el primer ministro griego Alexis Tsipras por parte de la Unión Europea y la troika.

Es evidente que sin la resolución política que aprobó el Parlament de Catalunya el pasado 9 de noviembre y que era una declaración, no un acto jurídico vinculante, el Gobierno español no habría llevado las cosas tan lejos. La cuestión es si se pueden adoptar represalias que perjudican a todos los ciudadanos (los farmacéuticos catalanes, por ejemplo, no son obviamente de un único partido) por un enconamiento político. Y utilizar para ello y como botón nuclear el dinero público que, además, en origen procede de los contribuyentes de comunidad autónoma a la que se pretende asfixiar. El Fondo de Liquidez Autonómico pretendía ser en el 2012 una línea de crédito que ayudara a las comunidades autónomas después de la caída de ingresos y ha acabado siendo el instrumento para acabar con la autonomía financiera de la Generalitat.

No deja de ser una lástima que en una cuestión como la del FLA, que poco o nada tiene que ver con la independencia sino tan sólo con la autonomía de una comunidad autónoma –a menos que se quiera transformarlas a todas en meras diputaciones provinciales–, no haya habido una complicidad mayor entre los partidos catalanes. Aunque siempre se dice que en Catalunya "la pela, es la pela", lo único cierto es que los vascos nos dan en este tema lecciones permanentes y en defensa del concierto están siempre unidos, desde el PP hasta EH Bildu. Y aquí, mientras tanto, ni concierto, ni autonomía financiera, ni FLA.