No sé qué es peor... aquellos veranos de hace unos años en los que no se encontraba nunca a nadie porque políticos y funcionarios hacían (o se declaraban) en vacaciones, o estos veranos de ahora, en los que parece que siempre hay capitanes en el timón, pero las que hace vacaciones son las neuronas. El último ejemplo, la pifia de El País sobre el resultado de la operación a corazón abierto del emérito. O el error de Irene Lozano sobre el papel clave que tuvo "España" (sic) en la liberación de París del nazismo hace 75 años. Y su cerrazón en rebatir la información del president Torra que le aclara que en la II Guerra Mundial el Estado español había actuado al revés: envió, de hecho, "a miles de soldados de la División Azul a luchar al lado de Hitler (1941-1943). Los soldados republicanos de La Nueve seguían luchando precisamente contra el fascismo y la España del dictador Franco".

Lozano no quiere reconocer el error. Prefiere recurrir al mantra incierto del odio a España del president Torra. La secretaría de Estado de España Global no solamente había atribuido mucho antes a San Juan de la Cruz el mítico "decíamos ayer" de Fray Luis de León, sino que también había comparado el referéndum del 1-O con una violación, demostrando que su rigor intelectual y su feminismo llevan demasiado tiempo de vacaciones.

Lozano no quiere reconocer el error. Prefiere recurrir al mantra incierto del odio a España del president Torra

Tampoco su valedor, el presidente Sánchez, parece decantarse por las opciones más inteligentes (ni las más empáticas). No lo era la decisión de abrir finalmente el puerto de Algeciras al Open Arms cuando había puertos seguros más próximos a las Illes Balears, Catalunya o València. No lo era porque los refugiados estaban al límite, en lastimosas condiciones sanitarias. Lanzarse al agua para intentar nadar hasta las costas de Lampedusa parecía más coherente, a pesar de no serlo, que las malas copias chovinistas de las políticas de inmigración de Salvini. Finalmente, el fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, subió al barco con un equipo médico, se dio cuenta del estado precario de los inmigrantes y ordenó su desembarque inmediato. El fiscal actuó al amparo del artículo 328 del Código Penal italiano, que castiga con penas que van de entre los seis meses y los dos años al funcionario público que haya omitido su deber. Un deber que "por razones de justicia o de seguridad pública, o de orden público o de higiene y salud, tiene que ser cumplido sin retraso".

Por motivos diferentes a las ideas neofascistas de Salvini, por inconsciencia, inconsistencia y la insoportable ligereza de su ser, ni Sánchez, ni Carmen Calvo parecían tener mucha prisa para dar solución alguna a los inmigrantes del Open Arms. Salvini quería imponer el no rescate como plataforma de propaganda para su propia campaña política. El gobierno de Sánchez, en cambio, cediendo a las presiones de los más insolidarios de sus adversarios, se disparaba un tiro en el pie. Con la vicepresidenta Calvo de ariete, amenazaba con multas a la ONG que podrían llegar hasta los 901.000 euros. Según el Ministerio de Fomento del señor Ábalos Meco, el Open Arms puede proporcionar ayuda humanitaria, pero no tiene permiso para navegar ni hacer buscas activas en la zona de salvamento y rescate... aunque el director general de Marina Mercant aseguraba que si durante la navegación encontraba a personas "en peligro" en el mar, tendría que rescatarlas. Un embrollo considerable, como se puede deducir, mientras la UE se hace la desentendida, sin directrices claras.

Ni Sánchez, ni Carmen Calvo parecían tener mucha prisa para dar solución alguna a los inmigrantes del Open Arms

Lo ha tenido fácil, pues, Alberto Garzón para poner en evidencia a Carmen Calvo en el Congreso de la Carrera de San Jerónimo en una iniciativa presentada y pasada por el registro. No sólo da la vuelta, de manera inteligente, a las amenazas de Calvo, sino que recuerda a todos los Salvinis, a sus aprendices y títeres, que "rescatar vidas humanas en peligro en el mar es una obligación impuesta por el Derecho Internacional, como establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar". Y remata: si Carmen Calvo quiere poner una multa en el Open Arms para salvar la vida además de 160 personas, ¿cuál tendría que ser la multa por desobedecer el Derecho Internacional y vulnerar los derechos humanos?

Una pregunta difícil de contestar cuando la mayoría de los políticos del Estado tienen que resolver, con las neuronas encogidas por el poco y deficiente uso que hacen de ellas, cuestiones demasiado serias de guerra y hambre, piraterías consentidas, de esclavitudes subvencionadas, de desigualdad a vida o muerte. Según informes recientes del ACNUR, el número de refugiados aumenta año tras año y en el 2019 ya son más de 68,5 millones las personas desplazadas y refugiadas en todo el mundo. Y cada dos segundos una persona se ve obligada a desplazarse por conflictos y persecución, mientras el número de muertos en el desierto de Libia sigue superando al del Mediterráneo.

Mal momento (de hecho, malos años) para dar vacaciones a la inteligencia.