Esta semana las redes se han hecho eco de un contrasentido que provoca la perplejidad de pequeños y mayores. Desde la secretaría de Educación se daba, con toda naturalidad, la responsabilidad de hacer cumplir sentencia en el centro de Canet de Mar requerido, primero directamente y después ante la justicia, de que la docencia se diera en castellano en un 50% y en catalán el otro 50% en P5. La solución final, nada salomónica, fue seguir al Tribunal Supremo imponendo el 25% de castellano al desestimar el recurso de casación del Gobierno contra el TSJC. La razón fundamental del Gobierno, basada en la soberanía y el respeto a las lenguas minoritarias, es que la decisión del TSJC entraba en contradicción con la inmersión lingüística legislada y establecida. (Pero respondía en cambio al conocido lema de Una, Grande y en español).

Y aquí radica precisamente una de las contradicciones y desconciertos de fondo, porque lo que declaraba la secretaría de Educación no se ajusta con las primeras declaraciones del conseller de Educació después del pronunciamiento del Supremo. Josep González-Cambray se manifestó en el sentido de que los profesionales de la enseñanza tenían que seguir haciendo "como siempre" y que los directores de los centros podían estar tranquilos porque "la escuela no tiene que decidir nada, tiene que seguir haciendo su trabajo como han ido haciendo maestros y educadores hasta ahora".

Creo que, como mínimo, hay una contradicción manifiesta porque las directrices de la política educativa afectan a todos en global y a cada uno de los centros en concreto, y no hay excepciones que valgan. El conseller no puede proclamar que, a pesar del Supremo, todo sigue igual para el conjunto de los centros educativos... pero que para Canet de Mar, según su secretaría de Educación, no es así. Ni podemos entender que los directores de los centros no se tienen que sentir interpelados (y mucho menos atemorizados) por la política anticatalana de las grandes figuras jurídicas y políticas del estado... pero que el director del centro de Canet de Mar, sí. Y todo es empezar y recomenzar, porque todavía se recuerda la campaña de mentiras e intimidación que se lanzó en el 2017 contra algunos profesores de Sant Andreu de la Barca.

Aunque ahora empiezan a expresarse dudas, por parte de gente lo bastante sensata, que se fundamentan en datos objetivos sobre la validez actual del modelo de inmersión, hace falta emprender un debate más a fondo a la hora de proponer como posible alternativa el modelo vasco, sin obviar, por evidentes, las enormes diferencias entre castellano y vasco, y el parentesco románico de catalán y castellano, y cómo similitudes y diferencias pueden jugar a favor y en contra. Aun así, el problema de fondo, para mí, es otro, todavía más peligroso.

Recordemos: El primer Programa de Inmersión Lingüística se puso en marcha el curso 1983-84, en diecinueve escuelas públicas de Santa Coloma de Gramenet, con una población de alumnos mayoritariamente castellanohablantes, gracias al empuje de unas cuantas familias que querían que sus hijos fueran educados en catalán. El curso 1989-90, desde el centro pionero Rosselló-Pòrcel, la inmersión lingüística saltó a más de 700 escuelas. Los resultados fueron muy buenos, y todo el Parlamento dio apoyo (con dos votos en contra).

¿Pero desde entonces, cómo es que nadie, desde las conselleries de Educació, se ha dado cuenta de que había que verificar, rendir cuentas, revisar, poner al día, contrastar, la política educativa de inmersión centro a centro, territorio a territorio?

¿Cómo es que las olas migratorias, el aumento de la diversidad entre los alumnos, pero también el crecimiento de la catalanofobia bien explicada en programas de partidos políticos que nacieron (o renacieron) en el odio a todo lo que es catalán, no ha supuesto nuevas estrategias educativas, lingüísticas y culturales que acompañaran también estrategias bien dirigidas y muy bien pensadas en los medios de comunicación públicos y privados? ¿No hay bastante evidencia de que también, en este campo, lo que hace falta son luchas compartidas desde todos los frentes educativos, artísticos y culturales?

Y así, sin hacer nada, se acaba descubriendo —tarde— que hay demasiados profesores que dan las clases en castellano, digan lo que digan los planes educativos o la política aprobada con grandes consensos.

Y que no hay bastantes clases de catalán para adultos en las escuelas, o que a ciertos programas de los medios de comunicación se acepta "pinganillo" como bestia divisoria (por más que el entrevistado haya nacido en Valencia).

Y es que hay demasiados diputados, funcionarios con cargo, directores y secretarías generales con la idea de que un gran hito personal es llegar a pertenecer a esta aberración denominada "clase política" en la cual se llega subiendo a las espaldas de la gente. En las espaldas de las familias castellanohablantes de Santa Coloma que, de acuerdo con profesores progresistas, supieron exigir y conseguir en los primeros años ochenta del siglo pasado, una de las mejores herramientas educativas para la igualdad. De hecho, cuando los políticos se reclaman, con razón o sin, de ser "de izquierdas", el contrasentido ya no puede ser mayor. ¿Cómo pueden creer que pertenecen a una "clase política" por encima de la clase que les ha dado escaño, o conselleria, o subsecretaría o dirección general? Seguramente, pensando —erróneamente— que ejercer de clase política quiere decir entre otras cosas confundir, en raso del suelo, la enseñanza en catalán con un 6% de cuota para las lenguas minoritarias de las grandes plataformas que dominan el mundo audiovisual (a excepción de las más importantes, que son extranjeras).

No hace todavía demasiado tiempo que las primeras autoridades de Catalunya se negaban a hacer el humillante "besamanos" al Borbón que se había calzado el sable el 3 de octubre del 2017. Algún espontáneo ponía a todo trapo el Himno de Riego al paso de la comitiva borbónica y en las calles se gritaba que en Catalunya no tenemos rey... ¿Pero quizás las cosas han cambiado demasiado y ahora sí que algunos que no querían ya tienen? En cualquier caso, alguien quema todavía una foto de un Borbón, pero la crème de la crème de la "clase política" no desobedecerá nunca (ni quemará) una sentencia contra la educación, la lengua y la cultura de Catalunya. Cosas que implica ser, en cuerpo y alma, tan solo una autonomía...

Nota bene: El día que se explicaba en el aula las pacíficas y tan necesarias formas de insumisión, la clase política hizo novillos.