Estoy muy contento por la absolución del mayor Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los máximos cargos de Interior por debajo del consejero, Pere Soler y Cèsar Puig. Todos los demócratas deben estar contentos por esta absolución ante la Audiencia Nacional, un tribunal especial que no tiene comparación con otro igual en Europa y que es heredero directo —hay que recordarlo siempre— del Tribunal de Orden Público franquista. La dictadura sigue coleando en los juzgados y entre las fuerzas de orden público. Sea como fuere, me alegra esta absolución, como también me alegró que la activista Tamara Carrasco fuera absuelta por la Audiencia de Barcelona de la acusación infundada de estar detrás de la organización de los cortes de los CDR durante la Semana Santa de 2018. En esta sentencia, además, y eso sí que fue una novedad, la juez criticó duramente la investigación realizada por la Guardia Civil.

Lo mejor es no cantar victoria. La fiscal provincial de Barcelona, Concepción Talón, que depende de la Fiscalía General que nombra el Ministro de Justicia, ya ha presentado recurso contra la absolución de Tamara Carrasco. Con la cúpula de Interior harán lo mismo. Hasta ahora la Fiscalía ha recurrido todas las resoluciones judiciales relacionadas con el procés que le han sido desfavorables. El Estado, en la versión que sea —incluyendo el gobierno más progresista del mundo—, está decidido a acabar con el independentismo mostrándose implacable en el ejercicio de la represión. Es una estrategia de desgaste para ver cuántos dirigentes del 1-O se desenganchan y vuelven a la “normalidad” que reclaman los poderes fácticos de Catalunya. A pesar de que los nombres se repiten, cada día se publica un artículo de alguno de los implicados en los Hechos de Octubre de 2017 entonando un mea culpa o para denunciar que Carles Puigdemont ha entrado en una peligrosa deriva populista. Se ve que ahora el populismo lo es todo para los que tienen miedo. El miedo es una turbación que sobreviene en presencia de un peligro real o imaginario y para quienes tienen miedo, cualquier cosa es ruido.

La policía catalana, junto con el establishment del régimen del 78, representado por el poder económico, los partidos unionistas y las cúpulas de los antiguos sindicatos mayoritarios, son el último bastión para intentar atajar la oleada independentista

A pesar de mi alegría por la absolución de la cúpula de Interior, no quiero hacerme trampas juagando al solitario. Trapero, que se hizo famoso cuando mandó al carajo a un periodista impertinente a raíz de los atentados del 17-A, es, por encima de todo, un policía que en octubre de 2017 no solo no participó en la organización del referéndum, sino que ni siquiera compartía los planes del Govern de ERC y Junts, si es que todavía podemos denominarlos así, para declarar la independencia de Catalunya. Al contrario, durante el juicio del 1-O ya dejó claro lo que después fue el eje de su defensa. Una cosa es que decidiera que los Mossos actuarían proporcionalmente ante posibles desórdenes, amparándose en los tribunales, y otra muy distinta que estuviera dispuesto a sumarse al independentismo. Para certificarlo, el major y sus colaboradores explicaron que tenían un operativo preparado para detener al president y a todos los consellers si recibían la orden desde un juzgado. Es difícil no creerles, pues un argumento como ese, que es de gran calibre, no puede ser una mentira. Hay que concluir, por lo tanto, que se intentó la secesión sin los Mossos. La pregunta pertinente es: ¿por qué el estado se cebó con Trapero? En primer lugar porque para que la fantasía de la rebelión fuera creíble era necesario que alguien empuñara una arma. Los irlandeses del levantamiento de Pascua de 1916 iban armados y por eso los ejecutaron sin miramientos. En octubre de 2017, el president y los consellers en el bolsillo solo llevaban el pasaporte. Pero la Audiencia también se ensañó con Trapero porque se negó a acatar las órdenes de Diego López de los Cobos, el guardia civil fascista —siguiendo la estela de su padre, candidato de Fuerza Nueva en las elecciones de 1977— que vino a Catalunya para dirigir la represión.

El caso del major Trapero y la cúpula policial debería invitarnos a pensar un poco sobre la hoja de ruta futura del independentismo. La controversia entre ERC, la CUP y Junts sobre ensanchar la base, llegar al 50% o cualquier otro de esos debates bizantinos que llenan el tiempo de las tertulias, es falsa. Ante un estado como el español, solo ensanchando la grieta, por utilizar la metáfora del vicepresidente del Parlament Josep Costa, será posible debilitar el Estado para obligarlo a negociar. Pero internamente nos queda mucho trabajo por hacer. Lo primero es, precisamente, qué hacer con los Mossos d'Esquadra. La policía catalana, junto con el establishment del régimen del 78, representado por el poder económico, los partidos unionistas y las cúpulas de los antiguos sindicatos mayoritarios, son el último bastión para intentar atajar la oleada independentista. Entretenerse con el debate sobre la base es eludir el principal problema que tiene el independentismo: cómo acabar en Catalunya con la influencia y el predominio de la generación del régimen del 78 en las estructuras —y las infraestructuras— en manos del Estado.

El amor repentino por los Mossos el verano de 2017, las flores que los ciudadanos les lanzaban por las calles por la rápida actuación ante el peor atentado islamista ocurrido en Catalunya, hizo que alguien confundiera las flores de agradecimiento con los claveles, símbolo de la libertad, que los militares portugueses exhibían en los fusiles que sin embargo estaban dispuestos a utilizar para derrocar a la dictadura. El 25 de abril de 1974 murieron cuatro personas, todas ellas a manos de la policía política salazarista. Los sublevados tenían muy bien calculados los riesgos y una hoja de ruta real. Este es el primer requisito para enderezar el camino. La cuestión judicial va desmoronándose lentamente.

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