Si el 30 de enero el presidente del Parlament, Roger Torrent, hubiera convocado el pleno de investidura, hoy tendríamos Govern. Quizás el president no sería Carles Puigdemont porque el gobierno español habría impugnado su elección, pero ya tendríamos Govern, presidido por cualquier otra persona. Si el 23 de marzo la CUP no se hubiera abstenido en el pleno de investidura de Jordi Turull, hoy tendríamos Govern. Es casi seguro que Turull habría sido encarcelado el día siguiente, pero habríamos abierto la puerta a la formación de un Govern, presidido por otro diputado. A decir verdad, el juez Pablo Llarena solo ha interferido directamente en los intentos de invertir a Jordi Sànchez, el 12 de marzo y el 13 de abril. A pesar de que en la segunda ocasión el presidente Roger Torrent envió un escrito al Tribunal Supremo español con la convocatoria del pleno y la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que instaba el Reino de España a “tomar todas las medidas necesarias” para garantizar los derechos políticos de Sànchez, Llarena volvió a denegar el permiso a Sànchez, encarcelado en Soto del Real desde el 16 de octubre. Por lo tanto, empecemos por no engañarnos.

En el intervalo entre una investidura frustrada y la otra, la situación política ha cambiado mucho. El Estado ha endurecido la represión con el encarcelamiento de una parte de los antiguos consellers, los que se mantenían activos en política, y ha propiciado el exilio de otros. Pero es que, además, ha intentado fabricar un relato sobre la violencia en Catalunya incriminando a los CDR. Como se pudo constatar por enésima vez en la manifestación el 15 de abril, los demócratas, y en particular los independentistas, son gente pacífica que canta y baila mientras reivindica la libertad de los presos políticos. Afirma Miquel Iceta que la sociedad catalana está dividida, que hay catalanes que se sienten excluidos de la nación por los independentistas, pero lo único cierto es que en Catalunya solo los independentistas son perseguidos por las ideas que defienden. “No puede ser juez y víctima [del procés]”, reprochó Sànchez al juez Llarena. Lo argumentó subrayando que Llarena ha utilizado la primera persona del plural en las últimas resoluciones. Todos los unionistas que se alteran con el procés, primero deberían ir al mecánico para comprobar qué hacen ellos para defender la libertad de expresión y el derecho de los independentistas a propugnar la separación de España. Ningún demócrata puede mirar hacia otro lado.

Es hora de activar el tictac del mecanismo que ponga fin al 155 con la investidura de un president autonómico provisional que sea leal a Carles Puigdemont

El periplo de Carles Puigdemont por Europa y su detención y liberación, aunque sea provisional, en Alemania han consolidado su liderazgo. Todo el mundo sabe que él es el presidente de Catalunya. Además, la apariencia de legalidad que se quiso dar a su destitución, mediante un artículo de la Constitución, ha quedado en nada gracias a las interlocutorias del juez Llarena, que son tan descarnadas y explícitas que nadie duda ya de las intenciones que esconden las destituciones y las detenciones. Puigdemont será lo que es mientras la mayoría soberanista así lo quiera. Ya no es necesario que presida la autonomía, que al fin y al cabo es resultado del régimen del 78. Tiene razón Juan-José López Burniol cuando escribe que la única salida al actual conflicto entre Catalunya y España es que el Estado promueva una consulta. Él defiende que sea para ampliar la autonomía. En eso el notario yerra. La consulta tiene que ser sobre la independencia. No puede ser de otro modo después de lo que ha pasado. Si los unionistas quieren intentar convencer a la ciudadanía para que vote que no a la separación de Catalunya planteando el desarrollo de la autonomía en el sentido que proponía Burniol en su último artículo, perfecto. A quién le apetezca que lo compre.

Mientras esa consulta no sea una realidad, ha llegado el momento de que los soberanistas eviten caer en el error del novel jugador de póquer, que cree que doblando la apuesta ganará. De momento, el soberanismo está ganando la partida, a pesar de las bajas —quiero decir de los exiliados y los presos—, y por lo tanto debe recuperar la dirección del gobierno autonómico, digan los que digan los remilgosos habituales. Es por eso que es hora de activar el tictac del mecanismo que ponga fin al 155 con la investidura de un presidente autonómico provisional que sea leal a Carles Puigdemont, nuestro president. Lo habríamos podido conseguir con anterioridad si ERC y la CUP hubieran tenido algo de vista. Da igual. No agotemos ahora el tiempo y más temprano que tarde elijamos a un president cuya tarea debe ser reflotar lo que todavía está ocupado por los funcionarios y los ministros del Estado. La Generalitat es un bastión que el soberanismo no puede perder bajo ningún concepto. Desarrollar la República también depende de eso. Además, cuando has ganado la eliminatoria, ¿por qué tienes que repetirla? Únicamente el equipo que ha perdido el partido quiere que se vuelva a jugar. Lamento decepcionar a Soraya Sáenz de Santamaría y a los que se escandalizan cuando resalto que estamos en guerra, porque, como dice ella, lo estamos. A pesar de que yo lo planteo a la inversa, tiene razón la vicepresidenta española cuando asegura que “esto es una batalla, que a veces parecerá que ganen [los unionistas], pero la vamos a ganaremos nosotros porque la democracia está de nuestro lado”. Formemos Govern de una vez para dirigir esa y otras batallas y ganarlas. Para los soberanistas la única victoria es la independencia.

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