1. El pasado sábado, Ot Serra y Mireia Esteve publicaron un reportaje en el diario Ara sobre el protagonismo de los tribunales previsto para el curso político del nuevo año 2021. La represión contra el independentismo sigue siendo el foco preferido de los tribunales, teniendo en cuenta el gran número de causas abiertas con la intención de acabar por la vía judicial con la década soberanista que ha amenazado la sacrosanta unidad de España. Esta ha sido una década, primero de indiferencia, pero después de miedo, que ha sacudido el establishment del régimen del 78. En un artículo más bien nostálgico sobre el comunismo y lo que había representado la URSS hasta 1989, “Goodbye To All That” [Adiós a todo aquello], el ya desaparecido historiador británico Eric J. Hobsbawm señalaba que el miedo al comunismo [un ideal que él exaltaba], y por extensión al bloque soviético, se convirtió en el motor del desarrollo capitalista de posguerra. Por encima de la defensa acrítica y estrafalaria de la URSS como país socialista, el historiador marxista acertaba cuando otorgaba al miedo el poder de condicionar la acción política del bloque occidental durante la Guerra Fría. La historia contemporánea de España ha sido un compendio de guerras civiles y coloniales, pronunciamientos y dictaduras, encarcelamientos y exilios que solo se explican por el miedo a la democracia de los grupos dirigentes. La represión actual de los independentistas catalanes ha sepultado una Catalunya que no volverá a ser “un país normal” mientras perdure la persecución.

Esta ha sido una década, primero de indiferencia, pero después de miedo, que ha sacudido el establishment del régimen del 78. 

2. El reportaje de los periodistas detalla los juicios que se celebrarán este año y distingue entre los derivados del proceso soberanista y los que están vinculados a la corrupción, que es el legado que deja el régimen del 78. El año 2021 será el turno para volver a juzgar el PP, así como a la familia Pujol y a CDC por el 3%, que impactará en la cara del PDeCAT, el partido heredero. La corrupción bajo el régimen constitucional monárquico actual empezó mucho antes y ha afectado a prácticamente todos los partidos del sistema. La justicia también decidirá este año si investiga a Juan Carlos I, rey de España durante cuatro décadas, que ha seguido las prácticas fraudulentas de su abuelo, Alfonso XIII, un reconocido “hombre de negocios” cuando el cargo le habría debido impedir el enriquecimiento ilícito que finalmente lo derribó. El coste estimado de la corrupción durante todos los años dominados por un constitucionalismo dogmático es de 124.124.090.826 de euros, o lo que es lo mismo: 40.000 millones de euros anuales. ¡Una barbaridad! Los partidos del régimen del 78, incluyendo a los partidos nacionalistas del País Vasco, Cataluña, las Canarias o las Baleares, han sorteado permanentemente las normas de transparencia que de una manera farisea aprobaban los mismos implicados en los grandes escándalos de corrupción. PSOE y PP han sido los grandes protagonistas de una corrupción sistémica que se echan en cara mutuamente. La corrupción está grabada a fuego en la marca España.

3. La judicialización de la política tendría sentido si se tratara de acabar de verdad con la corrupción. Entonces el protagonismo de los tribunales sería celebrado por la mayoría de la gente, dado que durante años la corrupción ha sido la segunda preocupación ciudadana detectada por las encuestas. Ahora mismo el plato fuerte son los casos relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo, a quien los tribunales juzgarán este año, con el miedo de que por fin tire de la manta. También deben decidir si investigan al rey emérito, pero ya les anuncio que el antiguo monarca no será juzgado, porque comportaría el fin de la monarquía. Los casi 200 casos de corrupción descubiertos en España desde 1978 no han derribado al régimen, pero sí que han alimentado el populismo de partidos de derecha y de extrema derecha. En cambio, el independentismo catalán se tornó en la punta de lanza de una enmienda a la totalidad al régimen. No me refiero tanto a las cúpulas de los partidos (en el caso de CiU el Estado le mostró hasta qué punto podía hacerle daño aireando la corrupción compartida), como la revuelta soberanista iniciada en 2010 por la gente de la calle. La década soberanista ha sido una purga que ha provocado la destrucción de la coalición hegemónica construida por Jordi Pujol, y ha abocado a la irrelevancia autonómica un PSC que cada vez es más PSOE.

4. La corrupción ha manchado a los convergentes, pero también a los socialistas, como ha quedado claro últimamente. El exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, irá a juicio este año por el caso Inipro, de presunta corrupción en el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMMS) a favor del PSC, y la actual alcaldesa de l'Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, se ha visto implicada, aunque solo sea por omisión, en la trama de corrupción del Consejo Deportivo de la capital del Baix Llobregat. El pacto entre Junts per Catalunya y PSC en la Diputación de Barcelona se forjó por la presión del PDeCAT, al que la JEC le acaba de regalar los derechos electorales de toda la marca, diferenciando entre el actual partido de Puigdemont y la coalición que llevaba el mismo nombre el 21-D y en las elecciones municipales. Aquel pacto entre un partido del 155 y el puigdemontismo tenía muy poco sentido, más allá de las justificaciones relacionadas con la tarea de apoyo a los ayuntamientos de la institución provincial, pero ahora tiene aún menos, en especial después de la separación de los neoconvergentes, y se ha convertido en una soga en el cuello —dado que no tiene alternativa, como ya he explicado en un post de mi blog—, que ERC ha aprovechado para desgastar a su rival independentista en las elecciones del 14-F, sin dañar para nada al PSC, posible futuro aliado de los republicanos. Si PSOE Y ERC ya son aliados en Madrid a pesar de la represión, ¿por qué no pueden serlo en Barcelona?

 PSOE y PP han sido los grandes protagonistas de una corrupción sistémica que se echan en cara mutuamente. La corrupción está grabada a fuego en la marca España.

5. El miedo del Estado ante la fortaleza del independentismo, análoga a aquel miedo que según Hobsbawm fortaleció el capitalismo de los años de la Guerra Fría, se traduce en la utilización de la técnica del palo y la zanahoria. Es la vieja técnica que desde siempre se ha usado con animales domésticos para dominarlos. El palo son los constantes ataques judiciales contra el independentismo que detalla el reportaje y que me ha servido para escribir este comentario. Una ofensiva judicial que busca contener el proceso soberanista, con la complicidad de los grandes grupos mediáticos, los cuales, además, para rematar el trabajo apuestan descaradamente por el candidato socialista. Lanzan fake news incluso en forma de encuestas. La zanahoria es la promesa de diálogo, no para acordar la celebración de un referéndum, sino, como mucho, para obtener un indulto de los presos políticos, excluyendo a los exiliados. Puesto que, como se ha podido constatar en el caso del exconsejero Lluís Puig, el Estado lo tendrá difícil para extraditar a Carles Puigdemont, la intención es mantenerlo en el exilio para debilitar su resistencia en favor de dirigentes independentistas que se muestren más dóciles. El miedo a perder es mala cosa para todo el mundo, como acabamos de constatar en los EE. UU.

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