Privilegios y corruptelas

1. Más sobre las licencias en el Parlamento. Quizás deberíamos haber dado la razón a Ernest Benach cuando declaró que las millonarias licencias por edad de los trabajadores del Parlament respondían a la lógica de otra época. Hurgando un poco, te das cuenta de que nada ha cambiado. A raíz de mi anterior artículo, un amable lector me mandó una información publicada en La Vanguardia el domingo 4 de octubre de 2009. El titular de la noticia, incluida en la sección de economía y firmada por Eduardo Magallón, era: “El Parlament prejubila con el 100 %. Los empleados pueden dejar de trabajar a los 60 años con el sueldo íntegro”. Trece años atrás el diario de los Godó nos avanzaba lo que la semana pasada publicó el diario Ara después de las pesquisas de la joven periodista Núria Orriols. La sección de política de La Vanguardia abría, en cambio, con dos noticias muy distintas. La creación de Reagrupament, el partido independentista escindido de Esquerra y dirigido por Joan Carretero, y con una frase lapidaria pronunciada por José Montilla, en alusión al caso Millet, que acababa de ser descubierto: “La política no está para servirse de la cultura”. O sea, que el revuelo actual provocado por las licencias por edad es ficticio. Ya se tenía conocimiento de ello y entonces nadie se escandalizó, ni en CCOO, que según la noticia parece que lo justificaban. El problema del Parlament no es que sus trabajadores puedan prejubilarse a los sesenta años, como otros colectivos, sino que lo hagan con un sueldo íntegro que es escandaloso y desproporcionado. Los privilegios y las corruptelas siempre van cogidos de la mano.

El revuelo actual provocado por las licencias por edad es ficticio. Ya se tenía conocimiento de ello y entonces nadie se escandalizó, ni en CCOO, que según la noticia parece que lo justificaban

2. Ada Colau y los códigos éticos. Todas las administraciones disponen de un código ético que define los valores que tienen que guiar la actuación de los servidores públicos. El Parlament tiene un código de conducta aplicable a los diputados, pero no a los trabajadores, que se supone que deben acatar el código ético de la Generalitat de Cataluña, que fue elaborado por un comité de expertos presidido por el profesor Àngel Castiñeira. El Ayuntamiento de Barcelona también tiene su código ético, aprobado por el Plenario del Consejo Municipal, en sesión del día 30 de junio de 2017. La alcaldesa era Ada Colau. El código municipal no dice nada sobre cómo actuar en el supuesto de que un cargo electo sea investigado. Por el contrario, sí que dispone que el “Código se tiene que revisar y actualizar cada dos años siguiendo el procedimiento administrativo previsto para su aprobación”. Diría que en estos cinco últimos años no se ha cumplido el requisito, lo que ya demuestra qué consideración les merece a los políticos un texto larguísimo. Barcelona en Comú, la candidatura de Ada Colau, sí que tiene un código ético que prevé la dimisión inmediata de un cargo electo que sea investigado. Pero para los comunes los códigos éticos son papeleo administrativo que no se aplica si los afectados son piezas de caza mayor. La concejal Gala Pin incumplió el código ético municipal al incorporarse a trabajar en la Fundación Goteo, una ONG que previamente fue subvencionada con 300.000 euros por el consistorio. Janet Sanz, la concejal encargada del urbanismo táctico, está siendo investigada desde hace un año por los presuntos delitos de “prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia”. Las querellas son siempre penales y Sanz sigue en su cargo. Ahora, un juez ha citado como investigada a Ada Colau. Tampoco piensa dimitir. En este país el verbo dimitir solo se pronuncia para reclamar la dimisión del adversario.

3. Los bomberos incendiarios. Después del culebrón dedicado al relevo de la cúpula de los Mossos con el Mayor Trapero al frente, se estrena ahora el escándalo de los bomberos. Se trata de unas posibles facturas duplicadas, a lo que se añade los indicios de comisiones de un 2 % en los contratos de mantenimiento de los camiones de los Bombers de la Generalitat. La jueza ha citado a declarar el próximo viernes al antiguo director general de Prevención y Extinción de Incendios, Manel Pardo, y a su sucesor, Joan Delort, uno de esos altos cargos de la Generalitat que se sostienen contra viento y marea, mande quién mande. El consejero Joan Ignasi Elena destituyó a personas eficientes cuando asumió el cargo del departamento de Interior por su significación política, y, en cambio, promocionó a personajes como este, que ya se verá cómo acaba. El caso ha salido a la luz porque el consejero anterior, Miquel Sàmper, de Junts, encargó una información reservada a la secretaria general del departamento, Elisabet Abad, y después de leer el informe, lo mandó a la fiscalía. Lo aclaro porque las medallas tienen propietario. Y estaría feo que volviéramos a caer en la tentación de endosarle a quien no toca —por ejemplo, a la actual presidenta del Parlamento, Laura Borràs— haber pactado los privilegios de los trabajadores de la cámara catalana en vez de reconocer que fue ella quien, desde la misma toma de posesión, empezó a negociar su supresión. Lo que no entiendo, francamente, es por qué no los suprimió de golpe, como tampoco entiendo por qué Sàmper no destituyó a Delort al instante.