¡España nos roba! Eso lo saben todos los catalanes que no viven narcotizados por Tele 5 o Antena 3. España nos empobrece, por lo tanto. Ahora, además, también sabemos que el gobierno del PP quiere imponernos un modelo social reaccionario. Y es que la semana pasada, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Estado contra la ley catalana que garantiza el acceso sanitario universal. El alto tribunal español suspende la vigencia y la aplicación de los artículos impugnados de la normativa, a la espera de que se dicte la sentencia definitiva. ¿De qué sirve tener un parlamento autonómico si el Tribunal Constitucional, a instancias del Estado o de los partidos unionistas, impugna día tras día las leyes catalanas? La autonomía es una trampa. Es una ratonera que ahoga la democracia. Especialmente en España, donde el “Gobierno” de los jueces se permite el lujo de vetar candidatos a la presidencia de la Generalitat, interviene en política mediante resoluciones judiciales y destruye el poder legislativo catalán a golpe de impugnaciones y de la suspensión de leyes y normas.

Esta ley, que pretende garantizar el acceso sanitario universal, fue aprobada por el Parlament de Catalunya en pleno proceso de autodeterminación —lo que desmiente a quienes critican la pasividad legislativa del soberanismo—, y establece que todas las personas residentes en Catalunya tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos mediante el Servei Català de la Salut (CatSalut) y que la forma de acreditarlo es el empadronamiento. Diría que es una ley ética. Socialmente necesaria. Nuestro tiempo ya no es ese cuando predominaba la caridad que ofrecía la Iglesia. Nuestra sociedad se fundamenta en unos principios de solidaridad y fraternidad que proporcionan derechos y deberes a las personas, incluso si no son ciudadanos del país o viven en él de forma irregular. Pero el Tribunal Constitucional español, que da la impresión de ser uno de los más activos del mundo, lo que demuestra que vivimos en un Estado en permanente anomalía, no lo cree así. A finales del 2017 ya declaró inconstitucional el decreto ley de la Generalitat Valenciana que regulaba que incluso los inmigrantes irregulares pudieran tener acceso a la atención sanitaria.

La autonomía es una trampa. Es una ratonera que ahoga la democracia

Entonces, el Tribunal Constitucional argumentó que la normativa básica estatal impedía que las normas autonómicas pudieran configurar un sistema de acceso a las prestaciones sanitarias que no atendiera los conceptos de asegurado o de beneficiario establecidas en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Siempre ocurre lo mismo. El Estado está organizado autonómicamente y el Ministerio de Sanidad es una gran caparazón casi vacío, pero es el Estado el que pretende imponer las normas. Esto es el colmo. El Estado de las Autonomías es una filfa, un decorado, que está muy lejos de la estructura federal que impera en los EE.UU., por poner un ejemplo. El día de la aprobación de la ley catalana de acceso a la sanidad, el entonces conseller de Salut, Antoni Comín, destacó que la ley “restaura la universalidad perdida”, en alusión al decreto que aprobó en 2012 el gobierno español que dejaba sin cobertura gratuita a los inmigrantes en situación irregular. La ley establecía que para acreditar la residencia en Catalunya y tener acceso a la sanidad pública bastaba con el empadronamiento. En 2012, el gobierno español estableció que era necesario ser beneficiario del sistema nacional de salud del Estado para poder acceder a él, con lo que se dejaba fuera a los inmigrantes en situación irregular. El Govern catalán emitió una instrucción como respuesta a la norma estatal que garantizaba el acceso en casi todos los supuestos pero que establecía una carencia de tres meses de empadronamiento.

Hoy Comín está en el exilio mientras que Rajoy, ese M. Rajoy de las libretas de Bárcenas, sigue al frente del Ejecutivo español y del partido con más casos de corrupción de Europa. El PP es un partido de corruptos y cleptómanos, presuntamente, que se aferran al Estado como los yonquis a la heroína. El PP se ha beneficiado del control del Estado y ha ido desfigurando un sistema autonómico que, salvo en el País Vasco, Navarra y las Islas Canarias, siempre ha sido débil. Las leyes de bases han permitido al Estado recuperar competencias que UCD, PSOE y PP cedieron a las autonomía mediante negociaciones bilaterales. Y no obstante, el Tribunal Constitucional dejó claro desde un buen comienzo (sentencia 4/1981, de 2 de febrero), que autonomía no significaba soberanía y que se tenía que asumir la versión jacobina del principio de igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos en todo el territorio del Estado.

¿De qué sirve el Parlament de Catalunya si no puede legislar según los criterios de la mayoría?

¿De qué sirve el Parlament de Catalunya si no puede legislar según los criterios de la mayoría? En Catalunya ahora manda un partido insignificante, dirigido por un personaje inculto y xenófobo, simplemente porque en el Congreso de los Diputados el PP tiene mayoría relativa. La soberanía de Catalunya no cabe ni en el Estatut ni en la Constitución. Desde que en 2012 el Govern catalán emprendió el camino soberanista, parece que Mariano Rajoy decidió denunciar cualquier cosa, desde la declaración de ruptura con España hasta las leyes de pobreza energética y de horarios comerciales, de acceso universal a la sanidad, etc. No ha habido semana sin recurso o sin una sentencia del Tribunal Constitucional contra alguna de las leyes aprobadas por el Parlament. El veto del gobierno del PP, con el silencio cómplice del PSOE, y la adhesión entusiasta de Cs, la extrema derecha nacionalista que lo quemaría todo, ha sido permanente. Cuando en abril del 2016 el alto tribunal español tumbó la ley que prohibía el fracking en la exploración y la explotación de los yacimientos de hidrocarburos, Joan Coscubiela, aquel personaje tan beligerante contra el soberanismo que en el Parlament era aplaudido por la derecha y la extrema derecha unionista, reconoció que “el Tribunal Constitucional ha vuelto a demostrar hasta qué punto hay un proceso de marcha atrás reaccionario en cuanto al modelo de Estado, [puesto que] detrás de esta sentencia hay una cosa que no se puede olvidar: la recentralización de las competencias del Estado en detrimento de las que tienen las comunidades autónomas”. Ciertamente.

España nos roba y nos empobrece. Mañana es Primero de Mayo, fiesta reivindicativa por excelencia de los derechos sociales, y hoy es ya es urgente que Catalunya se independice de esta España decadente y socialmente injusta. “...prou passes endarrere, amunt la revifalla!, tornem al primer dia de revolució” —dicen unos versos del poema que Joan Brossa dedicó a la jornada de los trabajadores. Empieza la Primavera republicana. La independencia es una oportunidad para constituir una República que siga apostando por los derechos sociales y para restituir la democracia que el gobierno, la policía y los jueces españoles están convertido en un prisión inmensa. Ya lo decía Jean Jacques Rousseau, el filósofo ilustrado, “se puede adquirir la libertad, pero cuando se ha perdido no se vuelve a recuperar”. Defendamos la libertad, pues, y construyamos la República y a la vez formemos Govern. Recuperemos las instituciones y avancemos hacia la ruptura con España.